La Fiscalía presentó una imputación formal contra el exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas por la clausura del año escolar en 2020 y está en riesgo de recibir detención domiciliaria, como medida cautelar mientras se desarrolla el proceso penal.
La información fue revelada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aclaró que la denuncia y el proceso penal se inició bastantes meses atrás.
Cuando los estudiantes pasaban solo 28 días de clases, el gobierno transitorio suspendió las labores educativas ante los primeros casos de COVID-19 en Bolivia y se dieron los primeros intentos para la teleeducación, pero ante el fracaso, en julio se decidió la clausura académica y administrativamente.
El país se encontraba en medio de una cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.
La promesa era continuar con el trabajo por la vía virtual y a distancia.
“Disponer la clausura de la Gestión Educativa y Escolar-2020 del Subsistema de Educación Regular, en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior”, se lee en la Resolución Ministerial 50.
La medida fue criticada por afectar el derecho a la educación.
UN DELITO
La imputación es contra Cárdenas y el exviceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y desobediencia a decisiones en procesos de Amparo Constitucional, indicó Lima, según ABI. El año pasado se inició un proceso de auditoría por este caso, en busca de establecer responsabilidades.
La Fiscalía pide la detención domiciliaria de Cárdenas, tomando en cuenta su estado de salud, mientras duren las investigaciones.
“No se pedirá la detención preventiva, pero se solicita una investigación exhaustiva sobre estos hechos y otros posibles partícipes en el caso”, indicó la autoridad.
Lo que corresponde es que Cárdenas ahora asuma defensa y, a partir de eso, se culmine con la etapa preparatoria para ir o no a un juicio oral.
Lima manifestó también que la clausura del año escolar se hizo de manera grosera, como en ninguna otra parte del mundo, y formó parte de “un grave retroceso en muchos temas de derechos humanos”.
Señaló que, en una fecha tan relevante como el Día del Niño, este 12 de abril, se debe empezar a pedir cuentas a quiénes afectaron el derecho de los escolares.