El Concejo Municipal de El Alto tuvo que emitir una ley para obligar el traslado de las operadoras del transporte a la nueva terminal bimodal bajo amenaza de sanciones. Los transportistas tienen 72 horas.
Fuente: paginasiete.bo
Leny Chuquimia / La Paz
Por falta de accesos, la ausencia de consensos y la arraigada “informalidad” de choferes y pasajeros a la hora de hacer viajes, las terminales de El Alto no funcionan al 100%. La Alcaldía emitió la Ley 731 que obliga a las operadoras de transporte a usar la nueva terminal, bajo advertencia de sanciones.
“En El Alto tenemos tres terminales importantes, dos terrestres y una aérea. En cuanto a funcionamiento podemos decir que una está mejor que la otra. En el caso de la nueva terminal, emitimos una ley para el traslado de los transportistas. La interprovincial está en operación y hay normas similares, pero hasta el momento los sindicatos aún tienen paradas en el puente Río Seco”, dijo el concejal alteño por Jallalla, Víctor Contreras.
La joven urbe es un corredor obligado para llegar tanto a las provincias de La Paz como al interior y exterior del país. En ese entendido alberga a dos terminales terrestres muy importantes: la Interprovincial inaugurada en 2015 y la nueva Terminal Bimodal Interdepartamental Metropolitana, inaugurada -una vez más- hace una semana.
Ambas infraestructuras fueron pensadas hace más de una década con el fin de acoger a los servicios de transporte y los usuarios que usaban paradas “ilegales” sobre las principales vías camineras o sus calles aledañas. Pero desde su concepción, con fines de ordenamiento, hasta su implementación, hallaron resistencia en los involucrados.
La concejala del MAS Fabiola Furuya señaló que las terminales cumplen su función pero que el problema persiste. “Los pasajeros van a la terminal pero las movilidades funcionan desde afuera en otras paradas. En el caso de la nueva terminal está en pleno proceso de organización”.
Cada caso tenía su propia dinámica, algo que de acuerdo al arquitecto urbanista alteño Guido Alejo no fue comprendido ni tomado en cuenta al momento de emplazar las terminales. Advierte que el problema no sólo está en las infraestructuras, su ubicación o las leyes, sino en la imposición de construcciones que no recogen la dinámica de la arraigada informalidad de El Alto.
Nueva Terminal inicia operaciones con ley que obliga el traslado del transporte
En el marco de la celebración por el 6 de marzo, la semana pasada, la Alcaldía alteña reinauguró la Terminal Metropolitana Interdepartamental de El Alto. Una infraestructura que ya fue entregada hace más de un año, pero que no logró entrar en operaciones.
Esta terminal está ubicada en Villa Bolivar D, a unos minutos de caminata desde el Cruce a Viacha por el alambrado del aeropuerto. Para llegar a ese punto hay que pasar por todo el cuello de botella de la Ceja.
Durante la primera semana el futuro de los predios parecía ser el mismo que en 2021, pues las operadoras permanecían prestando servicios en las calles de Villa Bolivar A y se negaban a ir a la nueva terminal.
“Allá hay que pagar Bs 2,50 por derecho de uso de terminal. Caro”, “No nos han dicho o instruido el traslado”, “Está muy lejos, habría que tomar una o dos movilidades más”, “No hay las condiciones” eran las excusas de los choferes y viajeros que permanecían en el viejo punto de embarque.
“La nueva terminal metropolitana está en pleno proceso de organización. La noche del jueves se promulgó una ley que obliga a los transportistas a trasladarse y operar desde este espacio. Se les dio 72 horas a los operadores que no se hayan licitado una caseta para solicitar una, máximo hasta el lunes”, manifestó la concejala Fabiola Furuya, del MAS.
Apoyados en esta normativa, el viernes por la mañana, choferes y ediles realizaron un operativo para obligar el traslado de las empresas de transporte a la nueva terminal.
“Tenemos entendido que el 85% de las empresas departamentales ya tiene una caseta para instalar sus oficinas y su boletería. Faltaría un 15%”, añadió la legisladora.
Pero el problema no termina con el traslado. Tras el operativo del viernes empezaron otros problemas, como las pugnas entre los sindicatos de surubís interprovinciales e interdepartamentales. También queda pendiente la situación de las flotas que empiezan su ruta en la terminal de buses de La Paz.
Y es que si bien muchas de las empresas operan desde El Alto, otras usaban la vieja terminal como un punto de parada para los buses que partían desde La Paz y vendían boletos en ambas ciudades. Estas empresas ya no podrán hacer paradas en El Alto, porque según las autoridades municipales sería un trameaje.
Terminal interprovincial lleva 7 años sin funcionar a plenitud
La Terminal Interprovincial de El Alto fue inaugurada en mayo de 2015, por el entonces presidente Evo Morales. Está ubicada en Villa Esperanza, en el norte de la joven urbe.
La edificación debió concentrar y ordenar las operaciones de todos los sindicatos de transporte interprovincial instalados en diferentes puntos de la avenida Juan Pablo II. Pero en siete años no logró cumplir ese objetivo.
“En esta terminal aún hay que seguir instruyendo a los choferes que ingresen a esos ambientes. Por la falta de personal de Tránsito en el puente de Río Seco se han hecho otras paradas, eso se puede verificar cualquier día de la semana. Generan congestión vehicular”, indicó Víctor Contreras, concejal por Jallalla.
Y no es que la terminal no funcione del todo. Dentro de esta infraestructura, más de 40 empresas tienen una caseta u oficina para vender pasajes a Achacachi, Copacabana, Sorata, Yungas, Pucarani, Apolo o Desaguadero (frontera con Perú), entre un centenar de destinos rurales.
En sus instalaciones hay pasajeros y hay vehículos, pero no son la totalidad de los que prestan y usan el servicio. Muchos afirman que es por la distancia, que si bien se acortó por la cercanía de una estación de la línea Azul del teleférico a cuatro cuadras, aún es larga.
Otro de los problemas es que sigue siendo un punto de paso para el transporte que cubre las mismas rutas, pero que parte desde la sede de Gobierno, donde no hay una terminal para este tipo de transporte y opera desde las calles aledañas al Cementerio General.
“Es un problema en común que tenemos ambas ciudades. Esta terminal está a cargo de la Gobernación. Se decía que el transporte de La Paz debía trasladarse hasta acá, pero si los alteños no llegan, cómo van a llegar los de abajo”, cuestionó uno de los conductores del servicio interprovincial.
A esto se suma el descuido de la infraestructura. No hay un servicio de limpieza constante por lo que los pisos están sucios tanto dentro como fuera de la terminal. Si uno llega a eso de las cinco de la tarde ya no encuentra funcionarios de la Defensoría de la Niñez, pese a que es una de las terminales por la que podría sacarse de forma ilegal a niños, niñas y adolescentes.
Alejo: Se debe a la idiosincrasia de informalidad e imposición
El arquitecto y urbanista alteño Guido Alejo dijo que la dificultad para la implementación de las terminales está en la idiosincrasia de El Alto, donde prima la informalidad. Además, la falta de capacidad de las autoridades de entender este punto al momento de “planificar”.
“Hay un trasfondo en cuanto a la imposición de estructuras que no necesariamente son adecuadas. En sí, es un tema de la idiosincrasia de informalidad de El Alto, no por nada somos una urbe que vive de la informalidad. Eso implica un determinado tipo de valores y necesidades como fluidez. Necesitamos tener las cosas a la mano, a la vista y lo más cerca posible. Y es algo que no se toma en cuenta en la planificación -entre comillas- de determinadas infraestructuras”.
Indicó que si bien aún se reserva su opinión sobre la nueva terminal, la implementación de la infraestructura interprovincial es un ejemplo de lo dicho previamente.
“Antes había una parada en la avenida Juan Pablo Segundo, todos los sectores involucrados se adaptaron a esos espacios y funcionaban juntos. Pero una vez que se los saca de ese lugar ya no se reprodujo la dinámica dentro de la terminal”, dijo.
Indicó que otro problema que no se vio fue la magnitud del uso con el de la estructura, que no se corresponden entre sí.
“Si se hubiera implementado en algún lugar cercano a la misma Juan Pablo Segundo, sólo con un buen manejo de vías hubiera funcionado”.
Acá entró la lógica burocrática del Estado de generar pasos y procesos para resolver algo, un desorden que dentro de su caos tenía cierto orden.
“Y eso ocurre. Para viajar a provincia se debe ir a la interprovincial, para eso se toman dos o tres movilidades. Aunque ya se está en la vía principal, se debe caminar hasta la terminal, esperar a que se llene el minubús y en él volver al camino”.
Resaltó que se debe tomar en cuenta que cuando un gobierno -central, departamental o municipal- quiere implementar una de estas obras, no necesariamente se basa en las necesidades concretas de la zona, sino “en los intereses políticos”.
“Queda ver cómo se desenvolverá el transporte en la nueva terminal, qué vías tomarán, su dinámica o lo que surgirá”, dijo.
Fuente: paginasiete.bo