A menos de 15 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Gobierno francés se enfrenta a fuertes críticas por el amplio uso que hace de las consultoras, en particular la estadounidense McKinsey, sospechosa de no haber pagado impuestos en Francia en 10 años.
Un informe del Senado francés, publicado el 17 de marzo pasado, puso de manifiesto la creciente influencia de las empresas de consultoría en las políticas públicas, con la multiplicación de contratos en los últimos años.
Entre ellos, McKinsey, que asesoró al Gobierno en la campaña de vacunación, entre otras cosas, no habría pagado impuestos entre 2011 y 2020, según la comisión de investigación, que considera que es «un ejemplo caricaturesco de optimización fiscal».
«No hay nada que ocultar» vs «zonas grises»
El presidente-candidato ya se ha justificado dos veces, sin conseguir cerrar el debate. «Tenemos la impresión de que hay esquemas, eso no es cierto. Si hay pruebas de manipulación, que vaya al penal», lanzó, muy molesto, el domingo.
Preguntado el miércoles por el asunto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, dijo que el Gobierno no tenía «ninguna lección que aprender en la lucha contra la optimización fiscal».
Para intentar apagar la polémica, dos ministros, Olivier Dussopt (Presupuesto) y Amélie de Montchalin (Transformación y Función Pública), ofrecieron por su parte una rueda de prensa en la que defendieron el uso de consultorías.
En respuesta a los temores de dependencia de los poderes públicos, De Montchalin aseguró que «ninguna consultora ha decidido ninguna reforma y la decisión siempre corresponde al Estado». «No hay nada que ocultar», sostuvo Dussopt, que insistió en que el Estado había dado muestras de «transparencia» al responder a las preguntas de la comisión de investigación del Senado.
Tras la rueda de prensa, la comisión de investigación afirmó que el Gobierno seguía «restando importancia a la influencia de los asesores». Subrayó que este ejercicio de comunicación del Gobierno en las oficinas de Bercy, «10 días antes de la primera vuelta», «no ha eliminado todas las zonas grises».
«Escándalo de Estado»
La oposición ha aprovechado el asunto y ha exigido responsabilidades a Macron y a su Gobierno. La izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon denunció un «escándalo de Estado», al igual que la extrema derecha de la Agrupación Nacional, que habló de un «McKinseyGate».
El otro candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, acusó al presidente de «devolver el favor» porque «la gente de McKinsey trabajó para su campaña electoral» en 2017. El ecologista Yannick Jadot, por su parte, denunció la «insoportable arrogancia» de las consultoras.
La polémica está alimentada por algunos de los contratos desvelados por los senadores, que se refieren a reformas divisorias, como la del APL (ayudas a la vivienda), o un informe sobre los «cambios en la profesión docente» y su remuneración por méritos.
La polémica invadió las redes sociales, donde se acusó a Emmanuel Macron de favorecer los intereses privados. El asunto también corre el riesgo de resucitar la imagen de «presidente de los ricos» que se le ha pegado a Macron desde el inicio del quinquenio.
Con la AFP
