Pedirán auditoría forense a las elecciones de 2020, creación de un nuevo padrón electoral, reposición de los 2/3 en la Asamblea Legislativa y la abrogación de normas «anticonstitucionales».
Tras una reunión en Potosí, el movimiento cívico decidió reiniciar movilizaciones a partir del 15 de enero del 2022 y acordaron convocar a un “gran cabildo nacional” exigiendo auditoría forense a las elecciones de 2020, creación de un nuevo padrón electoral, reposición de los 2/3 en la Asamblea Legislativa y la abrogación de todas las normas inconstitucionales.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, explicó que en la reunión también se evaluó la persecución política contra los líderes cívicos por parte del Gobierno y manifestó que están en estado de emergencia.
«Se ha determinado que se va a convocar a un gran cabildo nacional para el 15 de enero del 2022, previo cumplimiento de sus estatutos. El objetivo de esta movilización será exigir al gobierno la auditoría al padrón electoral, reposición de los dos tercios en la Asamblea Legislativa”, manifestó.
Los representantes cívicos del país sostuvieron una reunión este jueves en la Villa imperial, donde analizaron las acciones que asumirán de aquí en adelante, con demandas pendientes ante el Gobierno y varios pedidos, considerando la actual coyuntura.
En ese contexto, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, lamentó que el Gobierno insista con la promulgación de leyes “anticonstitucionales que no respetan el estado de derecho, la libertad de expresión y el patrimonio de todos los bolivianos.
Conclusiones
Una de las conclusiones señaladas en el documento señala que los cívicos ratifican la unidad del pueblo boliviano en torno a los comités cívicos de toda Bolivia, organizaciones sociales y todo el pueblo en general.
Entre otras medidas “se exige la restitución de los dos tercios en todos los artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para mayor debate de manera democrática. Se exige a los asambleístas enviar en consulta constitucional con medidas cautelares todos los proyectos de ley antes de su tratamiento en comisión”.
También se exige una auditoría al padrón electoral con la participación de veedores internacionales idóneos, control social y civil porque éste fue alterado e incrementado con la carnetización implementada en los primeros años de gestión de Evo Morales y que hoy hace que éste sea un padrón no confiable que no garantiza las elecciones democráticas.
Además se declararon en estado de emergencia ante la persecución política a los líderes cívicos por parte del Gobierno, advirtieron con movilizarse si estas acciones continúan.
Fuente: El País