Rómulo Calvo enfrenta procesos en la vía judicial por parte de parlamentarios del partido azul. Uno de ellos pidió este miércoles que también sea despedido como médico de la Caja Petrolera. Otra que se active una alerta migratoria.
Después de que parlamentarios oficialistas iniciaran procesos legales en la vía penal en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa, Rómulo Calvo, que fue la figura visible en los nueve días de paro multisectorial, ahora también piden que sea destituido de su fuente laboral.
La determinación de suspender el paro no solo complicó a Calvo por generar el descontento de grupos activistas, que pidieron su renuncia al cargo en el Comité y que calificaron la decisión como “traición a Santa Cruz”, sino que ahora deberá disponer un equipo de abogados para que lo defiendan ante los procesos en su contra.
En esta jornada, el fiscal departamental, Roger Mariaca, admitió que la semana pasada se aceptó una denuncia en contra del cívico interpuesta por la diputada Estefanía Morales (MAS), quien lo acusa de los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y por atribuirse los derechos del pueblo.
Por su parte, Rolando Cuéllar, también diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, este miércoles anunció que envió una solicitud al ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, para que destituya a Calvo de la Caja Petrolera de Salud donde se desempeña como médico especialista.
“Hacemos llegar la presente carta de requerimiento de destitución del cargo del señor Rómulo Calvo, que trabaja en la Caja Petrolera de Salud. Los motivos son por abandono de trabajo y cometer los delitos de daños económicos al Estado y enriquecimiento ilícito. Un monto de 145.000 bolivianos cobró sin trabajar”, afirmó Cuéllar en conferencia de prensa.
El diputado espera que, en un plazo de 48 horas, Auza emita una resolución de destitución de Calvo de la Caja Petrolera. También pretende que sea procesado de manera administrativa y por la vía penal.
En la misma línea de sus colegas, Daniel Rojas, del MAS, anunció que solicitará una alerta migratoria para que el cívico cruceño no salga del país y responda a los procesos interpuestos en su contra.
“Vamos a pedir al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público que lance una alerta migratoria contra Rómulo Calvo, no vayamos a esperar que ya esté en Brasil o que esté en Estados Unidos. Este caballero debe responder ante la justicia boliviana por muchos delitos que ha cometido en el departamento de Santa Cruz”, manifestó de acuerdo a una publicación de la agencia estatal ABI.
Sobre el tema, Jorge Valda, abogado del líder cívico, manifestó a EL DEBER que se trata de una “venganza por la derrota que tuvo el Gobierno”, en referencia a la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Agregó que la demanda de la diputada Morales tiene como base el haberse adherido a las exigencias del sector gremial y del transporte, que no puede ser catalogado como hecho delictivo.
En cuanto a los argumentos de Cuéllar, que pidió el alejamiento de Calvo como funcionario de la Caja Petrolera, supuestamente por no trabajar, afirmó que se trata de una desacreditación a la profesionalidad del médico.
“Es una incongruencia de quien dice defender los derechos de los trabajadores, ahora quieren que lo boten. El doctor Calvo ha sido reelecto como ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Caja Petrolera y tiene fuero sindical”, indicó.
Finalmente, Valda manifestó que para activar un proceso de alerta migratoria lo debe solicitar la justicia después de un proceso y no el Ministerio de Gobierno; sin embargo, afirmó que enfrentarán las acciones judiciales en contra del líder cívico cruceño.
Fuente: El Deber
Esmir Cortez Becerra