En febrero, al enterarse que le revocaron la detención domiciliaria -que gozó desde 2015-, la sentenciada Jeannette Bejarano Vargas envió un memorial al juez y “anunció” que presentaría una acción de libertad.
Fuente: paginasiete.bo
Carlos Quisbert / La Paz
La madrugada del 26 de junio de 2006, Jeannette Bejarano Vargas tomó el arma de reglamento de su esposo, el sargento Ariel Esteban Conde Alparu, y mientras éste estaba sentado en su cama, le disparó tres veces. El padre del militar, Esteban Conde Blanco, peregrina por los tribunales desde hace seis años para lograr que la asesina de su hijo cumpla la condena de 30 años que se le impuso. Está en libertad desde 2015, favorecida por dos jueces y una fiscal.
Recuerdos de un padre
“Disculpe, no pude enviarle la foto de mi hijo. Es que ya no tenemos ninguna en esta casa”, fue la respuesta del suboficial Esteban Conde Blanco el miércoles, luego de una llamada que le hizo este medio para recordarle que se comprometió a enviar una imagen de su ser querido para esta nota. El asesinato se registró en la casa familiar de la víctima. Entonces Jeannette Bejarano tenía 28 años y Ariel Conde, 21.
“Recogimos todo lo que nos recordaba a nuestro hijo, las destruimos, quemamos sus cosas y lo que sobró está en un depósito de El Alto, buscaré allí y se la enviamos. Fue por recomendación del psicólogo (hacer desaparecer las fotos), por todo el sufrimiento que nos causaba a su madre y a mí ver por la casa todos los recuerdos de mi hijo”, explicó el militar del servicio pasivo.
Al igual que su hijo, él sirvió en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). El padre es parte de la promoción 84 “Cobras” y el sargento lo fue de la 2004 “Ansares” (en la mitología mesopotámica significa ave dios del cielo).
Una discusión sobre la coherencia de nombrar así a grupos de esa institución militar y los planes para un futuro que no llegó, fue una de las últimas conversaciones que el suboficial recuerda haber sostenido con su hijo, antes del asesinato.
Contra su voluntad, lo que Conde aún conserva en la casa donde mataron a su hijo son partes de los expedientes judiciales del caso. Entre las fotocopias viejas que guarda, está la condena de primera instancia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, el 20 de mayo de 2008, en contra de Bejarano.
En el mismo legajo, está el “auto 074” emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 6 de marzo de 2014. Por medio de ese documento quedó ejecutoriada la condena de 30 años sin derecho a indulto para la asesina del joven sargento. Él se había casado con ella a escondidas de la familia seis meses antes de su muerte, relató el padre.
La norma establece que el cómputo de la sentencia se inicia desde la fecha en que la persona condenada es encarcelada. En el presente caso, Bejarano fue detenida en junio de 2006, por lo que debía permanecer recluida en el penal de Miraflores hasta 2036.
Sin embargo, Bejarano sólo estuvo “ocho años, siete meses y 18 días” en la cárcel, de los más de 15 años que debió cumplir hasta la gestión pasada, según devela el informe emitido por Virginia Ventura, secretaria del juzgado, el 21 de enero de 2021. Al momento de la emisión de ese informe, Bejarano ya gozaba de una tercera ampliación de su detención domiciliaria.
Juez y embarazo
De acuerdo con los registros de otros medios de prensa, en julio de 2014, la entonces delegada de las internas del penal de Obrajes promovía “el perdón judicial” ante el presidente Evo Morales. Demandaban el beneficio para mujeres sentenciadas a condenas mayores a 15 años, aludiendo la equidad de género. El pedido no tuvo respuesta.
Meses después -según el cómputo de Régimen Penitenciario- José Ayaviri Siles, entonces juez de Ejecución Penal Tercero, benefició a Bejarano con la primera detención domiciliaria por medio de la resolución 106 del 19 de febrero de 2015. Los 90 días de ese privilegio fueron justificados por una serie de artículos y leyes internacionales, citados para “proteger” la salud de la reclusa en estado de gestación.
Funcionarios judiciales involucrados en éste y otros casos de liberación de delincuentes en el mismo juzgado manifestaron que la pareja de Bejarano era otro juez, quien hizo las gestiones que beneficiaron a la sentenciada durante el periodo de embarazo de la mujer y en los años posteriores.
Página Siete logró contactarse con dicho magistrado, quien no se refirió a los trámites, pero señaló que “hace ya bastante tiempo” no tenía relación con la hoy prófuga de la justicia, pero que podía aportar con datos, ya que su carrera y su actual matrimonio se podrían ver afectados con esta información.
Juez Ayaviri y la suplente
Según documentos revisados por este medio, el juez Ayaviri amplió la detención domiciliaria de Bejarano por ocho meses, el 1 de octubre de aquel año. El 27 de abril de 2018 se extendió la medida por un año más, y finalmente, el 22 de marzo de 2019, se emitió una cuarta resolución con el mismo beneficio, pero esta vez por un año y 10 meses.
En todas las ampliaciones del beneficio, se hizo alusión a un supuesto grave estado de salud de la sentenciada. En los expedientes se citan diversas dolencias, pero sin respaldo documental.
Ramiro Cabrera, abogado del suboficial Conde, explicó que ninguno de esos diagnósticos fue verificado por médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Pese a ello, explicó el jurista, el 15 de marzo de 2019, la fiscal Rosario Venegas requirió al juez de la causa que vuelva a dar una detención domiciliaria a la sentenciada, para que ésta cumpla con el tratamiento indicado por los médicos Víctor Méndez Cuiza y Édgar Pérez.
Luego de las primeras resoluciones emitidas por Ayaviri, éste fue reemplazado por Javier Flores, en agosto de 2021, sin que queden claras las razones por las que dejó su cargo.
Y durante la vacación judicial de ese año, otra jueza suplente, Patricia Mendoza Miranda (del Tribunal de Ejecución Penal Cuarto) amplió la detención domiciliaria de Bejarano -una vez más- por otros dos años.
En todo ese tiempo, el suboficial Conde y su abogado interpusieron una serie de recursos para que los jueces terminen con los beneficios que se ampliaban para la sentenciada asesina de su hijo. Pero no fueron escuchados y la familia del militar dice que fue víctima de maltrato y burlas de las autoridades judiciales.
“En una ocasión, el juez Ayaviri se dio la libertad de decir a la familia de la víctima: ‘Ustedes ya hicieron justicia y cumplieron con su parte para lograr la condena de esta señora; ahora, déjenme a mí ver cómo cumple esa sentencia’, eso les dijo justo antes de volver a ampliar la detención domiciliaria de esta señora que ahora está en situación de evasión”, dijo Cabrera.
Justicia
El padre de Ariel Esteban Conde relató que sus tres hijos menores y su esposa decidieron ya no insistir más con la sentencia, no sólo por las amenazas de muerte que en algún momento recibieron, sino también porque estaban convencidos de que todo el sistema judicial está corrompido y vieron ahí una batalla perdida. “¿Entonces, por qué insiste en esto?”, preguntó este medio al militar.
“Porque quiero justicia para mi hijo. Siempre respeté la ley y con mi familia creímos en los jueces y fiscales. Yo nunca hice nada por debajo como hicieron ellos, pero (desde el caso de Richard Choque) ahora sabemos que no fue sólo con nosotros, sino que hay varios casos en los que (jueces, fiscales y abogados) hacen lo mismo”, respondió el militar.
Y agregó: “Mis hijos dicen que ya hicimos todo lo posible, ‘sólo queremos que ustedes ya no sufran’, dicen ellos, pero yo busco que se cumpla lo que los mismos jueces han dictado para esa mujer. No es por maldad. La madre de esa mujer puede visitarla en la cárcel, pero yo no veré nunca más a mi hijo. Sólo pido justicia”.
13 casos
De acuerdo con los reportes del Consejo de la Magistratura, el exjuez Ayaviri y los jueces suplentes del Juzgado de Ejecución Penal Tercero favorecieron y dieron libertad a al menos 13 sentenciados. Varios de ellos fueron recapturados cuando se presentaron voluntariamente, luego de que el nuevo juez titular, Javier Flores, revocó las detenciones domiciliarias.
En el caso de Bejarano, al ser notificada con esa revocatoria, el 8 de febrero de 2022 envió un “recurso de apelación”. En la parte final de ese recurso, advirtió al juez Flores que en caso de negarse su solicitud de “dejar sin efecto la orden de captura para cumplimiento de condena” e insistir en que regrese a la cárcel pese a una supuesta enfermedad terminal que padece, “anuncio a su autoridad que impetraré acción de libertad”, concluyó la mujer, quien desde el 31 de enero estaría en calidad de prófuga de la justicia.
El último informe de la trabajadora social del juzgado confirmó que Bejarano no vive en el domicilio que había acreditado ante el juez. Y hasta la fecha no se activaron las medidas coercitivas contra los garantes personales.
Página Siete buscó la contraparte del abogado de Bejarano, René Michma, pero fue detenido por otro de los casos relacionados al juez Ayaviri, que dejó en libertad a condenados por narcotráfico e incluso a una mujer sentenciada por el doble infanticidio de sus hijos.
Ayaviri también es buscado con orden de aprehensión. La fiscal Benegas no atendió a las consultas de este medio.
Boda secreta
El padre del sargento contó que pese a la diferencia de edad entre la pareja y a que la mujer tenía un hijo de una relación pasada, su familia aceptó a Bejarano por amor a su hijo Ariel Esteban. Dijo que también aceptaron que la pareja haya realizado “el matrimonio a escondidas”.
Por eso, dijo el padre, le dieron su apoyo económico y familiar, y permitieron que vivan en el departamento donde lamentablemente terminó la vida del joven militar, con tres disparos hechos con su arma de reglamento.
“Ella jamás dijo por qué lo hizo, se acogió a su derecho al silencio, pero mi hijo ya me había dicho que la quería dejar porque -ya en convivencia- se dio cuenta de que ella quería otro tipo de vida (…) Por eso (ella) le disparó, dos veces en el pecho y como no moría, lo remató con un tiro que atravesó el cuello de mi hijo”, relató Conde, que citó las pericias de balística, guantelete y los datos en la reconstrucción de los hechos.
El suboficial aún mantiene el recuerdo de la charla sobre los nombres de las promociones militares que sostuvo con su hijo. “Cómo se van a llamar cobras en la Fuerza Aérea -bromeó su primogénito en aquella ocasión-. Yo soy de los ansares, que sí dominamos el cielo”, le dijo a su padre. “Con eso reímos un rato, es lo último que recuerdo bien, antes de que esa mujer haga esto y se lleve todo el futuro de mi hijo”, recordó.
El caso es uno más de los 342 procesos en los que consorcios de jueces, fiscales, abogados, trabajadoras sociales, funcionarios de Régimen Penitenciario y médicos promovieron la liberación de delincuentes sentenciados, según los datos del Consejo de la Magistratura.
En febrero, las autoridades intervinieron 18 juzgados de ejecución penal y revisaron 832 expedientes en el país, después de que se conoció que una red irregular permitió la liberación del asesino y violador serial Richard Choque. El delincuente, que ya había asesinado a un familiar y tenía una sentencia de 30 años por el feminicidio de una joven, mató a dos mujeres y violó a otras 77, luego de ser beneficiado con una detención domiciliaria en 2019, por el juez Rafael Alcón y un consorcio de abogadas y fiscales.
Ayaviri y Alcón
- Libertad • El exjuez José Ayaviri tenía un “modus operandi” similar al exjuez Rafael Alcón, quien está en la cárcel, imputado por la liberación de delincuentes con sentencia ejecutoriada.
- Revocados • Javier Flores, el juez que reemplazó a Ayaviri en el Juzgado de Ejecución Tercero, revocó al menos 13 detenciones domiciliarias que fueron emitidas por Ayaviri y los jueces suplentes. Entre los beneficiados están narcotraficantes e infanticidas.
Ya hicieron justicia y cumplieron con su parte (…) ahora déjenme a mí ver cómo cumple esa sentencia
Atribuida a exjuez José Ayaviri
Ella jamás dijo por qué lo hizo, se acogió a su derecho al silencio, pero mi hijo me había dicho que la quería dejar
Sof. Esteban Conde Blanco
Quiero justicia para mi hijo. Siempre respeté la ley y con mi familia creímos en los jueces y fiscales
Sof. Esteban Conde Blanco
Fuente: paginasiete.bo