La experta demandó evaluaciones psicológicas constantes en todo el sistema penitenciario y no evitar hacerlos o considerar suficiente el cumplimento de requisitos como la presentación de garantes, arraigo o un trabajo “y que salga no más”.
Fuente: ANF
Verónica Alfaro Murillo, presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, alertó sobre la ausencia de evaluaciones sicológicas de riesgo a las personas sentenciadas por delitos violentos que dejan la cárceles. Alfaro indicó que es muy necesario realizar esta evaluación debido a que hay la probabilidad de que los excarcelados puedan volver a cometer los mismos delitos, sobre todo los implicados en violencia sexual.
“En La Paz específicamente, que yo conozco, no se hacen evaluaciones de riesgo de violencia, especialmente a aquellas personas que están sentenciadas por feminicidio, por violencia doméstica, por lesiones o robo agravado, por asesinato; esas personas deberían tener una evaluación de riesgo, pero muchas veces las dejan salir porque ya cumplieron parte de la sentencia y se portaron bien en el penal”, dijo Alfaro a ANF.
La especialista indicó que estas evaluaciones pueden determinar cuáles son las características psicológicas que los liberados han podido reformular, así como la probabilidad de que vuelvan a cometer o no los mismos delitos, específicamente en casos de violadores de menores de edad.
Alfaro lamentó que no se haga nada al respeto pese a que las políticas internacionales y los avances en psicología señalan que antes de que una persona salga en libertad “sí o sí” se le tiene que hacer una evaluación psicológica de riesgo.
Señaló que lo que prima en la administración de justicia es el criterio jurídico de la aplicación de la ley y normativa penal para conseguir una sentencia, y se deja de lado el tema sicológico y de derechos humanos. Advirtió además que las leyes penales no incluyen la labor específica del psicólogo jurídico forense y penitenciario, que es el especialista en el tema.
“Muchas veces se cree que simplemente la justicia es aplicar lo que está en las leyes como el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal y no vemos más allá que hay un ser humano que está implicado y que tiene sus propias características”, apuntó.
Alfaro refirió que las normas y tratados internacionales de la psicología jurídico forense y penitenciaría indican ciertas labores específicas que deben cumplir los especialistas, y pese a que como Colegio de Psicólogos de La Paz han solicitado a las autoridades que los convoquen para complementar esta labor, esta situación continúa ausente en las normas nacionales.
La especialista indicó que además de las evaluaciones de riesgo, también se deben realizar las evaluaciones a los internos cuando ingresan al penal, y en casos de feminicidio llevar a cabo investigaciones por psicólogos jurídicos para tratar de prevenir estos casos.
“Nos enfocamos mucho en la sanción, o sea si cometió un delito que vaya a la cárcel, y no nos ocupamos de estas personas y menos nos ocupamos de las víctimas; las víctimas tienen que trajinar peor para conseguir justicia y también las dejamos desamparadas, nos enfocamos en Bolivia en el hecho de sancionar”, cuestionó.
Alfaro también criticó la investigación que se lleva a cabo en los casos penales y dijo que no indagan en la estructura del problema para conocer las causas, sino solo buscan identificar al culpable.
“Pensamos que investigar es solamente investigar el delito para encontrar la verdad, al autor, pero en realidad investigar es llegar a conocer qué causas tiene este hecho delictivo, qué ha pasado, cómo es la víctima, cómo es el agresor, cómo es el suceso, y también conocer las circunstancias que se circunscriben a este delito; nos falta mucho por hacer”, enfatizó.
La experta demandó evaluaciones psicológicas constantes en todo el sistema penitenciario y no evitar hacerlos o considerar suficiente el cumplimento de requisitos como la presentación de garantes, arraigo o un trabajo “y que salga no más”.
Dijo que no es suficiente tener un “buen comportamiento” porque hasta eso se puede manipular o pagar, como ya se ha visto en varios casos. “El psicópata se puede hacer hasta pastor evangélico en la cárcel y se cree que se ha reformado, convence al psicólogo del penal que no está formado en psicología penitenciaría, convence al juez, le da permiso y al salir sigue haciendo sus fechorías”, apuntó.
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