El abogado de la víctima desafió al juez a presentar las notificaciones. La Fiscalía pidió seis meses de cárcel para el juez
Marco Antonio Chuquimia
En su defensa, el juez Rafael Alcón dijo que en dos oportunidades les dijo a los investigadores que notificaran a las partes del feminicidio de la muerte de Blanca Rubí Limachi Sirpa en 2013, pero las mismas no se hicieron presentes. Asimismo, declaró ser una persona de la tercera edad y debe ser considerado.
“El incidente planteado por el señor Richard Choque Flores fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y de la víctima”, señala la sexta respuesta que dio el juez a los investigadores la tarde de este viernes cuando el investigador le consultó si el incidente planteado por el asesino serial fue de conocimiento de la víctima.
En la pregunta 16 el investigador volvió a consultar por la notificación a las partes y le consultó si había verificado ese aviso. “Yo mismo, personalmente, verifiqué las notificaciones a todas las partes”, dijo de nuevo Alcón.
A finales de 2019, el juez Rafael Alcón emitió la resolución 890/2019 mediante la cual, Richard Choque Flores quedó con detención domiciliaria de 18 meses, pese a tener una sentencia ejecutoriada de 30 años sin derecho a indulto por el feminicidio de Blanca Rubí Limachi Sirpa, cometido en 2013. El asesino quedó en libertad y hace cinco días se supo que había asesinado a otras dos muchachas y dijo ser autor de la desaparición de otras 77 víctimas.
Ahora el juez enfrenta un proceso judicial por prevaricato y fue aprehendido, la imputación de la Fiscalía requiere una prisión por seis meses mientras dure la investigación. El ahora juez acusado dijo tener edad para ser considerado en el grupo de la tercera edad.
“Vamos a adjuntar y acreditar la documentación que demuestra que tengo familia, trabajo, domicilio y mi estado de salud. Ademas dejo claramente establecido que por mi edad estoy dentro de las regulaciones del adulto mayor, estoy asumiendo defensa”, señala la última respuesta del juez Alcón.
Pese a estas declaraciones, el abogado de la menor Blanca Rubí Limachi Sirpa, Jhon Tapia, declaró que él fue el abogado de todo ese proceso y aseguró que nunca fue notificado con esa audiencia y desafió al juez a presentar la prueba de que la parte querellante sí fue notificada.
Yo tengo hace muchos años mi oficina en el mismo lugar, cambié hace poco, ¿cómo no nos enteramos de esa audiencia?”, cuestionó el profesional y dijo que una de las dos partes, Fiscalía o querellantes, podían tener conocimiento de esa audiencia, pero no fue así.
Alcón, en su declaración, dijo desconocer si las partes presentaron alguna objeción, porque el cuaderno fue devuelto a la ciudad de El Alto, donde correspondía el caso. No explicó por qué llevó adelante la audiencia sin la presencia de las partes.
El abogado Tapia explicó que el juez no podía llevar adelante una audiencia de semejante interés sin la presencia de la familia de la víctima.