Julián Torrico, víctima del “abogado del diablo”, pide seguimiento a su proceso. Juan Cuéllar ha denunciado varias veces que la jueza Salomé Guzmán se parcializó a favor del acusado.
Fuente: Opinión
Víctimas de Jhasmani Torrico Leclere piden a la comisión gubernamental, que evalúa casos de violación y feminicidio en los que sentenciados fueron liberados, que revise los procesos en contra del privado de libertad conocido como el “abogado del diablo” o “abogado torturador” porque habría sido favorecido, en reiteradas oportunidades, con resoluciones judiciales sin considerarse los riesgos para los denunciantes y sus familias, quienes temen por su integridad.
Julián Torrico, padrastro de Jhasmani, continúa peregrinando por justicia. El 4 de febrero de 2017, su hijastro, junto a unas 12 personas, llegó a su vivienda supuestamente para hablar del inmueble y de un vehículo. Le enseñó unos papeles y le dijo que debía firmarlos. La víctima quiso evadir el tema, pero sintió un golpe en el estómago y uno de los hombres, que acompañaba a Torrico Leclere, le apuntó con un arma de fuego en la cabeza. El “abogado del diablo” lo amenazó con matarlo a él y a su esposa y Julián no tuvo otra opción que firmar todas las hojas que su hijastro le puso en frente donde lo despojaba de sus bienes. Le advirtió que “dominaba” a jueces, fiscales y policías, y que si lo denunciaba no solo iba a volver a buscarlo, sino que le aseguró que ninguna demanda en su contra iba a prosperar.
Julián se encontraba atemorizado y no se animaba a denunciarlo hasta que en 2018 fue citado como testigo en el “Caso Mecánico”. El Ministerio Público después de escuchar su declaración abrió de oficio el “Caso Padrastro” y, por ese proceso, Torrico Leclere tiene detención domiciliaria. Las investigaciones comenzaron, pero la víctima aún no ha encontrado justicia. Su hijastro interpuso una serie de incidentes con la intención de anular la demanda, pero las audiencias se suspendieron en reiteradas oportunidades debido a que jueces suplentes, ante la ausencia de un titular, no resolvieron esos recursos y, en otras ocasiones, el imputado alegaba problemas de salud, entre otras circunstancias.
Actualmente, hay una autoridad judicial titular. La audiencia debía llevarse ayer, pero fue suspendida para esta jornada y se prevé que inicie a las 08:30. El inicio del juicio oral por el “Caso Padrastro” podría fijarse después de que se resuelvan esos recursos que han dilatado el proceso.
En cuanto al inmueble, Julián fue declarado “depositario” y pudo retornar hace poco a su domicilio. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el relevamiento de datos.
La pesadilla para la víctima no termina. Jhasmani denunció el 4 de enero del 2022 que varias personas ingresaron al “inmueble de su propiedad” y sustrajeron objetos de valor. Su denuncia presentada el 10 de enero, dice que vecinos vieron a Julián Torrico junto a otras personas llevándose sus bienes. Sin embargo, Julián manifestó que fue paciente, aguardó el fallo y volvió a su hogar después de casi cinco años, y ahora espera que se haga justicia.
“Estoy peregrinando por justicia, al igual que las otras víctimas. Pido a la comisión gubernamental que revisen todos los casos en contra de Jhasmani Torrico. Desde lo más profundo de mi sentimiento, pido al Ministro de Justicia y al Ministro de Gobierno que vean lo que está pasando en Cochabamba porque está persona es peligrosa y hay jueces que minimizan el caso y nos están poniendo en riesgo”, señaló.
“CASO MECÁNICO”
Jhasmani Torrico ha buscado en reiteradas oportunidades cambiar la cárcel por su casa. El Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo lo condenó el 24 de febrero del 2021 a seis años y seis meses de presidio en el penal de San Sebastián por los delitos de secuestro y lesiones, pero ese mismo Tribunal falló antes dos veces a su favor otorgándole detención domiciliaria, pese a contar con una sentencia. Sin embargo, esas resoluciones fueron revocadas y el condenado se mantiene con detención carcelaria, aunque actualmente está recibiendo atención médica en el Hospital Viedma.
Para Juan Antonio Cuéllar, víctima en este caso, el Tribunal de Quillacollo presidido por la jueza Salomé Guzmán Terán se parcializó a favor del acusado y pidió, en reiteradas oportunidades, que se realice una auditoría para garantizar transparencia y justicia.
El 16 de marzo de 2018, Cuéllar fue secuestrado, torturado y obligado a firmar unos papeles aceptando que le devolvieron 20 mil dólares, dinero ganado durante varios años de trabajo, por un inmueble que tomó en anticrético. Le tomaron fotos contando billetes, pero no le dieron ni un dólar. Según la denuncia, Jhasmani y su gente torturaron al mecánico realizándole toques eléctricos, sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y golpeándolo en distintas partes del cuerpo.
MAGISTRATURA SIGUE CASOS
El representante del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Marcos Cabrera, informó que están haciendo seguimiento al “Caso Padrastro”, “Caso Mecánico” y “Consorcio de jueces, fiscales y policías”, en contra de Jhasmani Torrico Leclere y otros, e incluso en el último son parte querellante.
“Estamos haciendo seguimiento para que se pueda dar continuidad e identificar qué administradores de justicia han contravenido la normativa. El Consejo de la Magistratura es parte del ‘Caso consorcio’ y ahí estamos descargando pruebas. Se ha presentado la acusación formal y estamos haciendo seguimiento estricto en este caso”, señaló.
Consultado sobre la denuncia en contra de la jueza Salomé Guzmán, refirió que el informe solicitado está siendo valorado junto a todo el expediente para identificar si existen o no responsabilidades y, en función a ello, decidirán si corresponde un proceso en la vía disciplinaria u ordinaria.
PROCESOS
El “Caso Mecánico” es el único proceso que tiene a Jhasmani Torrico encarcelado y con sentencia condenatoria.
Torrico Leclere tiene detención domiciliaria en el caso padrastro, donde Julián Torrico fue golpeado y obligado a firmar documentos en febrero de 2017. El Ministerio Público apeló la resolución y pasó a los vocales Nelson P. y Anawella T., quienes confirmaron su arresto domiciliario. Más adelante, ambas autoridades fueron vinculadas al “Caso Consorcio”.
En el caso videos uno, donde el imputado golpeó a una persona, obtuvo detención domiciliaria. En tanto, en videos dos, la víctima no quiso seguir el proceso. También fue acusado por el “Caso Consorcio”.