La concejala señaló que las dos anulaciones, el cambio de gerencia y la renuncia de Andrea Hoyos con solo dos semanas en el cargo, son indicios de que hay una irresponsabilidad y negligencia de parte del Ejecutivo
Fuente: El Deber
A tan solo 10 días de que fenezca el contrato de aseo urbano con la empresa Vega-Solvi, la renuncia de la gerente de Emacruz, Andrea Hoyos, que solo estuvo dos semanas en el cargo, genera más incertidumbre debido a que aún se desconoce cual será el operador que se hará cargo de la limpieza de la ciudad los próximos meses.
La concejala Lola Terrazas en una entrevista en EL DEBER Radio, expresó su preocupación sobre el manejo de Emacruz, debido a que «muestran una negligencia e irresponsabilidad ante la renuncia de la nueva gerente, Andrea Hoyos».
«Es muy preocupante lo que está pasando con nuestra empresa, no solamente por el momento crucial en el que nos encontramos por el tema del aseo urbano, sino también porque Emacruz y todas las otras empresas descentralizadas son patrimonio de los cruceños», indicó Terrazas.
Señaló al directorio de Emacruz, que deben dar explicación sobre cómo se está manejando la empresa, «aquí le cae toda la responsabilidad al alcalde Jhonny Fernández, al señor Mario Centellas, a Richard González, a la arquitecta Andrea Daza, que conforman el directorio de Emacruz, ellos tienen que explicarle a la gente por qué en más de seis meses no pueden licitar una empresa, por qué estos cambios bruscos y la renuncia de esta nueva gerente».
Agregó que no tiene pruebas, pero que los fracasos en Emacruz son porque «hay coimas por debajo», lo que no asegura que haya una empresa responsable a cargo del manejo de la basura. «Esas dos anulaciones estaban firmándose con actos de corrupción y cuando hay una empresa que paga coimas para adjudicarse una licitación, tenemos los servicios deficientes y las personas o funcionarios que reciben esta coima no tienen la moral ni la ética de exigirle a la empresa que cumpla todas las especificaciones técnicas que tiene un proceso».
A esto añadió la necesidad de aprobar la Ley de Contratos para fiscalizar y asegurar a la población de que las licitaciones se están realizando de manera correcta. «El actual reglamento del concejo limita mucho para ser fiscalizador, limita mucho porque no tenemos la facultad para convocar a un informe oral a un miembro del Ejecutivo, limita muchos porque todas las peticiones de informe que se hacen tienen un camino muy burocrático».
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Fuente: El Deber