El 55,6% de los menores vinculados como fuerza laboral tienen entre 7 y 13 años.
La situación de pobreza y el decrecimiento económico, a causa de la pandemia, provocaron que más de 403.000 niños bolivianos, entre 5 y 13 años, se vean obligados a trabajar, según la última Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes (ENNA).
Sin embargo, la cifra de menores de edad que son vinculados a la fuerza laboral alcanza a 724.000 si se suman los 321.000 adolescentes, entre 14 a 17 años, a los 403.000 niños de 5 y 13 años. De este total, 388.000 son varones (50.9%) y 335.000 mujeres (49.3%).
La concentración geográfica de las niñas, niños y adolescentes trabajadores está en el eje central: La Paz, con 237 mil; Santa Cruz, con 147 mil; y Cochabamba, con 110 mil. En Potosí existen 96 mil menores trabajando; en Chuquisaca, 48 mil; y en Tarija, 23 mil. Los departamentos con menor trabajo infantil son: Pando, Oruro y Beni con 9 mil, 16 mil y 23 mil, respectivamente.
De los 724.000 niños y adolescentes trabajadores, el 69.34% (502 mil) labora en el área rural y el 30.66% (222 mil) en el área urbana.
“Una de las principales causas del trabajo en Niñas, Niños y Adolescentes se comprende (a raíz) que el decrecimiento económico, vinculado a la pandemia y las restricciones generadas por la misma, afectará de forma amplificada a los sectores más pobres, a los que laboran el sector informal o a los que ‘viven al día’”, alerta el informe de «Trabajo infantil y adolescente en Bolivia: Vulneración del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo», presentado ayer por la Defensoría del Pueblo.
Según los tratados internacionales suscritos por Bolivia, la edad mínima para que los menores puedan trabajar es de 14 años. Sin embargo, el 55,6% de los menores vinculados como fuerza laboral tienen entre 7 y 13 años.
La última ENNA fue realizada en 2019, para el 2021 no se efectuó el relevamiento de datos que podría haber brindado un mejor panorama para entender la gravedad del trabajo infantil en Bolivia.
“La base para cualquier interacción entre el Estado y una población en situación de vulnerabilidad deberían ser los datos estadísticos, que permiten caracterizar esta población para el desarrollo de políticas públicas y acciones que tengan un impacto real y concreto”, indica el informe defensorial.
El Gobierno se propuso en 2018 erradicar el trabajo infantil para el 2025.