Luego de que el alcalde Jhonny Fernández enviara la ley de contratos y convenios que fortalece las capacidades de fiscalización del Concejo Municipal a revisión del Tribunal Constitucional, el concejal Manuel Saavedra, manifestó su molestia porque el burgomaestre no quiere ser fiscalizado y usa jugadas políticas con algunos concejales para lograrlo.
Fuente: Prensa Demócratas
El sábado pasado, Fernández indicó que no promulgó la norma porque tiene observaciones y negó haberse reunido con el legislativo ante las preguntas de los periodistas por las declaraciones de concejales que admitieron una negociación política entre UCS, MAS y C-A para subir la cuantía de Bs 1 a Bs 30 millones, hecho que sería el principal argumento para enviar la ley a consulta a Sucre.
“Aprobaron hasta un millón y no sé los concejales que pasó, volvieron atrás y ahora le pusieron 30 millones. Debo hacer la representación ante el Tribunal Constitucional para ver si esa ley es constitucional o no es constitucional, por eso no la he promulgado. Yo nunca he puesto monto ni me he reunido con los concejales para hablar de ese tema”, declaró.
Saavedra lamentó esta ambigüedad entre el alcalde y algunos concejales manifestando que la primera autoridad de la ciudad habla de transparencia pero que en los hechos demuestra lo contrario al buscar leyes a su medida que le den comodidad para hacer negocios.
“Está con las mismas mañas de Angélica Sosa, pero acá hay un tema que también es grave, se dio una negociación para llegar a esto y esto ha salido de la propia boca de los concejales, principalmente de Comunidad Autonómica, que afirmaron que negociaron con el alcalde para que el monto de 1 millón suba a 30 millones. Ese ha sido el argumento del alcalde para enviarlo al Tribunal Constitucional, es decir, ellos serían los responsables de que esto ocurra.
El alcalde se ha negado que haya charlado con ellos, pero acá alguien miente, o los 8 concejales que aprobaron esta situación o el alcalde”, aseveró.
Para el opositor, en definitiva, la perdedora de estas idas y venidas de la ley luego de casi seis meses, es la ciudadanía que exige transparencia en los procesos públicos para evitar obras que no se usan, sobreprecios o funcionarios fantasmas.
“Pierde la ciudad, los vecinos, porque los 8 concejales y el alcalde han limitado las capacidades de fiscalización del Concejo Municipal en el sentido de que esa ley que se había aprobado en septiembre para que todos los contratos arriba de un millón y que modificaron a 30 millones el 25 de febrero antes de carnaval, ya duerma el sueño de los justos en el TCP. Lamentablemente el alcalde no quiere ser fiscalizado y hay concejales que son funcionales a esta situación”, finalizó.
Datos
• El 21 de septiembre de 2021, 11 concejales aprobaron de manera unánime la ley permitiría la fiscalización de contratos y convenios de Bs 1 millón en adelante.
• El 25 de febrero de 2022, 8 concejales (MAS (José Quiroz), UCS (Israel Alcocer, Silvana Mucarzel, Miguel Fernández y Gabriela Garzón) y C-A (Juan Carlos Medrano, Karina Orihuela y José Alberti) modificaron la cuantía subiendo el monto de Bs1 millón a Bs 30 millones.
• El 11 de marzo de 2022, el alcalde envía la ley de contratos y convenios al TCP para revisión, basándose en ese cambio de cuantía de Bs 1 millón a Bs 30 millones.
En el video de la sesión del pasado 25 de febrero, hablan los concejales de C-A, Lola Terrazas (que se abstuvo de votar) además de Juan Carlos Medrano y José Alberti que votaron a favor para que la ley se modifique de Bs 1 millón a Bs 30 millones