El Centro Carter concluyó que “no se cumplieron los estándares básicos para elecciones democráticas”
El Centro Carter publicó un lapidario informe sobre las elecciones regionales que se realizaron el 21 de noviembre en Venezuela, a las que envió una misión de observadores en la que participó el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero.
Concluyó que en esos comicios “no se cumplieron los estándares básicos para elecciones democráticas” y que el gobierno socavó el Consejo Nacional Electoral y suspendió derechos políticos de los candidatos y de los votantes.
La misión del Centro Carter estableció que “las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas”, según un despacho de Infobae.
El texto agrega que “las elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos”.
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Romero participó en la misión de observadores del Centro Carter, que es una organización no lucrativa fundada en 1982, en Estados Unidos, por el entonces presidente Jimmy Carter. Políticos de oposición en Bolivia criticaron su participación por considerar que con ello avalaba a un gobierno no democrático.
No obstante, el informe de la misión observa el proceso en general y también condena lo que ocurrió en Barinas: “La reciente decisión del TSJ de suspender la totalización de los votos para la gobernación de Barinas y convocar nuevas elecciones para el estado en enero 2022, invocando la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano, desconociendo el Decreto Presidencial del 31 de agosto de 2020, mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos, entre los que se encontraba Superlano, es otro ejemplo de intromisión del TSJ en el desarrollo del proceso electoral”, señala.
