FAM-Bolivia confirma que el Plan de Desarrollo Económico y Social no afecta a las autonomías subnacionales

“En el caso particular nuestro, los municipios de Bolivia no vemos una afectación a nuestra autonomía, porque el marco jurídico con el que se está haciendo es exactamente el mismo con el que se hizo en 2016”, informó en una entrevista en Radio Patria Nueva.

 

Fuente: ABI



 

El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Rodrigo Puerta, afirmó este martes que el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025 no afecta las autonomías subnacionales, porque su marco jurídico es el mismo que se empleó en una estrategia similar aprobada hace cinco años.

“En el caso particular nuestro, los municipios de Bolivia no vemos una afectación a nuestra autonomía, porque el marco jurídico con el que se está haciendo es exactamente el mismo con el que se hizo en 2016”, informó en una entrevista en Radio Patria Nueva.

Según Puerta, la continuidad del instrumento legal de respaldo hace que las versiones sobre que el PDES 2021 – 2025 sea inconstitucional, o una invasión competencial para el caso autonómico, no tengan respaldo.

Más bien, dijo, la FAM – Bolivia saludó la aprobación de la estrategia y recordó que a los gobiernos municipales les toca trabajar en la elaboración de sus planes locales de desarrollo económico y social.

“Y al Gobierno nacional le toca también establecer los mecanismos de coordinación, de asistencia técnica y fortalecimiento necesario, para que los gobiernos subnacionales puedan tener sus planes. Hay municipios muy pequeñitos que les es difícil elaborar un plan, para eso está también la FAM, para apoyarles. Entonces se abre un nuevo proceso, un nuevo ciclo, donde se requiere mucha colaboración”, sostuvo.

El director ejecutivo de la FAM-Bolivia recordó que con el PDES aprobado hace cinco años se consiguió que los gobiernos subnacionales aprueben 350 leyes “sin ningún problema de constitucionalidad o del marco normativo”, entre ellas una aprobada por el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para la aplicación de su plan departamental de desarrollo económico y social.