Economía afirma que la deuda pública total es del 43,6% del PIB y que se estabilizó el “explosivo crecimiento” de la deuda interna

El Ministerio de Economía indica que el porcentaje está por debajo de los límites establecidos como recomendables en el marco de las buenas prácticas internacionales.

Fuente: El Deber

 

Por Walter Vásquez



El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que hasta febrero de este año el ratio de la deuda pública total de Bolivia es del 43,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que logró estabilizar «el explosivo crecimiento» de la deuda interna.

“A febrero de 2022 el ratio de la deuda pública total sobre el PIB asciende al 43,6%, por debajo de los límites establecidos como recomendables en el marco de las buenas prácticas internacionales”, indicó esa cartera de Estado en un comunicado.

Respecto al informe del Banco Mundial, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, dijo ayer lunes que “no se puede confundir las cifras de endeudamiento interno y externo, porque tienen fines y concepciones metodológicas diferentes. Por lo tanto, sería un error agregar la deuda interna con la externa”.

La deuda externa se encuentra por debajo de un 30%, cuando nosotros hemos llegado se ha generado un avance hacia un 27 y 28%, que son las cifras de endeudamiento actual», aseguró.

El Ministerio de Economía indicó en el comunicado que “el importante crecimiento de la deuda pública interna experimentado durante el gobierno transitorio está siendo encarado por el Gobierno nacional en el marco de una política prudente de endeudamiento, habiéndose logrado estabilizar el «explosivo crecimiento de la deuda interna» registrada en 2020, retornando a la senda de sostenibilidad de la deuda interna.

El informe ‘Consolidando la recuperación’,  del Banco Mundial proyecta que este 2022 la deuda pública total consolidada del país, que incluye la del gobierno central, gobiernos subnacionales, empresas públicas, acreedores externos y privados nacionales, sector público financiero y el Banco Central de Bolivia (BCB), tendrá “un valor cercano al 80%” del PIB. Este porcentaje está por encima del promedio regional (69,8%), pero no es el más alto en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con datos oficiales, la deuda externa mantuvo una tendencia ascendente estable desde 2008 ($us 2.505 millones) hasta 2016 ($us 7.267 millones), pero comenzó a acelerarse desde 2017 ($us 9.428 millones) hasta llegar a $us 12.589 millones a julio de 2021.

La deuda interna, por su lado, se mantuvo en niveles casi similares hasta 2017 ($us 4.474 millones, pero desde 2018 ($us 5.376 millones) se empezó a expandir cada vez más hasta superar en 2018 la deuda externa y llegar a fines del año pasado a un equivalente de $us 13.685,7 millones.

El Banco Mundial considera que, desde el final, la bonanza de los precios de las materias primas en 2014, Bolivia ha experimentado un importante aumento de la deuda de la mano de financiamiento externo y del BCB. Esto como parte de los esfuerzos para mantener la economía creciendo y afrontar los desafíos resultantes de la pandemia.

«Este financiamiento ha contribuido a mantener una tasa de crecimiento relativamente alta y ha financiado gran parte del gasto de emergencia resultante de la pandemia. Creemos que los países, y Bolivia no es la excepción, podrían explorar nuevas formas de impulsar el crecimiento sin aumentar continuamente la deuda pública», se informó desde la Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney.

Para estabilizar el ratio de deuda respecto al PIB, el organismo multilateral plantea algunos caminos, como establecer un plan para reducir gradualmente el déficit fiscal y promover el crecimiento.

«Es difícil reducir el déficit fiscal en plena recuperación de la pandemia, pero en el mediano plazo reducir la razón deuda-PIB contribuiría a mantener la confianza de los acreedores y disminuir la exposición de los fondos de pensiones y el Banco Central«, sostiene la oficina de Maloney.

«Consideramos que, además de la mejora de los ingresos hidrocarburíferos y tributarios, es posible mejorar la eficiencia del gasto público sin afectar las prestaciones de servicios públicos y los programas de protección social, particularmente a los grupos más vulnerables. En este sentido, podría ser útil mejorar la priorización de la inversión pública, reevaluar y focalizar transferencias, establecer procesos de contrataciones más transparentes y competitivos, y mejorar la gestión de recursos humanos. De igual manera, podría ser necesario establecer sinergias con el sector privado para activar nuevos motores de crecimiento», indica la institución.