Aramayo murió preso y varios beneficiarios son actualmente autoridades del Estado boliviano

El exdirector del Fondioc denunció a Nemesia Achacollo, que fue ministra de Evo. Él estuvo 7 en la cárcel preventivamente. Tenía 256 procesos en su contra

 

 



 

Fuente: El Deber
 

El millonario desfalco del Fondo Indígena (Fondioc) estaba por desaparecer del imaginario colectivo del país cuando su exdirector Marco Antonio Aramayo, murió. Sucedió a las 5:40 de ayer en el Hospital Municipal de Cotahuma, de La Paz, a donde llegó el fin de semana en estado crítico y luego de sufrir una falla “multiorgánica” debido a un cuadro de presión alta, según el reporte médico.

Además, el exfuncionario de 54 años ya había cumplido siete años en prisión tras ser acusado de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, que se castigan hasta con cinco años en la cárcel (él llevaba siete años preso).

“Han sido algo más de 256 casos durante siete años en los cuales nunca se encontró la verdad y se ha disipado esa historia. En este tiempo, en la memoria y retina de los bolivianos ya no existe el Fondo Indígena, cuando en realidad, ese robo ha sido uno de los más grandes que se ha perpetrado en Bolivia y no se ha investigado hasta hoy”, dijo Héctor Castellón, el abogado que defendió a Marco Aramayo, un nativo de Cuevo que llegó al Fondioc de la mano de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc).

El caso del Fondo Indígena, que estalló en 2015, fue uno de los escándalos de corrupción más grandes en la administración de Evo Morales. Cerca de Bs 700 millones se desviaron a unas 1.100 cuentas privadas de dirigentes sociales y sindicales, afines al MAS. Muchos de ellos ocupan actualmente cargos públicos.

Es el caso de Felipa Huanca, dirigenta de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. Ella fue parte del directorio del Fondioc y desde 2021, tras titularse como socióloga, asumió el consulado boliviano en Puno, Perú.

Rafael ‘Tata’ Quispe, cuando estuvo como diputado por Unidad Demócrata (UD), promovió una querella penal contra Huanca. Quispe fue condenado a dos años de prisión por el delito de acoso político contra Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz. El exdiputado afirmó ayer que la estrategia del MAS y del gobierno de Evo Morales fue “dilatar el caso hasta que todos se olviden”.

“Se ensañaron contra Aramayo hasta llegar a su deceso. Era el principal testigo del caso. Pasaron siete años de impunidad y no existe ningún juicio contra las personas que desfalcaron y hay responsables. Estas son las consecuencias de haber dicho que la principal denunciada era Nemesia Achacollo”, quien fue ministra de Desarrollo Rural, dijo Quispe.

En 2018, un juez convocó a Luis Arce, el actual jefe de Estado quien ese tiempo era el ministro de Economía. También llamó a sus colegas Juan Ramón Quintana y Viviana Caro. Esas investigaciones no llegaron a prosperar ni las que se ejecutaron contra dirigentes sociales como Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca, quienes pudieron haber obtenido Bs 300.000 para organizar los actos en los que Evo Morales recibió en enero de 2015 los símbolos del poder andino en Tiahuanaco. Ancieta es asambleísta departamental por Cochabamba. Ayer fue designada gobernadora (a.i) por siete días.

El Fondo Indígena fue creado a partir de la Ley de Hidrocarburos para financiar proyectos de desarrollo productivo en comunidades indígenas y campesinas del país, sobre la base de los recursos que se generan con la renta petrolera.

Aramayo pidió, precisamente hace siete años, la intervención de la Contraloría General del Estado en 157 proyectos que tenían observaciones o eran “fantasmas”.

Según las denuncias, exautoridades también fueron implicadas, pero esos procesos no avanzaron ni en la Contraloría ni el Ministerio Público que inició las pesquisas con demora, pero a partir de la detención de Marco Aramayo.

Nemesia Achacollo, que lideró el directorio del Fondioc, goza desde 2017 de prisión domiciliaria, pero se la ha visto en mitines políticos del MAS. Ramiro Guerrero, fiscal general en ese tiempo, había ordenado acelerar la investigación del desfalco y de cerrar varios procesos. Justamente, la antecesora de Achacollo, la dirigenta tarijeña Julia Ramos, también estuvo presa.

Guerrero terminó su gestión como fiscal y hoy es viceministro de Tierras en el Ministerio de Desarrollo Rural, la entidad que tiene bajo su tuición al Fondo Indígena.

“Después de tantos años, no ha llegado a la fase de acusación para establecer quienes son los verdaderos responsables. Los jueces que avalaron todos estos procesos siguen esperando que la Fiscalía presente una acusación formal”, reclamó ayer ‘Tata’ Quispe.

Óscar Ortiz, cuando fue senador, también promovió en 2016 una investigación en la que reveló la magnitud y la discrecionalidad con la que se manejaron los recursos públicos por parte de dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS. La Contraloría ni la entidad especial que intervino el Fondo Indígena pudieron establecer una auditoria completa en ese tiempo, señaló Ortiz. “No se conoce a ciencia cierta la verdadera realidad del perjuicio a los beneficiarios y el Estado por este caso de corrupción”, señaló Ortiz en el informe. Eso sí, estableció un monto de Bs 729 millones que se distribuyeron en varias tajadas. La más importante fue para los Interculturales que accedieron al 32,45%; la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia accedió al 26,27%; la Federación Bartolina Sisa, al 16,36%, mientras que el Conamaq, al 10,64%. La Cidob, que aglutina a los indígenas del oriente recibió el 8% y el restante 2% corresponde a organizaciones de alcance regional y local.

En el informe también aparece el nombre de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien recibió Bs 1,4 millones para proyectos productivos. La exlegisladora cobró notoriedad con las denuncias por el llamado caso “golpe de Estado” y ayer admitió que esas iniciativas no se lograron completar, pero no asumió responsabilidad alguna y tampoco tiene pliego de cargo en el sistema de la Contraloría.

“En este tema hay mucho que investigar por parte del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía por retardación de justicia. Es lacerante que una persona pueda estar siete años con detención preventiva sin una sentencia ejecutoriada, peor aún que no haya podido tener la condiciones defensa para tener o ejercer la libertad con detención domiciliaria”, dijo ayer a los periodistas el viceministro de Justicia, César Siles.

Más temprano, el ministro Iván Lima también admitió que la justicia no obró con humanidad. Todo esto, en el contexto de una crisis del sistema judicial.

Por este caso, está en la cárcel Elvira Parra, quien fue parte de la directiva del Fondioc. Varios dirigentes disidentes del MAS también fueron procesados, pero ahora están libres.