“La fuerza pública de Colombia ha sido siempre una fuerza legítima, defensora de la vida”: Iván Duque

El primer mandatario presidió el lanzamiento presentó la Ruta de Atención y Acompañamiento Institucional para los miembros de la fuerza pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

El primer mandatario presidió el lanzamiento presentó la Ruta de Atención y Acompañamiento Institucional para los miembros de la fuerza pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) . EFE/ Carlos Ortega

Fuente: Infobae

Este jueves 7 de abril el presidente de Colombia, Iván Duque, presentó la Ruta de Atención y Acompañamiento Institucional para los miembros de la fuerza pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes cometidos en medio del conflicto armado.

El primer mandatario destacó que esta ruta, con la que se busca brindar una orientación en los procesos que adelantan 3.367 uniformados en la justicia transicional, tiene el propósito de marcar el “principio diferenciador entre los integrantes de la fuerza pública” con los diferentes actores armados ilegales que “subvirtieron el orden”.



“La fuerza pública de Colombia ha sido siempre una fuerza legítima, defensora irrestricta del orden constitucional, defensora, como lo dice el artículo segundo de nuestra Carta, de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos en todo lugar del territorio. Bajo esas premisas existe una diferencia natural, incuestionable, inobjetable, entre quien defiende la República y el orden constitucional, y quien lo quiere subvertir, afectar, deteriorar, aniquilar”, indicó el jefe de Estado durante el evento.

A su vez, indicó que este mecanismo busca brindar acompañamiento psicológico y social, acceso al Sistema de Protección Social y a vivienda, así como asistencia en materia jurídica, y oportunidades de empleo y formación, para los uniformados que hallan cometido “conductas contrarias o presuntamente contrarias al honor militar” o hayan sido máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, como el caso de los vinculados a los ‘falsos positivos’.

En ese sentido, indicó que esta herramienta era fundamental porque cobijaba especialmente a jóvenes que, en “condición de soldados profesionales, por circunstancias de modo, tiempo y acción operacional” han sido llamados por el organismo creado a instancias del Acuerdo de Paz para investigar y juzgar a los responsables de algunos de los episodios más crueles en la historia reciente del país.

“El acompañamiento jurídico es especializado, porque el hecho de comparecer, no es que exista un incentivo para autoincriminarse o que se esté buscando la participación para, por la vía de la autoincriminación, tener que resolver situaciones jurídicas. Ese tipo de aproximaciones serían nefastas. Aquí se están dando todas las plenas garantías para que el hecho de comparecer también este soportado sobre los principios del debido proceso, y, sobre todo, bajo los principios que dentro del debido proceso atañen a los criterios probatorios sobre las responsabilidades individuales”, indicó el primer mandatario.

Asimismo, indicó que el Gobierno nacional ha velado por el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar, aclarando que no buscaba ser una justicia “cómplice o atenuada”, sino todo lo contrario, una justicia drástica, pero “cimentada en criterios de modo, tiempo y acción operacional”, lo que representaría elevar su estructura administrativa y alcance de Unidad Especial, así como un consejo asesor precedido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“La ruta es una forma también de decirles a quienes han portado uniforme de nuestro país, que no están solos, y que este acompañamiento, que además es coordinado con la Jurisdicción Especial para la Paz, permite mostrar ese elemento distintivo desde el comienzo, que es la diferenciación incuestionable en quien defiende la patria y quien atenta contra la patria”, concluyó el presidente Iván Duque.

Las declaraciones del primer mandatario estarían en contravía de los argumentos expresados por expertos y organizaciones sociales que aseguran que ha existido sistematicidad en crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública como los falsos positivos, en el que estarían implicados cientos de uniformados, y que según la JEP supera la cifra de 6.402 personas que fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.