Justicia ratifica sobreseimiento de Iturri y Hurtado por caso PAT

En diciembre de 2019, los senadores Carmen Eva Gonzales, Óscar Ortiz y un exempleado de PAT abrieron un proceso en contra de los altos ejecutivos de la red ATB.

 



Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La Fiscalía departamental de La Paz ratificó el sobreseimiento de Marcelo Hurtado y el rechazo de acusación contra Jaime Iturri por el caso PAT. La denuncia en contra de los altos ejecutivos de la Red ATB tenía que ver con enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y una serie de presuntas irregularidades en la compra de la televisora PAT, extremo que desde 2019 la Fiscalía señala que no pudo ser probado.

“En conclusión, la suscrita fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, como resultado de la revisión de los antecedentes colectados durante el desarrollo de la investigación, estima la insuficiencia de los elementos de convicción colectados durante el desarrollo de la etapa preparatoria para enjuiciar a los imputados René Marcelo Hurtado Sandoval por la comisión de los delitos de Organización Criminal, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Extorsión, Enriquecimiento llícito de Particulares con Afectación al Estado y Favorecimiento al Enriquecimiento llícito”, señala el documento firmado por la fiscal Aly Rosario Venegas Miranda, en fecha 23 de febrero de 2022 y que fue hecho público ayer.

Con esta medida también se beneficiaron José Luis Valencia Lozano, Alondra Janet Machicado Ibáñez y Juan Carlos Tórrez Encinas por la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Extorsión, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.

En la misma fecha, la autoridad también ratificó la resolución de rechazo de varios presuntos involucrados porque “la investigación no aportó elementos suficientes  para fundar una acusación”. Entre los beneficiados se encuentra Iturri.

“En la revisión jerárquica y reparación habiéndose atendido la objeción presentada y analizada la Resolución de Rechazo (del 12 de marzo de 2021), se verifica que el pronunciamiento emitido por la Dirección Funcional de la Investigación es congruente con los antecedentes que cursan en obrados; siendo pertinente confirmar la Resolución Rechazo a favor de Carlos Enrique Gill Ramírez, Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra, Jaime Reynaldo Iturri Salmón, Carlos Rodolfo Gill Ramírez, Josefa María Gómez de Gill, Enrique Omar Tejada Quiroga, Waldo Rodrigo Carrasco Uría y Luis Nolberto Clavijo Castro”, sostiene la resolución.

Según estos documentos, las determinaciones fueron tomadas en “estricta observación de los principios rectores de la función Fiscal y el principio de Inocencia”; toda vez que éstos exigen la existencia de pruebas suficientes, generadas por el Ministerio Público, para acreditar la concurrencia de los hechos. Se afirma que la fiscal evaluó de manera integral los elementos de convicción obtenidos durante el desarrollo de la investigación y por consiguiente “al no tener otra alternativa legal, resulta pertinente ratificar sobreseimiento en favor de los imputados”.

La resolución de sobreseimiento hace referencia a que se logró contar con información emitida por distintas entidades financieras que informan sobre una serie de  cuentas bancarias activas e inactivas. Explica que  en el movimiento de éstas no se logró establecer movimientos irregulares, sospechosos o que demuestren que los acusados formen parte de una asociación destinada a cometer ilícitos.

También se hizo una revisión de las llamadas telefónicas sin lograr pruebas de ilícitos.

Antecedentes del caso

En 2019  la senadora Carmen Eva Gonzales denunció que Hurtado y Valencia compraron   PAT con base en presiones y extorsiones, al anterior dueño Abdallah Daher. A su denuncia se sumó su par Óscar Ortiz y un exempleado de PAT quien aseguró que Hurtado creó cuatro empresas con las cuales evadió el pago de al menos 430 millones de bolivianos por impuestos.

En diciembre de 2019 el fiscal anticorrupción Samuel Lima ordenó la aprehensión del presidente del directorio de la Red ATB (Hurtado) por supuesta  legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros. Al margen, también denuncian al ejecutivo de la supuesta compra irregular del canal PAT, que implicaría al exvicepresidente Álvaro García. En su defensa Hurtado denunció que él fue víctima de extorsión y que contaba con pruebas para demostrarlo.

El proceso fue impulsado por Arturo Murillo,  exlegislador y ministro durante el gobierno transitorio, que hoy se encuentra preso en Estados Unidos.

En 2020 se emitió una orden de aprehensión en contra del ejecutivo y accionista de la red ATB, Jaime Iturri, quien se encontraba en Argentina. Desde allá, en  entrevista con Rimaypampa afirmó que salió del país por un tema médico y que “si las investigaciones se hacen en derecho, verán que nada es cierto”.

Fuente: paginasiete.bo