Afirmó que la evidente situación de corrupción en la que están involucrados privados de libertad y autoridades es uno de los obstáculos que no permite algún cambio de la problemática, el que empeoró durante la reciente etapa de la pandemia del Covid-19.
La exdirectora del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara, calificó como irresponsables a las instituciones estatales como el Ministerio de Gobierno, Régimen Penitenciario y Defensoría del Pueblo por mantener el precario sistema carcelario del país, con hacinamiento, zonas de tortura, falta de clasificación de internos y otros, que se mantienen pese a recomendaciones de organismos internacionales.
“Son las instituciones y quienes las dirigen las que tienen no solamente una insensibilidad por esta problemática, sino también una irresponsabilidad. Hay funcionarios que están con los objetivos puestos para poder atender esta situación y sin embargo no pasan de las rejas de las cárceles”, dijo a ANF Guevara al evaluar este tema.
Indicó que las recomendaciones para cambiar el deficiente sistema carcelario vienen incluso desde antes de 2009, cuando el Estado Plurinacional boliviano era considerado como República. Y que la problemática “heredada” es muy costosa de transformar hasta la fecha.
“El Estado tiene el reto de descolonización, de depatriarcalización, no solo de los centros penitenciarios, sino de Régimen Penitenciario. No es un problema de la ley, sino de las instituciones y de quienes las dirigen”, dijo.
Afirmó que la evidente situación de corrupción en la que están involucrados privados de libertad y autoridades es uno de los obstáculos que no permite algún cambio de la problemática, el que empeoró durante la reciente etapa de la pandemia del Covid-19.
La exdirectora del Sepret, ahora convertido en el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, afirmó que, con la vigencia de las zonas de tortura en las cárceles del país, denominadas como de “castigo” o “contención”, se incumplen las reglas de Mandela por ser vulneradoras de los derechos humanos.
Asimismo, recordó que la normativa internacional sobre este tema es incumplida por el Estado Boliviano, que está adscrito a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La semana pasada la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, confirmó que el Gobierno avanza con la adecuación del tipo penal de tortura a la normativa internacional y que prontamente el tema será tratado en la Asamblea Legislativa.