El documento aborda básicamente los hechos que se produjeron en la crisis de octubre y noviembre de 2019.
La abierta dependencia judicial del poder político, la falta de institucionalidad en el Defensor del Pueblo y los ataques a periodistas, constituyen los tres ejes del informe final del Comité de Contra la Tortura de las Naciones Unidas (NNUU) y por los cuales este ente multilateral realizó recomendaciones al Estado boliviano.
El documento que fue publicado hoy toma básicamente todos los hechos que se suscitaron en la crisis política de 2019 y 2020 y recopiló las denuncias que se produjeron. También hace referencia a la violencia de género, la desprotección a migrantes y la violencia que ejercieron militares en ese periodo.
El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es un órgano compuesto por 10 expertos, depende de Naciones Unidas. Se reúne dos veces al año en Ginebra (Suiza); en esta ocasión se reunió entre el 8 de noviembre y 3 de diciembre, y examinaron los casos de Bolivia, Kirguistán, Lituania, Serbia y Suecia, de acuerdo con su página oficial. Con respecto a Bolivia toca la falta de independencia del Poder Judicial cuando señala:
“Falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos. Al respecto, el Comité llama la atención del Estado en el capítulo cuatro, sección A) del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas entre setiembre y diciembre de 2019”, señala el punto 22 del documento.
Respecto de la oficina del Defensor del Pueblo, el ente multilateral llamó la atención al Estado boliviano sobre el interinato que desempeña la actual Defensora, Nadia Cruz. Pide transparentar y garantizar un proceso de selección de la nueva autoridad.
“El Comité considera que la existencia de una jefatura interina de la Defensoría del Pueblo y la falta de transparencia en los procesos de selección y designación de directivos y miembros de esta institución, así como la pérdida del personal del Sepret (Servicio para la Prevención de la Tortura) podrían debilitar su funcionamiento e independencia” señala el texto.
Respecto de los ataques a periodistas, los expertos concluyeron que el decreto 4231 que firmó Jeanine Áñez vulneró la libertad de expresión, también recordó que la Asociación Nacional de Prensa (ANP) denunció 94 ataques contra periodistas y personal de medios, daños intencionales contra sus instalaciones, así como ataques y obstaculización del trabajo de miembros de organizaciones de sociedad civil.
En las recomendaciones, “expresa su preocupación ante los ataques, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como por la ausencia de resultados en la mayoría de las investigaciones abiertas en estos casos”, refiere el informe.
Fuente: El Deber
Marco Antonio Chuquimia