Han pasado 40 días desde la creación de la comisión y hasta ahora no se remitió al Ejecutivo la solicitud de información sobre las irregularidades, dice. Convoca a la sociedad civil para sumarse a la fiscalización.
El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó, hace 40 días, una comisión para investigar las denuncias sobre contratos irregulares e ítems fantasmas en el Gobierno municipal. Más de un mes después, todavía no ha ingresado un papel desde el Ejecutivo municipal para que la comisión pueda investigar.
Manuel ‘Mamén’ Saavedra (Demócratas) ha sido uno de los concejales más activos en relación al caso. Hoy lunes dijo que oficializará su retiro de la comisión ante la «inoperancia» de la misma y que convocará a profesionales para que ayuden en las indagaciones que realizará en su calidad de concejal.
Las críticas de concejales ante la falta de acción en la comisión han sido recurrentes. Hasta ahora, se cuestionaba la falta de colaboración por parte de Jhonny Fernández, pues no remite los informes solicitados por la comisión del legislativo.
Saavedra asume su decisión tras conocer, el pasado viernes, que el Concejo no había remitido todavía al Ejecutivo las solicitudes de información que él hizo. «Dicen que hoy serán enviadas al Ejecutivo, pero ya ha pasado mucho tiempo», señala.
Para el concejal opositor, las justificaciones ofrecidas por la directiva del Concejo son insuficientes, sobre todo ante «un tema tan importante» como el esclarecimiento de los ítems fantasmas. «Nos dijeron que no se enviaron por el receso, por el covid, por diversas excusas. No le dan importancia a la investigación», lamentó.
El concejal suplente de Demócratas, Luis Alberto Vaca, también criticó la falta de apoyo del Ejecutivo municipal para esclarecer las irregularidades denunciadas. «Hasta ahora no se ha recibido ni un solo papel desde el Ejecutivo», pero sí remitió documentación a la Fiscalía. En su opinión, todo indica que la investigación está «encapsulada».
Para José Antonio Alberti, de Comunidad Autonómica, los concejales deben cumplir su rol de investigación y, por ello dijo que continuará en la comisión. «Vamos a seguir, hemos exigido la documentación y la comparecencia de algunas autoridades del Ejecutivo», remarca.
Al igual que sus colegas de Demócratas, Alberti lamenta que «no haya celeridad para gestionar la información y las reuniones». A pesar de esta actitud, aseguró que seguirá presionando.
El concejal espera que las autoridades entiendan que se trata de una comisión especial, que se aceleren los trámites y que se establezca «una relación más ágil y directa (con el ejecutivo).
La demora en los trámites refleja la intención de frenar la investigación. «No se quiere que se esclarezca el tema, se quiere tapar a ciertas personas», agrega Alberti.
C-A mantiene la «política de puertas abiertas» para recibir a las personas que quieran aportar denuncias, testimonios y documentación.
A su vez, Saavedra recuerda que, como concejal, debe recibir la información solicitada al Ejecutivo en un periodo de 15 días hábiles, aunque el Ejecutivo puede pedir 10 días más.
Hasta el momento, ha pedido información sobre los trabajadores liberados de registrar su ingreso y salida entre las gestiones 2013 y 2018; las auditorías internas que Recursos Humanos ha hecho en el mismo periodo.
Saavedra quiere «abrir a la sociedad civil» la investigación para que se puede detallar cómo, cuándo y cuánto costaron estos ítems. Junto a la colaboración de la ciudadanía espera «trabajar de verdad» para que se pueda completar la investigación.
EL DEBER ha tratado de conocer la versión del presidente del Concejo, Israel Alcócer, así como de concejales de UCS y del MAS. Sin embargo, no han atendido a los llamados y, por tanto, se aguardará la versión sobre el tema.