Para la CEPB el aumento de 3% al básico para todas las empresas y no en las estatales y sector público es discriminatorio. Según Economía el ajuste no llega a 90.000 trabajadores públicos, incluidas Policía y FFAA de Bolivia.
Marco Belmonte / La Paz
El incremento salarial dispuesto por el Gobierno agobia a los empresarios privados por ser “discriminatorio” y político debido a que todas las empresas deberán acatar, pero no es obligatorio para gran parte del sector público, incluidas las compañías estatales.
El presidente Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un aumento de 3% al haber básico y 4% al Salario Mínimo Nacional (SMN).
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery, dijo a Página Siete que el sector ve con preocupación el acuerdo porque en su momento se argumentó y demostró que el país no está en condiciones de asumir ese ajuste salarial.
Para la CEPB, los niveles de incrementos salariales impuestos (3% al básico y de 4% al mínimo nacional) son inadecuados y recordó que ni el mismo sector público lo aplicará a todos los funcionarios del Estado, ya que se tuvo que excluir de su pago al personal dependiente de los ministerios, empresas públicas y la mayoría de entidades del Gobierno nacional.
El Gobierno informó que el aumento en el sector público sólo llegará a educación y salud.
Para la CEPB esto es “una inaceptable discriminación” contra el sector privado, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y aquellas que pertenecen a distintas regiones y sectores productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan.
“Esto es una discriminación, es como si hubiese empresas de primera y de segunda, unos tienen más derechos que otros a buscar su viabilidad. Seguramente las empresas públicas no tienen condiciones y por lo visto lo reconoce el Gobierno, pero debería reconocer para todos, públicos y privados”, puntualizó Barbery.
Advirtió que el aumento salarial llevará a la quiebra e insolvencia a muchas empresas y, sobre todo, afectará a las más pequeñas, que son la mayoría.
También será difícil asumir el incremento para las empresas en Tarija donde la economía decrece hace 5 años. “Por sectores en el país las empresas de turismo, hotelería, manufactura, gastronomía son las más afectadas por la crisis, la pandemia y el contrabando. Debería existir una mirada más cercana y no macro para definir estas medidas”, dijo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el aumento salarial del 3% del haber básico es la base de negociación para el sector privado, en tanto que en el sector público este incremento sólo llegará a los sectores de salud y educación.
La autoridad explicó en radio Compañera que el grueso del sector público, 310 mil trabajadores, se encuentran en los sectores de educación y salud, y son los que recibirán el aumento de 3% al haber básico. Añadió que el resto son 90.000 personas, de las Fuerzas Armadas, Policía, empresas públicas y ministros, no están incorporados.
Según Montenegro, las empresas públicas no están incorporadas en el incremento porque deben priorizar proyectos de inversión y se recuperan luego de que el anterior gobierno intentó quebrarlas por cuestiones ideológicas.
Aseguró que en promedio las empresas en general se han recuperado en el país y para considerar el aumento salarial no puede evaluarse sólo la situación extrema de algunas.
Además, subrayó que el incremento se lo determinó por justicia social y porque en 2020 y 2021 se congeló y no hubo reposición del poder adquisitivo. “Nosotros hemos hecho un análisis previo, si no hubiésemos atendido la demanda de aumento solicitado por la COB. La economía se está recuperando y hay varios sectores. Si hay aumento salarial, hay un retorno en la economía, vuelve con mayor consumo y demanda interna”, dijo.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Gonzalo Quispe, aseguró que el alza salarial es para todos los trabajadores, según el acuerdo con la COB. Añadió que el decreto supremo de aumento reglamentará este tema.
En un comunicado, el sector industrial señala que el aumento genera una “inaceptable discriminación contra el sector privado, obligándole a aumentar salarios, excluyendo de la disposición al sector público (ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado)”.
La CNI añade que las industrias cumplirán, pero señala que la medida promueve la “desindustrialización del aparato productivo nacional y el aumento del trabajo informal y precario”. Subraya que el incremento va contra la reactivación económica del sector privado y coloca en situación de alto riesgo e incertidumbre la sostenibilidad de más de 36.000 industrias y 600 mil empleos. Además, afectará la generación de empleos.