Censo 2022: Preocupa el traslado de habitantes y se alista un registro para evitar estas situaciones

La medida se aplicará en cuatro ciudades y cuatro meses antes de la encuesta. Piden al INE mayor coordinación para que la población sea censada en su vivienda habitual y no en su lugar de origen
Karem Mendoza

Las alcaldías de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, El Alto y Sucre están preocupadas por el traslado de personas que habitualmente ocurre el día del censo. Como mecanismo para contrarrestar este fenómeno, las autoridades preparan para julio el registro de habitantes, cuatro meses antes de la encuesta que realizará el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este trabajo, según los alcaldes, ayudará a identificar la migración interna. También servirá para hacer comparaciones del crecimiento poblacional con los datos oficiales. Incluso permitirá ejercer el control social a quienes exigen obras y proyectos, pero que no fueron censadas en su vivienda habitual sino en su lugar de origen.

Por otro lado, algunos municipios dudan de la fiabilidad de la actualización cartográfica y creen que podrían cometerse omisiones. Ante ello, el “pre censo”, como algunos han denominado, sería una opción.

“Estaremos preparados en los 15 distritos municipales y como hay subalcaldías, esa será la base de operaciones para que tratemos que ningún ciudadano o vecino deje de ser censado. Nos aseguraremos con nuestros recursos y eso ayudará para la representación parlamentaria”, informó el secretario de Autonomías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, José Luis Santistevan.

El funcionario también sugirió a la Gobernación cruceña realizar un pre censo de todo el departamento y de las poblaciones indígenas para garantizar que sean censadas por el Gobierno central.

Desde Potosí, el alcalde Jhonny Llally recibió las ofertas de cuatro consultoras. Una de ellas se encargará del pre censo en la Villa Imperial. La autoridad proyecta adjudicar este trabajo a una institución potosina.

“Haremos como un pre censo, se puede ver cuántos habitantes están en este momento, antes de que exista el censo. Cuántos habitantes hay en un distrito y zona, para ver cuánto de fuga existe el 16 de noviembre. En muchas oportunidades hemos visto que en el censo la gente se va y nos vienen a exigir proyectos cuando los recursos correspondientes no alcanzan”, enfatizó el burgomaestre.

Llally pretende invitar a otros municipios a sumarse a esta iniciativa, también para exigir al INE “de una vez” iniciar con la actualización de la cartografía.

Por su lado, el departamento de Chuquisaca prevé desplegar personal técnico de las alcaldías en coordinación con las dirigencias comunales y organizaciones sociales para hacer un conteo rápido de personas. Proyectan cruzar información con las carpetas familiares de salud y los registros de estudiantes.

“Consideramos que vamos a obtener un dato confiable y real en las diferentes comunidades para conocer cuántos migraron”, aseguró el director de la Asociación de Gobiernos Autónomos de Chuquisaca, Leoncio Layme.

Asimismo, aplicarán estrategias para promover el retorno de chuquisaqueños, quienes, por cuestiones de trabajo, abandonaron el departamento de manera temporal.

En el caso de El Alto, la iniciativa surgió de las juntas vecinales. Los dirigentes serán los encargados de procesar los datos y enviarlos a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía alteña para su tabulación y comparación con las estadísticas oficiales.

Antes de aplicar este mecanismo de autocontrol se prevé iniciar una campaña de difusión sobre la importancia de permanecer en el lugar donde habitualmente se reside, ya que esto influirá en la repartición de recursos.

En contrapartida, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de La Paz vinculado al MAS, Justino Apaza, fomenta el traslado de personas para el día del censo, bajo el argumento que el departamento debe recuperar el primer puesto en población y que las comunidades no pueden perder recursos.

Auto de buen gobierno

Durante el censo, otro operativo importante será el cierre de límites departamentales y provinciales para impedir la movilización de ciudadanos.

Las gobernaciones son las encargadas de emitir resoluciones que prohíban las actividades de comercio en mercados, supermercados, tiendas de barrio, puestos callejeros y otras modalidades de expendio de productos y otros artículos.

Tampoco estará permitido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en establecimientos públicos y privados (domicilios particulares, tiendas, hoteles, restaurantes, bares y cantinas).

La circulación peatonal y vehicular quedará restringida para que la población permanezca en sus hogares.