Loayza era uno de los mejor calificados para ocupar funciones como defensor del Pueblo de Bolivia, pero el MAS lo marginó de la carrera, luego de la fase de entrevistas.
Marco Antonio Loayza, expostulante a Defensor del Pueblo de Bolivia. | APG
El expostulante a defensor del pueblo Marco Antonio Loayza era uno de los que mejor se perfilaba para ocupar esas funciones, tras un trabajo de 18 años en el campo de los derechos humanos, pero ahora está marginado de la carrera, luego de la fase de entrevistas.
En esta entrevista, entrega a Los Tiempos sus apreciaciones, desde su perspectiva de exactor, sobre el proceso de selección.
—¿Cómo evalúa el proceso de selección para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo? ¿Considera usted que ha recibido un trato similar o que hubo favoritismo para otros postulantes?
—Me adscribo a lo señalado por las entidades que están realizando veeduría ciudadana como la Observación Ciudadana Democrática, que en algunas etapas sí hubo algunos errores que pueden haber afectado a algunos/as postulantes; desgraciadamente, el Reglamento no consideraba más que una etapa de impugnación, no permitiéndose en otras de importancia como la revisión de méritos o en la etapa de entrevista.
En mi caso, tuve un primer momento de duda sobre el proceso en la revisión de méritos en el cual presuntamente cumplí nueve de 10 requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento y la convocatoria; soy completamente consciente de que previamente a la entrega de postulación verifiqué cumplir la totalidad de requisitos con sus respectivos respaldos. Sobre este punto, los veedores denunciaron que se estaba haciendo la revisión de carpetas muy rápido y perjudicando a algunos postulantes, lo que me hizo pensar que esa omisión se debió a eso, aunque ahora podría pensar que se ha debido a que no quería mostrarse mi perfil con la excelencia que tiene.
—¿Qué opina usted sobre su descalificación, cuando era uno de los postulantes mejor evaluados hasta este tramo?
—Es lamentable, como ciudadano sin una posición político-partidaria y que confía en el sistema democrático; puse mi confianza en un proceso que pensé objetivo y que observaría los méritos y trayectoria de cada uno de los postulantes. Mi persona viene trabajando 18 años en la temática de derechos humanos, 12 de los cuales presté mis servicios en la Defensoría del Pueblo, y el resto en organizaciones no gubernamentales donde pude seguir aportando especialmente con poblaciones vulnerables.
Realmente es necesario que este tipo de procesos tenga una participación más amplia de sectores imparciales y principalmente académicos, que puedan realizar una evaluación mucho más objetiva. Mire usted lo que aconteció ahora con la negativa del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que rechazó facilitar las preguntas para el examen oral, lo que demeritó mucho la calidad del proceso.
—¿La comisión hizo un trabajo independiente, sin interferencias políticas desde el oficialismo, o usted, desde adentro, notó que había injerencia política?
—Durante la mayor parte del proceso, no se observaba algún tipo de interferencia; sin embargo, luego de mi exclusión, podría pensarse que sí hay algún tipo de consigna contra un postulante completamente independiente; caso contrario no se explica que los veedores y otros sectores de la sociedad civil hayan aplaudido mi intervención en la entrevista y el sector oficialista haya tenido una opinión única, subjetiva y completamente negativa de un mismo hecho.
—¿Considera usted que un candidato independiente tiene las mismas posibilidades de ser designado que otros que tengan apoyo político?
—Desgraciadamente pensé —quizá inocentemente— que en esta oportunidad, dado que el oficialismo no contaba con los dos tercios, se buscaría una opción más equilibrada y no se cometerían los errores de 2016, que afectaron mucho a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo todo este tiempo, lo que también animó mi postulación, puesto que, como señalé, mi persona es completamente independiente y nunca tuve una filiación partidaria, por lo que consideré que mi candidatura sería bien considerada por las fuerzas políticas.
—¿Qué criterios en la selección cambiaría usted para que este proceso sea más justo y equilibrado?
—Básicamente me parece que el proceso debe buscar un equilibrio en la participación de actores político-partidarios y actores de la sociedad civil, que quite a los primeros el manejo total del mismo, con hechos como el acontecido con mi persona, y esto no sólo se vio en este proceso, sino también en otros como en la selección de candidatos/as a los máximos cargos del sistema de justicia.
Es necesario que haya cambios en la calificación de méritos; en el presente proceso era lo mismo tener un doctorado, una maestría que un diplomado, no había una calificación objetiva, era lo mismo haber trabajado un año que 10 en la temática de derechos humanos.
Por otra parte, los temas de impugnación son muy importantes y, si revisamos, es también un derecho fundamental poder levantar la voz ante una injusticia. En este proceso solamente se estableció esa posibilidad luego de la revisión de documentos habilitantes y no en otras etapas en las que la Comisión pudo haber cometido errores, como en la calificación de méritos o en la entrevista.
—¿El idioma nativo fue un obstáculo en la valoración de su postulación como defensor del pueblo?
—Yo soy un defensor del Estado Plurinacional, trabajo con muchas organizaciones de los pueblos indígenas a los que respeto mucho, el no hablar de manera fluida un idioma originario nunca ha sido un obstáculo para mi relacionamiento dentro de una mirada intercultural. En mi postulación hice mi presentación en aymara, que es el idioma originario que estudié como servidor público; sin embargo, algo que no se tomó en cuenta es que los cursos que brindan las entidades públicas son básicos, de un máximo de tres meses, y no permiten una comunicación fluida, aspecto que no se tomó en cuenta por la Comisión y puso en desventaja con las y los postulantes no nativos o con identificación indígena.
—¿Qué opina usted sobre el hecho de que cuatro postulantes que siguen en carrera hayan sido funcionarios públicos, como denunció Comunidad Ciudadana?
—Yo creo que ser servidor o servidora pública no debería ser un problema para optar a un puesto, lo contrario sería discriminatorio; sin embargo, hay calidades de funcionarios públicos y aquellos que hayan cumplido labores de confianza o libre nombramiento y funcionarios jerárquicos obviamente se entiende que tienen un compromiso con la entidad gubernamental y los partidos que tienen la dirección de los mismos, cualquiera sea la línea ideológica.
Otro elemento que trae desconfianza a la ciudadanía en general es que en la actualidad, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos para optar a un cargo deben jurar militancia a un partido político: se vio esto en alcaldías, gobernaciones y, por supuesto, en el Gobierno central, lo que obviamente descalifica la idoneidad e independencia de cualquier ciudadano/a.
—¿Reúnen los candidatos que siguen en carrera los requisitos básicos de independencia frente al poder e imparcialidad?
—Eso es difícil de decir y no sería ético de mi parte, sin pruebas objetivas, afirmarlo.
Perfil
Marco Antonio Loayza pasó a la etapa de entrevistas con un puntaje de nueve sobre 10. Es abogado. Actualmente trabaja como coordinador especial en Gestión Judicial y Justicia Plural en la Fundación Construir.
Se ha desempeñado como consultor en la Coordinadora de la Mujer (2018), en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2017 y 2016), en la Defensoría del Pueblo ejerció diferentes cargos entre 2004 y 2016. Habla los idiomas aymara, francés e inglés.
Ha realizado cuatro maestrías y publicado artículos, además de un libro.