Desde exproveedores del Estado boliviano hasta efectivos con denuncias de abuso, esos son los antecedentes de las autoridades involucradas en el caso de encubrimiento al narcotráfico en el Valle Sacta. No todos los implicados son investigados.
Leny Chuquimia / La Paz
Desde exproveedores del Estado hasta efectivos con denuncias de abuso, esos son los antecedentes de las cinco autoridades involucradas en los narcoaudios. A excepción de un caso, sus declaraciones juradas muestran patrimonios bajos.
Según la denuncia, el pasado 25 de marzo un operativo antinarcóticos en Valle Sacta fue cancelado por orden del jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, y el comandante nacional de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar), Jaime Arancibia. En el lugar había un megalaboratorio de droga y cuatro fábricas, que presuntamente eran operadas por ciudadanos extranjeros.
No fue hasta 10 días después que el caso se hizo público, cuando el expresidente y líder cocalero, Evo Morales, presentó unos audios de lo ocurrido en Sacta.
En menos de dos días se realizó un nuevo operativo que dio con el megalaboratorio y el Ministerio Público abrió un caso de oficio. En él se emitieron cuatro órdenes de aprehensión en contra de las dos autoridades mencionadas anteriormente, además del exjefe de Umopar Chapare Erick Terán y el capitán que estaba a cargo del operativo, Iverth de Villegas, quien ahora cumple detención domiciliaria.
En su declaración, Terán corroboró la denuncia de Morales y una que él mismo presentó en la Fiscalía de Chimoré días antes, pero que se desconoce si procedió. Pasó de ser denunciante a investigado y en su declaración reveló que, además, todo lo ocurrido era de conocimiento del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, y que éste le cuestionó no haber detenido el operativo cuando se lo ordenaron.
Con la autoridad, suman cinco las personas detrás de los narcoaudios. Pero pese a las pruebas presentadas, la última proveniente de los movimientos sociales del trópico, Mamani no es investigado ni fue llamado a declarar.
Aunque es una figura muy cercana a Andrónico Rodríguez y al ala que apoya a Evo Morales, su trayectoria dentro del partido azul no es muy conocida.
Lo que sí se sabe de él es que trabajó en la Gobernación de Cochabamba y que en 2021 hubo protestas por su designación.
Terán, el denunciante que pasó a investigado
Terán se presentó a la Fiscalía a declarar y salió libre. Foto: APG
Hasta la noche del operativo de Valle Sacta, el teniente coronel Erick Yerko Terán Mendoza era el jefe de la Umopar Chapare. Luego de denunciar encubrimiento al narcotráfico en el trópico cochabambino, fue puesto a disposición del Comando Nacional de la Policía. De acuerdo a la Contraloría, el miembro del verde olivo, hasta el 16 de diciembre de 2021, declaró tener seis bienes y un total de activos por 2,9 millones de bolivianos. Sus deudas son de 974.400 bolivianos y las rentas (pasivos) de 96.782. En 2018, cuando era comandante de la Policía de Uyuni, se adelantó en denunciar la venta de arroz sintético chino. En un operativo conjunto con la intendencia se procedió entonces al decomiso más de 100 bolsas de un kilo del producto. El Senasag, luego, afirmó que no era sintético.
A los pocos días fue destituido de su cargo. Ante los rumores sobre las causas, el comando departamental de Potosí afirmó que se trataba de una reestructuración de rutina.
Hace una semana, luego de conocerse su destitución y que debería prestar su declaración ante la Fiscalía, mucha gente y gran parte de sus camaradas le dieron su apoyo. Pero también surgieron algunas denuncias anónimas sobre presuntos abusos a sus subalternos.
En 2010, cuando aún era capitán, Terán se vio envuelto en una denuncia de posesión de vehículo con placas clonadas. Se sumó una agresión al sargento que identificó el caso.
Tanto Terán como el agredido fueron citados a la entonces Dirección de Responsabilidad Profesional. El primero aceptó haberse excedido y pidió disculpas y el segundo decidió aceptarlas. No se menciona qué pasó con el vehículo.
Mamani, de proveedor del Estado a viceministro
El 13 de noviembre de 2020, Jaime Mamani Espíndola fue posesionado como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. No es su primer cargo público, ya que en 2020 fue coordinador con los Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba.
La última declaración jurada de Mamani data del 30 de septiembre de 2021. No tiene activos ni deudas. Anotó un bien y rentas (pasivo) por Bs 194.689.
Figura como propietario de la empresa JME & ECG Obras y Servicios con NIT 6518242013. Mediante esta firma, antes de ingresar al servicio público, se adjudicó contratos estatales por obras y provisión de insumos de escritorio o limpieza.
Poco es lo que se sabe la autoridad antes de que llegue a la administración estatal. “Viene de las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba”, señala, como único dato, el portal web del viceministerio.
Dirigentes y autoridades de la región del trópico, del MAS y oposición, señalan que es un hombre cercano a Andrónico Rodríguez y que fue muy activo durante la campaña electoral para las elecciones nacionales de 2020. Sin embargo, no logran identificar su trayectoria como dirigente sindical.
“Es un aparecido, igual que el ministro Eduardo del Castillo. Sabíamos que era universitario de la San Simón. Pero como dirigente o trayectoria orgánica no lo conocemos”, indicó una fuente del trópico.
Consultado Gerardo García, hombre fuerte del MAS, indicó no conocer la trayectoria de Mamani dentro de la sigla. “Para mí es nuevo. Yo lo conocí ya dentro del Gobierno, seguramente es parte de la gente de las nuevas autoridades, pero yo no lo conocí antes”, manifestó.
El dirigente departamental del MAS, Grover García, indicó no saber de Mamani, porque no conoce mucho de los dirigentes del trópico. “Tienen que consultarle a él”, sugirió.
El excandidato del MAS Reinaldo Esequiel, quien realizó una protesta contra Mamani en Santa Cruz en mayo de 2021, tras conocer el tema de consulta dejó de contestar los requerimientos de Página Siete.
Ivert de Villegas y un antecedente por robo agravado
El capitán Ivert Alejandro de Villegas Herbas es investigado porque encabezó la patrulla de Umopar que incursionó hasta Valle Sacta. Según la Fiscalía, hay indicios de su responsabilidad, por lo que fue imputado por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El miembro de la Felcn nació en Cochabamba y trabaja en repartición el verde olivo hace varios años.
En audiencia cautelar se dispuso su detención domiciliaria con derecho a trabajo, la obligación de presentarse cada lunes ante el Ministerio Público, además de un arraigo y una fianza de 20.000 bolivianos.
Su declaración jurada indica que trabaja en la Policía Boliviana. Su último formulario anual fue presentado el 20 de abril de 2021. Anotó que tiene solo un bien y no declaró activos. En su documento figura una deuda por 267.701 bolivianos y una renta (pasivos) de 80.900,00.
En 2014, junto a otros dos efectivos antidrogas fue denunciado por los delitos de vejaciones y torturas, allanamiento de domicilio o sus dependencias por funcionario público y robo agravado.
De acuerdo a las investigaciones, el 19 de noviembre de ese año, De Villegas, entonces miembro de Umopar Yacuiba, ingresó la puesto ganadero La Victoria. Apuntó al propietario con un arma para saber “dónde está la droga”. Al ver que no había nadie en la casa, los tres efectivos lo golpearon y le dispararon para amedrentarlo.
Según la declaración del denunciante ante el Ministerio Público, lo amenazaron con matarlo y hacer pasar el hecho como “un ajuste de cuentas”. Denunció, además, que al allanar la vivienda se llevaron varias de sus pertenencias.
Luego de que la presunta víctima fue liberada, en una audiencia cautelar por fabricación de sustancias controladas, solicitó la devolución de sus cosas. Pero éstas no le fueron devueltas, debido a que no fueron registradas como secuestradas. Por años el proceso no avanzó. Hasta 2019 la Policía se negó a dar datos sobre el destino de los efectivos implicados.
José María Velasco, del gobierno transitorio al de Arce
La declaración jurada del coronel Wilmher José María Velasco Villarroel, exdirector general de la Felcn, es la única (de los involucrados en el caso) que no se encuentra disponible en los resúmenes públicos de la Contraloría General del Estado.
Velasco llegó a la Felcn el 23 de noviembre de 2021. Fue destituido poco después de que salieran a la luz, unos audios que lo involucran en una presunta protección al narcotráfico, al ordenar a patrullas de Umopar no intervenir fábricas de droga halladas en Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba, el pasado 25 de marzo.
Según la denuncia de Terán, fue Velasco quien ordenó parar el operativo.
Con 30 años de experiencia en la verde olivo, Velasco tiene formación en seguridad y recibió capacitaciones en Estados Unidos.
En 2020, durante el gobierno de transición, fue posesionado como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, pero no permaneció en el puesto por mucho tiempo. Luego de dos meses y 25 días fue destituido sin que las autoridades den explicaciones
Antes de su cambio, atendió el caso de la aprehensión y liberación de los dirigentes del Conaljuve que fueron hallados en posesión 10 mil dólares y el caso del militante del MAS César Cueto Chajtur, quien intentó ingresar al Palacio de Justicia usando la identidad de un abogado.
Tras dejar la Felcc, Velasco asumió la dirección de la de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz. Era un cargo en el que ya tenía experiencia, ya que años antes fue parte de la Felcv de Sucre. Dentro su carrera también fue comandante del Batallón de Seguridad Física, durante el proceso contra Aerosur.
Por el actual caso Narcoaudios, el 7 de abril se emitió una orden de aprehensión en su contra. Pero pese a ello, en declaraciones a Cadena A, Velasco manifestó que esperará los 15 días otorgados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que una investigación interna de la Policía determine si existe responsabilidad administrativa o penal.
Arancibia, uno de los jefes no investigados
Hasta el pasado 7 de abril, el coronel Franco Jaime Arancibia Díaz era el comandante nacional de Umopar, cargo del que fue destituido luego de ser denunciado por frenar un operativo antidrogas.
Pocos son los datos públicos encontrados sobre la autoridad de la Policía Boliviana.
Su última declaración jurada data del 30 de junio de 2021. Pese a su larga carrera policial, indicó no tener bienes y que sus activos apenas llegan a 1.500 bolivianos. Según el documento, su deuda asciende a 6.000. Los efectivos que estaban a su orden señalan que sí cuenta con varios bienes. Aunque se desconoce si los mismos están a su nombre.
Por el caso narcoaudios, en el proceso abierto de oficio por el Ministerio Público, el 7 de abril, la Fiscalía Anticorrupción y de Legitimación de Ganancias Ilícitas emitió una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no recibió su declaración, así como tampoco la del coronel Velasco.
Ambas autoridades son acusadas de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. No se mencionan delitos relacionados al narcotráfico.
Según la denuncia de Terán, la noche del operativo fallido el viceministro Jaime Mamani se presentó en las oficinas de la unidad en Chimoré, junto a Velasco y Arancibia, para cuestionarlo sobre el operativo.
“Arancibia abandonó la reunión, nos quedamos mi persona, el señor Jaime Mamani y el coronel Velasco. Es ahí donde me dijeron: ¿por qué no hiciste caso a la orden de retirarse del lugar? Les dije que era mi trabajo (…) me quedé sorprendido por la orden del comandante nacional de Umopar, coronel Arancibia”, señala la denuncia hecha por Terán en la fiscalía de Chimoré.
Fuentes de Umopar señalaron que desde que Arancibia asumió el cargo hay sectores en los que no pueden patrullar por órdenes suyas. Sin embrago, no presentaron pruebas que corroboren esto.