De bancos a viajes, el carnet de vacuna es requisito para todo

Los que no reciban las dosis deben presentar una prueba PCR negativo con antelación de 48 horas. El Colegio Médico de Bolivia dice que los más afectados son los del área rural.

Verónica Zapana / La Paz

A partir del 1 de enero, para dar algún servicio o permitir el ingreso, los bancos, supermercados, mercados, entidades públicas y privadas, universidades e iglesias, entre otros espacios donde se concentran personas, deben pedir el carnet de vacunación. Los que decidan no recibir las dosis deben presentar una prueba PCR negativo con 48 horas de antelación. Según los médicos, esta medida afectará al área rural.



El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que luego de reuniones con transportistas, organizaciones sociales, el Consejo Nacional de Autonomías, alcaldes y directores de los Servicios Departamentales de Salud, el Gobierno decidió tomar iniciativas para mejorar los índices de vacunación y emitió el Decreto Supremo 4640, norma que modifica el Decreto 4451 e incorpora otras disposiciones.

Una de las disposiciones indica que “las instituciones públicas, privadas, financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración deberán solicitar a la persona el carnet de vacunación con esquema completo”, dijo Auza.

Según el ministro, esta medida establece que, para ingresar a alguno de esos espacios, las personas deberán presentar el carnet de vacunación con primera y segunda dosis de Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca y Pfizer o la unidosis de J&J.

Auza explicó que el carnet de primera dosis será aceptado para las personas que se vacunaron después de la presentación del decreto. “Esa primera dosis valdrá, pero después se esperará hasta que se cumpla el intervalo de la aplicación de la segunda dosis”, indicó.

La disposición primera del decreto 4640 establece que la exigencia del carnet de vacunación entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022.

Esta medida se asumió porque en los últimos dos meses la inmunización se quedó en “un estancamiento” pese a la socialización de la inoculación, el despliegue de brigadas de vacunación y las visitas casa por casa. Se toman iniciativas para mejorar el índice de vacunación.

Según el reporte del Ministerio de Salud, hasta el miércoles, 3.511.092 personas recibieron el esquema completo y 983.511 se inocularon con la unidosis. Auza explicó que la norma esclara y respeta la decisión de las personas que no quieren inmunizarse, pero aclaró que deben “deberán presentar la prueba PCR en tiempo real negativa con una antelación de 48 horas”.

Las empresas de transporte aéreo, terrestre y pluvial deberán solicitar el certificado de vacunación o la prueba PCR negativa a sus pasajeros.

“Entendemos que no quieran vacunarse, pero el derecho individual de esas personas no puede estar por encima de los que se vacunaron y están generando un nivel de protección en la comunidad”, indicó Auza.

Dijo que durante los últimos siete días, las autoridades municipales, los dueños de restaurantes y de otros establecimientos deben establecer las normas locales para que existan sanciones para los que incumplen la disposición.“Nosotros estamos dando el marco normativo, a quien corresponde sancionar es a la Alcaldía”, sostuvo.

La Alcaldía de La Paz fue la primera en tomar medidas e informó ayer que los locales, hoteles, salones y discotecas que organicen fiestas por Año Nuevo y no tengan personal vacunado contra la Covid-19 ni controlen el certificado en asistentes serán suspendidos hasta por 10 días. La Guardia Municipal realizará los controles el 31 de diciembre y al día siguiente.

“Las personas que quieran organizar fiestas de fin de año tienen que tener a todo el personal vacunado o la excepción de la prueba PCR con 48 horas de anticipación. Si no cumplen estas medidas, como salones, hoteles y otras actividades como discotecas, van a ser sancionados”, dijo el secretario municipal de Desarrollo Económico, Marco Agramont,

Debido a que la vacunación de niños de cinco a 15 años se inició el 5 de diciembre, la exigencia del carnet iniciará el 1 de febrero de 2022, según la norma.

Auza aseguró que se emitió otro decreto, el 4641, que indica que el carnet se convierte en un documento oficial.

Según la norma, se puede presentar el carnet de forma digital o físico. Se puede mostrar de forma digital desde el portal Unidos Contra el Covid o Ciudadanía Digital de la Agetic. “Este carnet cumple requisitos de carácter internacional”, dijo.

“Sabemos que se constituirá en un requisito en la región y el mundo, por eso, el país debe cumplir estándares internacionales. Tendrá –además– como base el RNV y garantizará la fiabilidad de sus datos”.

El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, criticó la norma. “Es un decreto de desesperación e improvisación porque saben que no cumplieron la meta de vacunación. Tienen 20 millones de vacunas y sólo nueve millones usadas”. Dijo que, con esta decisión, la gente humilde será la más afectada. “En el área rural no recibieron la vacuna y será a ellos a quienes se les pedirá la prueba. Esta norma viola la Constitución Política del Estado”, dijo.

El exgerente general de la Caja Nacional de Salud Juan Carlos Meneses explicó que con esta disposición lo que se busca es “obligar a las personas a vacunarse, violando los derechos”. “Hacen eso para justificar la ineficiencia en la vacunación”.

 

Los que no se vacunen deberán pagar por PCR
Las personas que opten por no recibir la vacuna deberán pagar por una prueba PCR en un establecimiento privado, informó ayer el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.

“El que no se quiera vacunar debe hacerse las pruebas de PCR en privado”, indicó a Página Siete el viceministro Terrazas.

De acuerdo con información de diferentes laboratorios, esta prueba cuesta entre 300 y 500 bolivianos. Los resultados –por el momento– son entregados en 24 horas, según los especialistas.

Terrazas explicó que “la decisión de la gente que no quiere ser vacunada no será subvencionada por el Estado”.

El viceministro explicó que cada una de estas pruebas le cuestan al Estado un promedio de 50 dólares.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, dijo que, si solicita esta prueba, “el Estado debería cubrir el costo de este estudio”.

Las pruebas RT-PCR –que se utilizan en primera línea para la Covid-19 porque detectan directamente la presencia del ARN del virus– se hacen generalmente por hisopado nasofaríngeo.

Las pruebas son rápidas, sensibles y confiables, además de capaces de producir resultados en tres a cuatro horas, aunque esto generalmente toma más tiempo si las muestras deben enviarse primero a laboratorios externos especializados (seis a ocho horas en promedio), según los especialistas.