«El alcalde no quiere ser fiscalizado», dice Quiroz (MAS). Saavedra (Demócratas) observa un acuerdo entre oficialismo y oposición al aumentar el monto de los contratos.
Fuente: El Deber
Concejales opositores critican la actitud de la UCS y del alcalde Jhonny Fernández por el retraso en la discusión y aprobación del proyecto de la Ley de revisión de contratos, normativa que plantea que, los contratos municipales por encima de los Bs 30 millones deben ser supervisados en el Concejo Municipal. El burgomaestre envió el proyecto de ley al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar la legalidad de la norma.
Desde Comunidad Autonómica (C-A), el concejal José Antonio Alberti indica que la actitud del alcalde era previsible. «No esperábamos menos», sintetiza.
Como titular de la comisión de Constitución en el Concejo, Alberti lamenta la observación planteada por Fernández ya que considera que «no tiene fundamento y quiere desconocer la competencia del Concejo para fiscalizar».
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La importancia de revisar los contratos en el Concejo Municipal debe primar. Así lo considera José Quiroz, concejal del MAS, que califica como inoportuna la actitud del alcalde «que no quiere ser fiscalizado».
El pasado 25 de marzo, el Concejo reformuló la Ley de revisión de contratos municipales. La nueva normativa disponía que todos los contratos por encima de Bs 30 millones debían ser autorizados por el ente legislativo; sin embargo, el alcalde no ha promulgado la norma y más bien la ha remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional. El burgomaestre cuestiona la legalidad de esta norma que le obliga a enviar los contratos al Concejo Municipal.
«Jhonny Fernández no quiere que se le fiscalice. Dice ser transparente, pero es de boca para afuera. Los hechos demuestran lo contrario», dijo Manuel Saavedra, concejal de Demócratas.
Para ‘Mamén’ Saavedra, el alcalde «quiere leyes a su medida, que le den comodidad para hacer negocios». Compara esta actitud con la que caracterizó a la gestión anterior. «Son las mismas mañas», lamenta.
Quiroz espera una pronta respuesta desde Sucre. «Pedimos celeridad al TCP, que vuelva la ley y no se espere cuatro años para decidir».
La misma observación hace Alberti. «Sabemos cómo opera la justicia en el país, la decisión del TCP puede demorar el tiempo que quieran», dijo al recordar la vigencia de una jurisprudencia que daría la razón al Concejo, por lo que espera que la consulta al TCP no se demore mucho.
Tanto Alberti como Quiroz esperan que la bancada de UCS viabilice la norma con la promulgación por parte del presidente del Concejo, Israel Alcócer.
Más escéptica fue al reacción de Saavedra. El único concejal de Demócratas se opuso a la modificación de la ley que incrementó el monto de los contratos de Bs 1 millón a Bs 30 millones. Desde su mirada, la alteración del monto fiscalizable responde a un acuerdo entre las otras bancadas.
«Los concejales funcionales deberán explicar a la ciudadanía cómo les convencieron para la nueva norma que dispone la revisión de los contratos por más de Bs 30 millones», dijo el edil. Desde su perspectiva, existió un acuerdo que perjudica a los vecinos y a la ciudad.