Varios opinadores realizaron comentarios y análisis erróneos y sesgados de la composición del Presupuesto General del Estado (PGE), desinformando a la población, con un interés más político, carente de sentido y utilizando falsedades para respaldar sus posturas.
Por lo que corresponde aclarar que, la literatura económica señala que el PGE, se constituye en un instrumento de suma importancia en el diseño de política económica, que determina y estima los ingresos y gastos de una economía, compuesto por todas las entidades públicas, para la ejecución de políticas públicas.
Antes del 2006, Bolivia arrastraba un enfoque muy desgastado del diseño y manejo de la política económica que, a su vez, dependía directamente de la decisión de organismos internacionales, con un total desconocimiento y, ajenos a las necesidades básicas de la población boliviana.
Hoy en día, analistas de aquella época, aún recomiendan que la proyección de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de la inflación, entre otros indicadores, provengan idealmente de aquellos organismos, que vertían recomendaciones que solo apoyaban a sectores privilegiados de esa época, con un Estado que ignoraba cualquier resquicio que lo contradecía, sin ningún sentido de distribución de la riqueza, que garantice la equidad y participación de los bolivianos en la demanda de programas y proyectos de inversión pública, que mejoren sus condiciones de vida.
La elaboración del PGE, es similar a la elaboración de un presupuesto familiar, donde los padres identifican sus principales metas y objetivos, para lo cual definen el monto de recursos del cual podrán disponer durante una gestión (ingresos) y aquellas obligaciones que deben realizar durante el mismo periodo (gastos). El presupuesto familiar, no se define bajo la opinión del vecino u otro individuo ajeno, ya que el mismo, desconoce las necesidades de todos quienes componen dicha familia.
Es por esta razón que, con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), hecha por bolivianos para los bolivianos, a partir del 2006 se llegó a establecer cambios estructurales en el diseño e implementación de la política económica en Bolivia, donde la participación del Estado en la economía, desarrolla un papel fundamental para la definición de políticas públicas, que a su vez, incidió en la forma de elaborar el PGE.
El PGE 2022, está compuesto por el presupuesto institucional de todas las entidades públicas, que incluyen a los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Indígena Originarios, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Entidades Descentralizadas y Órganos del Estado, que coadyuvan al diseño de programas y proyectos de inversión pública, enfocados principalmente en satisfacer las necesidades básicas, mejorar el nivel de bienestar y calidad de vida de los bolivianos.
La base para la elaboración del PGE es el MESCP, que continua con el objetivo de reconstruir la economía, para darle certidumbre, estabilidad y sostenibilidad macroeconómica a Bolivia. Este presupuesto, proyecta para el 2022 un crecimiento del PIB del 5,1%, crecimiento mayor al 3,5% que señala el Banco Mundial, que a pesar de estar sobre economías como la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador entre otros, este organismo desconoce cada una de las medidas de reactivación de la economía que el Estado boliviano ha ido realizando durante la gestión 2021.
La inversión pública tiene el objetivo de transformar el aparato productivo, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, destinando para el 2022 USD 5.015 millones de dólares, impulsando principalmente el sector productivo con un 42,5% del total de dichos recursos (que contempla proyectos en sectores de energía, agropecuario, minería, industrial, hidrocarburos y de turismo), asimismo, contempla para el sector de infraestructura el 29,9% y social el 17,2%, que dinamiza la demanda interna y permitirá alcanzar el crecimiento económico estimado del 5,1%.
El PGE garantiza la asignación del 10% para el sector de salud y el 10,8% para educación, sin dejar de lado principalmente, la sostenibilidad de las finanzas públicas, que prevé reducir el déficit fiscal al 8% del PIB, porcentaje menor a lo programado para la gestión 2021 del 9,7% del PIB.
En este sentido, la reformulación del diseño de política económica, que se utilizaba antes del 2006, ha sido uno de los mayores logros para la economía boliviana, que ha llegado a incentivar principalmente el sector productivo y social de forma particular, sin dejar de lado políticas que benefician a la población más vulnerable, a través del Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Bono de Discapacitados, Renta Dignidad, Subsidio Universal Prenatal por la Vida, la subvención a los hidrocarburos, servicios básicos con la tarifa dignidad y entre otros programas, que coadyuvan a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y asimismo, reducir la pobreza extrema.
Sergio Magne Mamani
Economista