Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
Un nuevo capítulo de disputa política se cierne sobre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), debido a que por mayoría se rechazó el proyecto de ley de modificación presupuestaria solicitada por la Gobernación para aumentar los fondos destinados a la liquidación de extrabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), de 14 a más de 23 millones de bolivianos y otros fines.
Fuente: elPeriódico
El asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y vocal de directiva, José Yucra Paredes, afirmó este miércoles que el Plan Operativo Anual (POA) aprobado por plenaria para el 2022 no establece en ninguna de sus partidas recursos económicos destinados para liquidación, sino simplemente para funcionamiento del Sedeca y, al no aprobarse esta modificación, la Gobernación no está facultada a proceder con el pago de beneficios laborales.
“Lastimosamente ha sido rechazado por mayoría del MAS que se unió con la gente de (Comunidad de) Todos e hicieron mayoría, Unidos se quedó sin aprobar su modificación presupuestaria”, argumentó.
El vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza Peláez, explicó que el artículo 30 de la Ley Departamental Nº 139, cita expresamente que las modificaciones presupuestarias deben ser aprobadas por el Legislativo en un plazo no mayor a 20 días calendario de su requerimiento y, en caso de que esto no ocurra, se aprobará automáticamente mediante ley y la modificación del presupuesto.
“Al no querer aprobar esto, se va a cumplir el plazo de la modificación presupuestaria y se va a aprobar automáticamente, así que no les está saliendo bien la jugada a los estrategas”, mencionó.
El APUNTE
Continúa la huelga de extrabajadores
Hoy se cumple el cuarto día de la huelga de hambre iniciada por cinco extrabajadores del Sedeca en las puertas de la Gobernación de Tarija, exigiendo la abrogación del Decreto Departamental 03/2022 que establece el cierre de la institución y la puesta en marcha de la Dirección de Administración Vial.
La Gobernación ha apelado la resolución que le obliga a restituir al Sedeca y más de 300 fuentes laborales amparadas en la Ley General del Trabajo.