La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) expresó este sábado su indignación por la “impunidad y retardación de justicia” en el asesinato de la exconcejala de Ancoraimes Juana Quispe, ocurrida hace 10 años.

“Expresamos nuestra indignación ante la impunidad que rodea al caso emblemático de Juana Quispe Apaza, concejala de Ancoraimes, cuyo principal delito fue querer ejercer el cargo para el cual fue electa democráticamente”, se sostiene en parte del pronunciamiento en el que también firma la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de La Paz (ACOLAPAZ) y el Observatorio para la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres.

En el documento se recordó que Quispe fue amedrentada, difamada y amenazada de muerte e incluso la golpearon e hicieron chicotear públicamente en la plaza de Ancoraimes. “El viacrucis de Juana duró dos años”, según el texto.

“Me han arrastrado, me querían hacer renunciar a la fuerza, mi hijo tiene 10 añitos, no han respetado a mi hijo, este tema duele”, contó Quispe en 2011 entre sollozos, luego de una breve pausa prosiguió: “No me he rendido, no voy a hacerlo, si es posible mátenme, mi hijo verá cómo voy a morir asesinada”.

Acobol y otras organizaciones de mujeres exigen el “debido proceso” y una “sentencia condenatoria” contra los presuntos responsables: Felix Huanca, Pastor Cutile, Basilia Ramos Tallacagua y Exalta Arismendi Villavicencio. Denunciaron que los procesos contra los acusados han sido dos veces anulados o sobreseídos.

Según datos de la ACOBOL, en 2019 se registró 127 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres y 120 en la gestión 2020.

“Expresamos nuestra indignación por la retardación de la justicia y por los actos de corrupción que es objeto la justicia boliviana, que benefician a los acusados”, señala el pronunciamiento.

El 13 de marzo de 2012 fue hallado el cadáver de Quispe en inmediaciones del río Orkojahuira de La Paz con signos de violencia; las investigaciones develaron que fue asesinada un día antes. Tras la muerte de la exconcejala, se aprobó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.