Niegan libertad a Jeanine Áñez; seguirá detenida en Miraflores bajo cargos de terrorismo

La expresidenta transitoria se declaró «presa política» ante el juez y reclamó su libertad
Mauricio Quiroz Terán

La expresidenta Jeanine Áñez seguirá en el penal de Miraflores de La Paz bajo cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”, pues el juez de turno Luis Fernando García del juzgado séptimo de instrucción en lo penal denegó un recurso de cesación de la prisión preventiva.

García señaló, en su decisión, que se mantenían los riesgos procesales que derivaron en el encarcelamiento de la exmandataria, pero la defensa anunció una apelación a esta determinación y solicitó complementaciones.

A través de los abogados de la defensa, la exmandataria solicitó la detención domiciliaria porque los riesgos procesales, como riesgo de fuga y obstaculización en las investigaciones, no fueron fundamentados desde cuando fue detenida hace 10 meses.

Durante la audiencia, Áñez denunció que el Gobierno mintió cuando le dijo al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, que está en Ginebra (Suiza), que no existía un proceso por el delito tramitado en su contra y reclamó que se le conceda la libertad domiciliaria.

“El gobierno, entre el 25 y 26 de noviembre en ocasión de la 197 sesión del Comité contra la Tortura que fue celebrada en Ginebra, actuó sin transparencia”, señaló Áñez en la audiencia de cesación de la detención preventiva que desde marzo cumple en el penal de Miraflores.

La expresidenta transitoria afirmó que el viceministro de Justicia, César Siles, actuó de manera deshonesta ante esta entidad internacional. “Mintió al afirmar que yo, Jeanine Áñez, no me encontraba detenida y presa por delitos de terrorismo y sedición, que este proceso no se encontraba vigente”, afirmó ante el juzgado.

Áñez dijo que el proceso legal planteado en su contra “se desdobló” y que está detenida desde el 13 de marzo por cargos que no han sido probados. “Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad”, señaló.

Antes de la decisión del juez, los representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría y del Ministerio de Gobierno objetaron la solicitud de que Áñez sea liberada porque ya existe otro proceso, bautizado como “golpe de Estado II”.

La expresidenta transitoria fue demandada por la exdiputada Lidia Patty (MAS) por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, siendo esta última figura legal cuestionada por organismos de derechos humanos.

Al término de su reunión anual en Ginebra, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) pidió una reforma urgente de la justicia en Bolivia por la falta de independencia de este poder.

En un informe que fue elaborado por diez expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se hace notar “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.

En ese mismo tono, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la recurrencia con la que el sistema judicial apela a este tipo penal y pidió hacer ajustes.

Ante este este escenario, Siles dijo en Ginebra el pasado 25 de noviembre que Áñez “en ningún caso se encuentra detenida por sedición y terrorismo”.

Fuente: eldeber.com.bo