La denuncia fue interpuesta por el dirigente campesino, Aldo Velásquez.
Los sindicados afirman que existe una “persecución política” en su contra y no descartan futuras movilizaciones. La audiencia fue fijada para el 28 de enero
Después que el Ministerio Público imputara formalmente al gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, al alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, al presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, y al ejecutivo del Autotransporte, Gabriel Pérez, por el presunto delito de instigación pública a delinquir, por la convocatoria al paro cívico en noviembre pasado, los sindicados afirman ser víctimas de “persecución política”.
De acuerdo a lo que expresan los acusados, su audiencia de medidas cautelares se llevará adelante este viernes 28 de enero de manera virtual. Advierten que la Fiscalía pedirá incluso su detención.
Cabe recordar que en noviembre de 2021 el movimiento cívico a nivel nacional convocó a paros, bloqueos y movilizaciones en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Ley 342 del Plan de Desarrollo Nacional, además de otros proyectos de ley que fueron calificados por la oposición como anticonstitucionales. En Tarija el paro inició el 8 de noviembre.
La denuncia contra los ahora imputados fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre.
El presidente cívico señaló que se estaría pidiendo su detención preventiva y cuestionó el manejo del Ministerio Público.
“Lamentamos que la fiscal Sandra Gutiérrez se someta a los intereses del Gobierno. Bien hizo el exfiscal, Wilson Tito, que dijo que lo querían obligar a iniciarnos este proceso. (…) Están pidiendo mi detención preventiva, supuestamente por riesgo de fuga. Yo vivo en Tarija y aquí me voy a quedar”, señaló Ávila.
Por su parte, el alcalde Torres también expresó su descontento, argumentó que este proceso tiene como fin amedrentarlo para que en futuros conflictos se abstenga de tomar postura, aunque señaló que no lo hará y desestimó los cargos en su contra.
“Cuando la justicia quiere ser sumamente rápida, lo es (…). Es una locura. Quedará en la historia que debo ser el primer alcalde que se juzga por estas cosas, que me juzguen por corrupto o por lo que venga, ¿cómo por separatismo o instigación a delinquir? (…) Quieren en mí sentar un escarmiento para que el Alcalde no se vuelva a meter, pero por supuesto me tengo que meter. Para eso estoy aquí”, dijo.
El ejecutivo del Autotransporte se sumó a las críticas y fue más allá, indicando que se convocará para los siguientes días a un ampliado departamental y no se descartan movilizaciones del sector en rechazo al proceso.
Finalmente, el gobernador Oscar Montes no emitió aún ninguna declaración ante los medios y su equipo afirmó que primero tomaría contacto con sus asesores legales.
Si bien los medios de comunicación solicitaron al Ministerio Público una conferencia de prensa, se espera que pueda haber una convocatoria para conocer oficialmente la postura de la Fiscalía y cuáles son las medidas cautelares que solicitarán en contra de los imputados.