Central Obrera Boliviana pide seguro por muerte por covid y subir a Bs 2.000 la pensión solidaria

 

La organización solicita al Gobierno incremento en los Límites Solidarios Mínimos y Máximos, ajustes a la Ley de Pensiones y que se pueda garantizar la jubilación con el 100% de aportes, entre otras medidas.

Fuente: Página Siete / La Paz



En su pliego, la Central Obrera Boliviana (COB) pide al Gobierno que se garantice un seguro por muerte debido a la Covid-19 y se eleve en 2.000 bolivianos los Límites Mínimos y Máximos para mejorar la pensión solidaria de vejez.

El documento, en el que la organización pide un aumento del salario básico en 7% y del salario mínimo nacional en 10%,  incluye  varias demandas a nivel social, económico, de normas, productivo. Fue presentado al presidente del Estado, Luis Arce, el pasado 17 de marzo.  Los diferentes planteamientos deberán discutirse en mesas de trabajo.

Para su análisis en la Comisión de Normas, la COB pide “incorporar en la normativa laboral vigente un seguro de riesgo laboral al fallecimiento por Covid-19 y otras pandemias que puedan presentarse en el futuro”.

Otro punto para esa instancia es la petición para que se concluya la nueva Ley del Trabajo propuesta por la COB que fue trabajada hasta 2009. Esto bajo la premisa de contar con una norma protectiva, que elimine todas las formas de subcontratación y precarización laboral. “A través del fraude procesal no se debe permitir las subcontrataciones, las externalizaciones, terciarizaciones, los consultores en línea, o la venta de servicios individuales que no es otra cosa que la explotación de los trabajadores al no reconocer sus derechos por parte de la empresa privada y el mismo Estado”, precisa el documento.

Se solicita aclarar mediante una ley que el contencioso administrativo no es aplicable en materia administrativo-laboral.

Pensiones

Para análisis en la Comisión Económica y mejorar el porcentaje de jubilación de los trabajadores, la COB solicita un incremento de 2.000 bolivianos a los Límites Solidarios Mínimos y Máximos, de la pensión solidaria. También se busca  la revisión de la tabla de utilización de esperanza de vida, sin discriminación alguna y sin sectores privilegiados.

La última vez que hubo ajustes fue en  2017, con la promulgación de una ley que aumentó el  Límite Mínimo a 640 bolivianos y el Máximo a 4.200 bolivianos.

De esa forma, la pensión solidaria mejoró en función a los años de aportes. Por ejemplo, el Límite Solidario para un trabajador de cualquier sector laboral, con 35 años de aportes se incrementó de 3.200 a 4.200 bolivianos. Mientras que el Límite Mínimo para un trabajador con 35 años de aportes subió de 1.400 a 1.600 bolivianos.

Para el experto Alberto Bonadona, de aceptarse la propuesta de la COB, cambia la escala y mucha gente que hoy está fuera de la pensión solidaria para mejorar su pensión al jubilarse, entraría con el beneficio.

Añadió que si bien esto puede ser favorable, el problema es ver de dónde salen los recursos y si son sostenibles en el largo plazo.

“El Fondo Solidario en el corto plazo tiene mucha plata, pero sin un estudio actuarial que muestre cómo evolucionará la población frente a la evolución del beneficio, puede darse un desequilibrio abismal y generarse problemas hacia el año 2030 a 2035”, advirtió.

Estos límites se fijan para que con la pensión solidaria los jubilados puedan al menos alcanzar una renta con el 70% de su último referente salarial.

Jubilación con 100%

La COB pide también en su pliego la revisión y modificación de la Ley de Pensiones 065.

Según los trabajadores, la norma vigente desde 2010 no responde a la realidad de los bolivianos y debe priorizar el aporte tripartito: trabajador, empleador y Estado.

Esto debe  garantizar una jubilación digna para los trabajadores que durante toda su vida han dado su fuerza laboral al engrandecimiento del país. “Además de exigir la jubilación con el 100% como beneficio para todos y no sólo de un sector político que se  beneficia del mismo, en ese sentido no se debe discriminar al resto de las y los bolivianos”, remarca el pliego.

Según la COB, la jubilación y la seguridad social deben ser sostenibles en el tiempo, se debe promover su acceso a todos los bolivianos.

“Garantizando de esta forma, no sólo la educación y salud, sino la integralidad que provee la seguridad social, por lo que se debe realizar la revisión de los artículos 17 y 131 modificada en 2017”, subraya.

El pliego de la COB incluye una demanda para que todos los planes de vivienda beneficien en primer lugar a los aportantes y que los planes sean asequibles, según el salario que  los sectores perciben (salario mínimo).

 

“Gastos por Covid-19 hicieron perder poder adquisitivo”
La Central Obrera Boliviana (COB) justificó su pedido de aumento de 7% al salario básico y de 10% al salario mínimo nacional, por los elevados gastos en los que los trabajadores incurrieron para atender la salud por la pandemia de coronavirus.

En su pliego presentado al Gobierno, la organización laboral señala que aún en 2022 se han incrementado exponencialmente los gastos en alimentación; la rehabilitación después de la enfermedad; la compra de insumos de bioseguridad; el acceso a la medicina tradicional; los medicamentos; y, en muchos casos, la internación en clínicas particulares y compra de oxígeno.

Según la COB esto ha representado la erogación de un presupuesto adicional para el trabajador en resguardo de su familia. “En los hechos no ha existido un verdadero incremento salarial que nivele todo el valor adquisitivo perdido. Esos factores y más aún el actual salario mínimo nacional no han sido suficientes para cubrir con las necesidades básicas que ahora se nos presentaron”, advierte la COB.

Por otra parte, en el pliego se  exige al Gobierno la revisión de su política fiscal sobre todo en impuestos y en el gasto público.

Esto porque es imprescindible llegar a 2025 con políticas sostenibles en educación y salud, lo que supone acciones de corto y mediano plazo.

Los empresarios privados expresaron el domingo su extrema preocupación por la  demanda salarial de la COB, porque  ignora la grave situación en la que se encuentran las empresas por los efectos sostenidos de la pandemia.