TSJ presenta denuncia penal contra Alcón y otros dos jueces por favorecer a “psicópata sexual”

En La Paz en 2015, Richard Choque fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero en 2019 fue beneficiado con la detención domiciliaria por el juez Rafael Alcón Aliaga

TSJ presenta denuncia penal contra juez que favoreció a “psicópata sexual”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres. AJN

 



Fuente: Correo del Sur Digital / Sucre

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Ricardo Torres, informó a CORREO DEL SUR, que este viernes presentará una denuncia penal en contra del juez Rafael Alcón y otros dos jueces de Ejecución Penal, que incumplieron sus funciones al permitir que un sentenciado a 30 años de prisión sea beneficiado con una detención domiciliaria por 18 meses. Además, seguía libre pese a haberse cumplido ese plazo hasta que cometió un doble feminicidio en La Paz.

Torres dijo que el TSJ, a través de la unidad de Transparencia, presentará la denuncia penal en la Fiscalía de La Paz en contra de Alcón y dos jueces de Ejecución Penal que no asumieron las medidas legales señaladas por ley.

Señaló que, en 2015, Richard Choque fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto; sin embargo, el 24 de diciembre de 2019 fue beneficiado con la detención domiciliaria mediante la resolución 890/2019 pronunciada por el juez Rafael Alcón Aliaga.

Explicó que el acusado de asesinato presentó certificaciones médicas que aducen una enfermedad terminal, pero después se estableció que este tenía gastritis, úlcera y diabetes.

“Entendemos que el juez Alcón no ha valorado correctamente la certificación médica que acreditó estas patologías. Se presume que este juez incurrió en resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato, esos son los delitos que se van a denunciar”, aseguró.

El “psicópata sexual” fue beneficiado con 18 meses de detención domiciliaria, del 24 de diciembre de 2019 a julio de 2021, pero la autoridad dijo que hay indicios de que esta persona no firmaba el cuaderno de control procesal en la Fiscalía desde finales de 2020.

Torres dijo que, por este incumplimiento, los jueces deberían haber revocado este beneficio del sentenciado, pero ninguno procedió de esta manera y menos cuando cumplió el plazo de 18 meses de libertad condicional, para retornarlo a la cárcel de San Pedro o de Chonchocoro.

Advirtió que si hay operadores de justicia que favorecen a delincuentes prontuariados, estos deben ser sancionados junto a estos.