“La defensa (de la exmandataria) percibe que se ha tardado mucho en resolver una situación que constitucionalmente ya está establecida en la norma”, reclamó Luis Guillén, abogado de Jeanine Áñez.
Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó este miércoles que existe “temor” en las autoridades judiciales para emitir fallos que beneficien a la exmandataria y atribuye ello a “presiones políticas”.
“Evidenciamos el temor que tienen las autoridades judiciales en emitir los pronunciamientos que puedan favorecer a la exmandataria, independientemente del cumplimiento de la ley. Existe un franco temor y esto se debe a las presiones políticas”, aseguró el jurista en una entrevista con La Razón Radio.
El lunes, la expresidenta logró que la Justicia falle a su favor y sea apartada de un juicio ordinario en su contra por la designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), cuando ejercía la Presidencia, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La expresidenta demandó ser juzgada en un juicio de responsabilidades porque se la acusó por hechos ocurridos durante su mandato.
“Se sabía desde un principio, al someter a una expresidenta a juicio ordinario, era evidente que se estaba incumpliendo la Ley 044 y la CPE (Constitución Política del Estado). La defensa (de la exmandataria) percibe que se ha tardado mucho en resolver una situación que, constitucionalmente ya está establecida en la norma”, reclamó Guillén.
El abogado explicó que esa decisión “emerge de una respuesta de una resolución de acción de defensa, es decir está emergiendo de una disposición del Tribunal Constitucional, que le dice (al tribunal) que resuelva apegado a la ley”. Por tal motivo, “la Sala Penal Cuarta ha cumplido una acción constitucional y al cumplir una acción constitucional, esto no puede ser resometido a revisión del Tribunal Constitucional con una acción de amparo u otro mecanismo constitucional”.
Áñez fue imputada por la designación de Karina Leiva Áñez como gerenta general de EBA, sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
Fue acusada por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones y complicidad.
Para el Gobierno, el caso no está cerrado y se puede aún impugnar la decisión judicial, incluso con recursos. Asimismo, advirtió que esta determinación no afecta a los otros dos procesos ordinarios contra Áñez, por los casos Golpe de Estado I y II, mientras que el abogado de la exmandataria opinó lo contrario.
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