Emacruz pone en manos del Concejo la continuidad por ocho meses de Vega-Solví

El contrato transitorio tiene un costo de Bs 196 millones y se ajusta a los precios acordados en la gestión 2013. Los concejales opositores cuestionan la decisión, pero aseguran que analizarán en detalle los informes presentados por Emacruz
Deisy Ortiz Duran, Juan Carlos Fortún

La Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) definió la continuidad del operador Vega-Solví con el servicio transitorio de ocho meses y puso en manos del Concejo Municipal la aprobación de esta propuesta.

La tarde de ayer, la gerenta de Emacruz, Andrea Hoyos, presentó al Legislativo los informes y un proyecto de ley para revisión y aprobación que permita a Vega-Solví asumir el servicio transitorio mientras llevan adelante la licitación internacional para la contratación del nuevo operador por los próximos ocho años. El contrato transitorio correrá desde el 26 de abril, por un monto de Bs 196 millones.

“Se está garantizando el servicio para tranquilidad de la ciudadanía”, remarcó Hoyos.

La gerenta explicó que presentó los informes de la comisión técnica, económica, jurídica, de salud y ambiental, que sustentan la continuidad del actual operador, los mismos que deben ser revisados, evaluados y aprobados en el pleno del Concejo Municipal.

La contratación directa a Vega-Solví fue justificada por la emergencia de salud que se vive en este momento. “El trabajo que hemos venido realizando estos días en Emacruz, en coordinación con todos los departamentos técnicos especializados, ha sido precautelando la salud de la ciudadanía. Esta decisión se ha tomado dado el contexto actual, que aún nos encontramos en emergencia sanitaria por el tema del Covid-19”, explicó.

Indicó también que, según el informe de salud, estamos entrando en una fase de afectación de dengue y chikunguña.

Emacruz justifica que desde el punto de vista técnico y ambiental Vega- Solví cumple con los requisitos de licencia ambiental y autorizaciones para llevar adelante el servicio.

La conclusión del contrato del actual operador es el 25 de abril, lo que apura al Ejecutivo a cerrar el contrato transitorio.

Además, señalan que se está manteniendo los precios del contrato inicial en la gestión 2013.

Paralelamente, según Hoyos, se está trabajando en los Documentos Base de Contratación (DBC) del servicio de recolección para los próximos ocho años y para la planta de aprovechamiento y tratamiento de residuos, con una duración de dos años.

Opositores cuestionan

El concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, califica como vergonzosa la decisión porque asegura que el Ejecutivo ha tenido 11 meses para contratar a un nuevo operador y recordó que anteriormente se presentó un informe que señalaba incumplimiento de contrato por parte de Vega-Solví. “Cómo es posible que pretendan continuar con la misma empresa”, cuestionó.

Medrano adelantó que el proyecto de ley que ingresó al Concejo entrará a revisión, pero si encuentran alguna irregularidad no lo aprobarán.

También recordó que hay muchas denuncias de los vecinos porque la basura está en las calles, por lo que cuestiona la decisión de ampliar el contrato. “¿Acaso no hay más empresas a nivel nacional que pueden hacerse cargo de este servicio, por qué la insistencia de continuar con este contrato?”, dijo.

Observó que se pretende avalar un servicio con equipos viejos y señala que incluso Vega-Solví alquila volquetas de areneros para recoger la basura.

Medrano adelantó que tienen 15 días para analizar el proyecto de ley y que lo harán revisar por técnicos para que no haya ningún daño al municipio. “Vamos a tratar de tener un informe en una semana en función a lo que recibamos”, adelantó.

Explicó que este proyecto de ley se leerá por correspondencia en la sesión de hoy y se tiene que remitir a la comisión de Planificación.

Sin embargo, indicó que en este momento el Concejo no está facultado para aprobar esta ampliación porque no se ha promulgado la Ley de Contratos, por lo que le genera dudas que ahora ingrese uno para su tratamiento “¿Esto por qué?, acaso quieren que avalemos un acto trucho o que metamos la mano en esta situación que está lamentablemente muy manipulada. No nos vamos a prestar para eso”, cuestionó.

También dijo que no se puede justificar una emergencia para hacer un contrato transitorio, porque tuvieron 11 meses para adjudicar al nuevo operador. En este sentido, considera que hay incumplimiento de deberes y negligencia.

Señala que el Decreto 181 posibilita invitar a empresas nacionales, pero ahora pretenden hacerlo de forma directa con Vega-Solví.

Por su lado, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, dijo que analizan los criterios técnicos y jurídicos de esta ampliación. “Estamos en esta situación porque se ha fracasado en dos licitaciones”, señaló.

Saavedra dijo que se llegó a este punto por una negligencia en las licitaciones que fueron canceladas. Agregó que no es la primera vez que se amplía el contrato y cree que no es justificativo sustentarlo por una emergencia sanitaria, por eso van a revisar toda la documentación entregada por Emacruz.

Por su parte, el concejal masista, Rolando Pacheco, adelantó que su bancada evaluará la documentación, pero advierte que hay mucho descontento en la población por el servicio que presta Vega-Solví. Propone que el aseo pase a manos de una empresa municipal.

Presentan denuncia

A su vez, el concejal Medrano informó que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público hoy, a las 14:00, contra técnicos y administrativos de Emacruz por una supuesta manipulación de los DBC de los dos contratos cancelados.

Medrano agregó que, a pesar de estas dos cancelaciones, los funcionarios municipales que llevaron adelante esos procesos tienen que ser procesados “porque nadie puede utilizar estos contratos para favorecer a una empresa” y recordó un caso similar, ocurrido con los taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde solo por “manipular” los DBC, 20 personas fueron imputadas.

En esta denuncia contra los funcionarios de Emacruz, Medrano cree que al menos siete personas deben ser investigadas, entre profesionales del equipo jurídico, especialistas y gerentes que fueron responsables de las licitaciones.

La denuncia será presentada por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros. Además, de ir en contra de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos del Estado Plurinacional de Bolivia y del Decreto Supremo 181, que se refiere a la ejecución de los recursos y servicios públicos.

Explicó que lo que se está presentando en la Fiscalía no es una denuncia directa y dependerá de la Contraloría identificar a los supuestos responsables y establecer el grado de culpabilidad dentro del proceso de investigación.

“La manipulación ha sido intencional porque han cambiado precios ¿y quiénes ven esto?, los técnicos y la parte de finanzas. También han manipulado leyes jurídicas ¿y quién lo avaló?, por lo menos serán entre siete y diez los investigados”, cuestionó.

Ante la presentación de esta denuncia, la gerenta de Emacruz, dijo que los concejales de C-A están en su derecho de solicitar la investigación que crean necesaria. “Están en la libertad de revisar todo lo realizado en las gestiones pasadas”, dijo Hoyos.