La senadora denuncia que la actividad minera ilegal se campea en Bolivia fomentada por la Ley Minera. Considera que el Estado está perdiendo el control de esa actividad, lo que germina los conflictos.
Alcides Flores M. / La Paz
El Gobierno tiene miedo a las cooperativas mineras, que camufladas en la figura de “marginales” -bajo el amparo de la Ley Minera- explotan oro por el que no tribuban casi nada, porque además de tributar poco, sacan el oro vía contrabando. La última muestra de ese miedo es el “Reglamento de Infracciones y Sanciones” que excluye a ese sector de las sanciones por las faltas que vayan a cometer en su actividad.
La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, es una de las legisladores que más entiende esta problemática y está alarmada por cómo este sector adquiere cada vez más poder y explota el oro fuera de los radares de control, en total impunidad, y con el alarmante uso de mercurio pese a las alertas que ya han dado varios estudios. Es más, afirma que casi no tributan porque la mayor parte del oro que sacan del país es por la vía del contrabando.
Y en este momento hay quienes afirman que el negocio del oro es incluso más rentable que el del narcotráfico, debido a que el precio del metal está por las nubes. De esta problemática habla Requena en esta entrevista con Página Siete.
¿Qué pasó aquel fatídico 1 de abril en la comunidad Chushuara (municipio de Apolo, La Paz)?
Desde el inicio de mi gestión parlamentaria trabajo en torno a la problemática de la explotación del oro en la cuenca amazónica, específicamente en el norte de La Paz. Desde el año pasado queríamos ir a la región y hablar con los pobladores. Al Parque Madidi hay que entrar por dos vías: Rurrenabaque, San Buenaventura y el río Beni. Y la otra entrada es por Apolo. Siempre quisimos hacer una inspección en el lugar.
También se combinó con una visita de inspección de la Comisión de Pueblos Indígenas, que había sido invitada también por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), una organización de base que defiende los territorios y áreas protegidas, y por la Mancomunidad de Comunidades Indígenas. Estas dos entidades nos invitaron.
¿Qué pasó ese día?
Nosotros llegamos el martes 29 de marzo. Ya el día que viajábamos ocurrió una confrontación en Chushuara. Había imágenes de personas maniatadas y en la Comunidad de Carmen Florida nos pidieron que hiciéramos algo por comunarios indígenas que habían sido tomados presos en el marco de este conflicto. En particular preocupaba la detención de don Miguel Supas. Nos rogaron que hagamos algo por él, porque es una persona muy querida y que no había razón alguna para detenerla.
¿Quiénes protagonizaron las detenciones?
Los afiliados de la organización Túpac Catari, que son mayoritariamente de Apolo. Ellos bajaron a la comunidad de Chushuara y se enfrentaron a los interculturales. Los que ahora ocupan el espacio son los que los detuvieron. La Policía trajo a 18 personas a La Paz, entre ellas a don Miguel Supas.
¿Y cuál era el argumento de ellos para detenerlos?
Dijeron que ellos los agredieron con armas de fuego. Y Acusan a Supas de haberlos disparado. Él no sabe leer ni escribir y durante toda su vida se ha dedicado a ser jornalero. Y toda la comunidad lo quiere mucho porque además es anciano.
¿Quiénes son los detenidos?
No hay un informe oficial sobre eso. Le puedo decir que después de la agresión, ya hay una comisión conformada por el INRA, el Defensor del Pueblo y otras entidades en la región. Pero esta comisión todavía no ha podido resolver el problema de los desplazados, porque hay gente que antes vivía ahí y hoy ha quedado sin hogar.
¿Cuál es el origen de las peleas?
Aparentemente todo gira en torno a la explotación del oro. Y lo que sí me parece grave es que el Estado no pueda garantizar derechos mínimos en la región y tampoco hacer nada frente a los señores que están ahí, que quemaron varias de las casas y que dejaron desplazados a varios.
¿En qué momento comenzó la agresión?
Estábamos en el bote cuatro mujeres y dos hombres, don Valentín y el conductor. Había una planicie donde se veía a gente con carpas instaladas. Nuestra intención era llegar a Chushuara. Vimos a dos personas que estaban pescando y nos pusimos a hablar con ellas. En ese instante aparecieron dos hombres muy agresivos. Sonaron petardos y una dinamita, no sé si contra nosotros. Estas dos personas agresivas lo primero que hicieron fue pedirnos que apaguemos los celulares o que nos iban a decomisar. En el momento en que nos exigían apagar los celulares, alguien lanzó una piedra muy grande contra nosotros. La lanzaron al bote, pero afortunadamente no nos llegó
Ante semejante agresión grité: “nos vamos a ir”, y entonces uno de ellos dijo: “ustedes no se van a ir”, y empezó a gritar para que detengan el bote. Gritó para que la gente nos intercepte. Felizmente nadie lo hizo. Y salimos del lugar.
¿Quiénes son esas personas?
No lo sé aún. Lo que sí sé es que bajaron a Chushuara como si fueran dueños de los espacios que ocupan, con muchos habitantes de Apolo ayudándolos, muchos afiliados a la Federación Campesina Túpac Katari, y algunas personas de Chushuara que se pusieron del lado de ellos.
Cecilia Requena, activista desde hace tres décadas. Foto: Archivo Página Siete
Usted dijo que el lugar se ha convertido en “tierra sin ley”.
Sí. Es inaceptable que haya personas que se permitan semejante grado de violencia y violación de todos los derechos, no sólo nuestros, sino de los pueblos indígnenas de la región (takanas, lecos, chimanes, mosetenes y otros). Estos energúmenos creen tener el derecho de agredirte y violar tus derechos.
¿Los va a denunciar?
Estoy preparando mi denuncia ante la Fiscalía. Vamos a seguir con este tema, no se puede quedar ahí, porque es parte de un asunto más grande, que es el descontrol que se está generando en la región. No sólo se envenenan los ríos con mercurio, sino que se están generando enfrentamientos entre comunidades o entre comunidades y gente que llega de afuera.
¿Por qué se está dando esta situación de enfrentamientos?
En gran medida los problemas se dan porque el Estado está haciendo una cosa terriblemente irresponsable. La fiebre del oro es brutal y los precios están por los cielos. Tenemos una Ley de Minería que ha promovido la explotación de oro por cooperativas con unas condiciones muy particulares y favorables. Pero no sólo es eso, que sería la parte legal; lo que abunda es la minería ilegal, porque se da con gente extranjera, con empresas legales, pero también con gente que hace negocios con parte de la comunidad. También hay comunidades enteras que se meten a la actividad, y la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) entrega derechos mineros sobreponiéndose a territorios indígenas, a áreas protegidas o a poblaciones fuera de los territorios indígenas. Todo eso es la receta para los enfrentamientos.
¿Qué rol juega la AJAM en todo este panorama?
La AJAM no tiene un correlato de fuerzas para el control. Da derechos mineros, y al tardar mucho en darlos, da lugar a la ilegalidad. La AJAM no tiene la posibilidad de controlar la minería ilegal, que es la mayoritaria, ni tiene una instancia para controlar la propia minería legal, para que se cumpla la licencia ambiental, el reciclaje de mercurio y otras obligaciones. Por lo tanto, es una irresponsabilidad máxima lo que está haciendo el Estado por el lado de la minería.
¿Por qué dice que la Ley Minera fomenta la actividad ilegal?
La Ley Minera permite que los mineros reserven un área para explotarla, y hasta que la AJAM hace el proceso (demora mucho tiempo), comienzan a operar.
Es decir, ¿la ley permite que con la sola reserva ya se pueda operar?
No, no pueden operar, eso es ilegal, pero no hay quién controle y obviamente con un negocio tan potente en términos económicos, incluso si hubiera quién controle, habría una dificultad enorme para hacerlo.
¿Cuán rentable es hoy este negocio?
Hay quien dice que es un negocio muy parecido al del narcotráfico o que es aun mejor. Muchas redes están contrabandeando. Son muy pocas las mineras que operan en regla. Hay mineros que operan con sólo un manifiesto ambiental, que es casi como una declaración jurada, es muy simple. Pero la mayor parte está actuando fuera de la ley. Y nadie controla.
Y lo grave es el uso indiscriminado del mercurio…
Es grave e irreversible, porque daña el sistema nervioso central. La gente de la región, según un estudio comparado entre Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia, tiene altos niveles de mercurio en el cuerpo. Ésa es una forma indirecta de establecer el horror y la masividad de la minería ilegal que está utilizando mercurio de una manera completamente fuera de la ley, porque el mercurio por reglamento debe ser 100% reciclado. No se está reciclando ni tampoco Bolivia controla su importación. Eso nos ha respondido la Aduana, que ha dicho que no controla el mercurio, que es muy tóxico. Lejos de reducirlo, o eliminarlo, Bolivia ha aumentado su importación sin un tratamiento especial.
Hay gente con mercurio siete veces más de lo permitido, y hay casos de hasta 27 veces más. De manera indirecta podemos saber la cantidad de mercurio que se está echando a los ríos y no hay nadie que controle.
¿Cómo resolver este problema?
Habría que hacerlo desde el fondo. Incluso la propia Ley Minera, en su artículo 93, establece que no se puede hacer minería en ríos ni en cabeceras de cuenca. Entonces, ¿cómo es posible que se den concesiones? Chushuara es un lugar donde no hay un Estado. Tenemos un Estado que está generando las condiciones para más enfrentamientos.
El tema consiste en reconsiderar la política minera, la dotación de concesiones y establecer mecanismos de control. Por ejemplo, ya que la AJAM no puede hacer operativos, por las distancias, debiera usar imágenes satelitales. El Gobierno también puede controlar la importación y comercialización del mercurio y controlar su reciclaje. Se puede controlar la importación de diésel que entra en grandes cantidades, porque los mineros lo necesitan para hacer funcionar sus maquinarias, que dejan los ríos como campos bombardeados. El Estado prácticamente subvenciona la actividad minera ilegal, porque pagan regalías ínfimas.
Las cooperativas pagan muy poco en regalías.
Sólo pagan el 2,7% en regalías. Ni siquiera pagan esa miseria, porque la mayor parte del oro sale de contrabando. Las cooperativas se amparan en la figura de “marginales” que está en la Ley Minera. Con ese argumento ellos sólo tributan ese porcentaje bajo. Pero la cosa es peor. Sólo una minoría de los yacimientos marginales paga ese porcentaje, y la mayor parte del oro sale por contrabando. No pagan ni eso.
¿Por qué el Legislativo no afronta este privilegio que tienen las cooperativas por el tema de los tributos…?
No es un tema del Senado que tiene mayoría del MAS. El cooperativismo minero es una respuesta a la falta de empleo en Bolivia, mucha gente se va ahí para tener ingresos. Como la gente se va masivamente ahí, se han convertido en un movimiento social muy fuerte, que puede presionar y negociar con el Gobierno. Muchas autoridades, además, son mineras. Por lo tanto, la presión de este sector hacia el Gobierno es fuerte.
Es un poder…
Es un poder fáctico y no deja de crecer. Hay cola de concesiones. No hemos visto lo peor.
¿Qué es lo peor?
Más enfrentamientos, más violencia. Ya hay sectores adonde no se puede ingresar porque hay gente armada y negocios ilegales que defender. Podemos perder áreas protegidas, el Madidi, territorios indígenas. Habrá más contaminación de ríos. Realmente es un problema grande.
¿El Gobierno tiene miedo a este sector?
Es un sector muy poderoso y está creciendo.
El Senarecom sacó un reglamento de sanciones, pero esa norma no toca a las cooperativas.
Es la prueba de lo que le digo. El Estado abdica de sus deberes múltiples por el bien común, empezando por la salud de las personas, el derecho al medioambiente sano que tenemos todos, respetando las áreas protegidas. Ese reglamento es una confirmación del enorme problemón en que estamos.
¿Quién es? Nació en Múnich, Alemania, el 5 de marzo de 1967.
Formación Estudió comunicación social (UCB) y la carrera di- plomática. Tiene maestrías y un posgrado en proyectos socio- ambientales.
Es activista desde hace ya tres décadas.
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