En una semana, se destaparon tres casos que involucran a policías. En 2021 la institución recibió 1.503 denuncias por corrupción y otros delitos, 80 de los procesos disciplinarios terminaron en baja definitiva.
domingo, 24 de abril de 2022 · 05:18
Fuente: paginasiete.bo
Leny Chuquimia /La Paz
En 10 días, tres casos que involucran a efectivos de la Policía Boliviana pusieron en la mira a la institución del verde olivo. Ya en 2021, la fuerza del orden recibió 1.503 denuncias por corrupción en contra de sus efectivos, 681 se rechazaron.
“No queremos efectivos policiales que se entren a domicilios a cometer delitos, que estén vinculados al narcotráfico. Se están tomando todas las acciones necesarias para tener una Policía completamente institucionalizada y disciplinada. Vamos a continuar alejando de la institución a aquellos malos efectivos que cometan delitos en nuestro país”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La crisis policial no es nueva. Ya en 2019, la verde olivo estuvo en el ojo de la tormenta por una serie de efectivos policiales involucrados en casos de extorsión, narcotráfico, contrabando, robos etc. Casos como el del narcotraficante Pedro Montenegro o el del comandante Rommel Raña, relacionado con el contrabando, decantaron en que el entonces presidente Evo Morales anunciara la implementación de cámaras en los uniformes, una aplicación para denunciar a los efectivos y un registro integral de los más de 37.000 efectivos y sus nexos familiares, para reestructurar la Policía. Tres años después, la reforma no llega.
1.503 denuncias contra policías
Según la Rendición Final de Cuentas 2021 de la Policía Boliviana, durante la gestión pasada, la institución del verde olivo recibió 1.503 denuncias por hechos de corrupción. De éstas, 681 fueron rechazadas por ser denuncias falsas, porque no se pudo comprobar el hecho, porque no existían elementos de convicción o porque los casos ya habían sido juzgados.
De acuerdo a los datos presentados, 425 de las denuncias que fueron investigadas están relacionadas al consumo de bebidas alcohólicas en servicio; a la entrega de partes falsos; a la negligencia, descuido o participación en la fuga de aprehendidos; petición o recepción de dádivas, coimas u otros beneficios; y la deserción.
Además, 466 casos fueron remitidos al Ministerio Público porque existen pruebas o los efectivos estaban sometidos a detenciones preventivas, por haber violado la Ley 348, la Ley 1008 y la Ley 004.
De 260 casos tratados por el Tribunal Disciplinario del verde olivo, 80 concluyeron con baja definitiva, 46 con retiros temporales, 121 con resoluciones absolutorias , seis con el archivo de los obrados, seis por excepción por prescripción y seis con extinción de la acción.
Aguilera indicó que en temas estadísticos la deserción es la falta más recurrente. No mencionó que también incurren en orden de servicios ilícitos, comercialización de armas, uso injustificado de vehículos y uniformes, compromiso de realizar reincorporaciones y cambios, concretar acuerdos con delincuentes, tratos crueles y ser hallados en acciones delincuenciales en flagrancia.
Los tres casos recientes
El viernes, la Policía Boliviana procedió a la aprehensión de la subteniente Lizett Condori, acusada de liderar una banda delictiva que atracó en una vivienda de Santa Cruz, el 15 de abril. La oficial, que tras terminar su formación en Argentina se desempeñó como secretaria personal del comandante del verde olivo, Jhony Aguilera, estaba destinada a la Felcc de Cochabamba. Se presume que viajó hasta la capital oriental para cometer el ilícito.
Al momento se detuvo a cuatro miembros de la banda y tres continúan prófugos. Se sospecha de más policías involucrados.
El mismo día de la aprehensión de Condori, Del Castillo dio a conocer que ocho efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonia fueron aprehendidos por un presunto volteo (desvío) de 800 kilos de cocaína, en un operativo realizado el 17 de abril en la estancia “Los Nicos” del municipio de San Borja, en Beni.
Se conoce que en dicha intervención, los efectivos secuestraron cerca de 1.200 kilos de cocaína, pero sólo reportaron 431. Según Del Castillo, al enterarse de la desaparición de una parte de la droga, los propietarios de la carga empezaron a llamar a los efectivos para amenazarlos para que se les devuelvan los restantes.
Ayer se realizó la audiencia de medidas cautelares de los ocho efectivos. Se dictó su detención preventiva en el penal de Palmasola en Santa Cruz, a donde fueron trasladados desde Trinidad.
El tercer caso, aunque ocurrió en marzo, fue denunciado apenas el viernes pasado. Según el abogado Zahar Ríos, el privado de libertad Gustavo Vargas salió con un permiso del Centro de Readaptación Productiva de Montero para robar 500 mil bolivianos de la caja fuerte de una vivienda. “Después volvió al penal como si fuera su casa”, afirmó el jurista.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en presencia del custodio que ahora es investigado por este hecho irregular.
De acuerdo con los reportes preliminares, el reo también obtuvo un permiso para salir a hacer unos trámites en horas nocturnas o en feriados. Se investiga al oficial encargado de esa cárcel, que ya fue llamado a declarar.
Del Castillo anunció nuevo régimen disciplinario para la Policía
Durante la Rendición Pública de Cuentas inicial de 2022, realizada el pasado 1 de abril, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que entre los proyectos de ley que prepara su cartera de Estado se encuentra un nuevo Régimen Disciplinario para la Policía Boliviana. Sostuvo que la actual ya no se adecúa a la nueva realidad de la institución verde olivo.
“Lamentablemente la actual ley ya no se adecúa a las actuales circunstancias. La norma vigente, muchas veces, es utilizada para mandar al congelador a un buen oficial o suboficial con procesos injustos. Pero también, la misma normativa no permite que saquemos a las manzanas podridas de la institución”, manifestó la autoridad en su rendición pública.
Señaló que es necesaria una nueva ley que libere de esos proceso tediosos a los buenos policías, pero que -sobre todo- permita alejar de la institución a aquellos malos efectivos que cometen infracciones, delitos u otros actos de corrupción.
“Son estos efectivos los que hacen daño a la imagen de tan importante institución como lo es la Policía Boliviana”, sostuvo la autoridad.
Fuente: paginasiete.bo