Tierras: ¿dotación estatal o libre mercado?

¿Los gobiernos son buenos asignadores de tierras o es conveniente que el tema quede sujeto a un mecanismo impersonal como el mercado? ¿Sería una vía para dar mayor certidumbre y seguridad jurídica a los productores?

Recurrentemente, el problema de los avasallamientos de tierras suele poner en entredicho la institucionalidad y transparencia en el funcionamiento en el INRA, así como los problemas conexos de clientelismo político.



Quisimos ir más allá de lo coyuntural y analizar las razones de fondo para estas ineficiencias, que podrían estar en el mismo sistema de dotación estatal y tener como alternativa estructural la posibilidad de un mercado libre de tierras.

Para conversar sobre estos temas, eju.tv habló con Silvia Aleman Menduinna, analista del comportamiento económico formada en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, investigadora con enfoque en la escuela austríaca de economía y que ha estudiado la realidad rural boliviana por más de 20 años.

“Los gobiernos no pueden tener la información para asignar recursos”

“El tema de la tierra es un asunto eminentemente económico, antes que un tema político. Si bien el Estado y sus representantes, los gobiernos, pueden otorgar tierras y de hecho lo hacen, su accionar es ineficiente. ¿Por qué? Porque no conocen la información que se necesita para otorgar un bien, en este caso tierras. Y no es una información cualquiera, no se trata de datos estadísticos. Se trata de información subjetiva que habita en la mente de los miles de individuos que tienen información y conocimiento específico, mediante la cual intercambian y cooperan entre sí. Esta información tan específica no la tienen los operadores públicos y tampoco la podrían tener”, señaló.

Aleman dijo que, aún así, los tomadores de decisiones públicas asignan los recursos y dotan del recurso tierras “a través de información estática, numérica y con decisiones contables. Por ejemplo, tantos miles de hectáreas de tierras por aquí, tantos otros miles de hectáreas por allí. Vinculado además a datos demográficos y otras consideraciones, siempre en el orden cuantitativo. Esta es su forma de asignar los recursos. Si no es así, entonces toman las decisiones meramente por asuntos políticos, por presiones o compromisos. En general, los gobernantes de los Estados en América Latina, con excepciones, no toman decisiones con indicadores de mercado. Así, la política de dotación de tierras desde el Estado no sólo es ineficaz, es esencialmente una larga tradición de retraso y empobrecimiento para los ciudadanos”.

El mecanismo de los precios

La economista explicó que esa información subjetiva que no tienen los analistas de los gobiernos para hacer una buena dotación de tierras es la información de mercado: “Es decir, precios. Sólo los ciudadanos de los extensos territorios conocen la cantidad de tierras que necesitan y el uso que les otorgarán. Un agricultor, un empresario, podría necesitar (según el tipo de tierras) criar ganado o peces, cultivar productos agrícolas, desarrollar una zona agroforestal, vender sus tierras por partes, alquilar tierras, comprar o vender tierras de descanso, de rotación de cultivos orgánicos o contratar empleados agrícolas”.

“Sumemos a miles y miles como el caso de este agricultor-empresario. ¿Podrían recabar los funcionarios de los gobiernos este tipo de información? No. Pasarían sus vidas recogiendo esa información, la misma que además está provista de cambios, dado que las expectativas, suposiciones e intereses cambian en un día o en una hora y estos orientan y definen el comportamiento económico. Estas son las valoraciones subjetivas de un empresario-agricultor o de un agente económico cualquiera. ¿Se pueden medir, calcular y planificar? No. Es humanamente imposible. ¿Quién entonces podría asumir la asignación de recursos? El mercado”, remarcó.

Aleman especificó que el mercado de tierras “se compone del propietario, el empresario, el agricultor, el inversionista público o privado. Solo ellos saben cuánto de tierra necesitan comprar o vender. Lo mismo los inversionistas. Sólo ellos saben qué tierra comprar, donde, para qué y de cuánto disponen. De esas transacciones e intercambios libres y voluntarios emerge el precio final”.

Setenta años de reformas agrarias

Sobre la concepción colectivista de la tierra subyacente en el ordenamiento jurídico boliviano, la analista dijo que en la mente de los ciudadanos “todos somos los dueños” del recurso tierra y otros. “Pero, ¿es cierto esto? Porque no todos accedemos al recurso. ¿Quienes acceden? Por lo general, los demandantes organizados en gremios. El que todos los bolivianos somos los dueños de los recursos no pasa de ser un eufemismo”, cuestionó.

En relación al rol del INRA, recordó que “siempre hubo mecanismos, programas y proyectos en las entidades públicas asignadoras de tierras. El problema sigue siendo la concepción y la comprensión que tienen los distintos gobiernos. ¿Cuál es la concepción? Que hay grandes latifundios improductivos a los cuales cualquiera pueda acceder y por lo tanto hay que repartir. Desde ahí vienen los problemas, porque cada gobierno que asume estas tareas interpreta de distintas maneras, modifica reglamentos, normas y otorga las tierras fiscales según su propia interpretación o interés. No es casual entonces la generación de corrupción. Se enfrentan fuegos cruzados, avasallamientos de tierras, grandes escaramuzas, presión de intereses de distintos grupos y regiones. Así, un tema sensible y de sobrevivencia para la gente se complica cada vez más”.

Aleman subrayó que hace más de 70 años se vienen “discutiendo, intentando, transformando, reeditando capítulos, partes y concepciones reformistas agrarias en Bolivia. ¿Esto es justo para los habitantes del mundo rural?”.

La alternativa: un sistema de mercado

“¿Cuál sería la solución? Pensar y compatibilizar el mecanismo impersonal del mercado y un sistema de administración de justicia probo, que proteja los derechos propietarios y los intereses de los agentes económicos en caso de litigio”, propuso.

Aleman reiteró que lo que quedaría es promover “un sistema de economía de mercado. Tanta diversidad sólo puede ser incluida en ese sistema. Por eso se dice que el mercado es lo más incluyente que existe. ¿Qué desea un productor? Vender, crear, generar ingresos, ampliar sus parcelas y tecnología, intercambiar sus productos y ahorrar. Desea certidumbre en cada transacción que realiza, grita seguridad jurídica en sus intercambios. Sueña con información, con innovación tecnológica. Intercambio de arado por máquinas, en fin. Y a pesar de todo y las limitaciones y carencias, continúa trabajando”.

La economista concluyó que tal vez reste una nueva etapa o un modelo con nuevas vertientes, “más libre y menos sujeto al estatismo y sus viejas concepciones y prácticas. De propietarios como tales, que tengan la libertad económica de cambiar y adecuar sus estructuras propietarias de la tierra, abiertas al libre intercambio de bienes. La tarea más difícil es desterrar los mitos instalados en las mentes de los bolivianos”.

Edición y entrevista: Emilio Martínez

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