Richard Cayoja, abogado del excomandante de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) Chimoré Yerko Terán, informó ayer que su cliente, investigado por el caso “narcoaudios”, pidió a la comisión de fiscales garantías para él y toda su familia puesto que ha recibido amenazas de muerte. Dijo que solicitará con un memorial que su defendido sea considerado testigo protegido puesto que sus familiares también están siendo intimidados.
El martes 12 de abril, Terán declaró por al menos cuatro horas y media ante la Fiscalía donde reveló más detalles del caso “narcoaudios” que hace referencia a la presunta existencia de “ciertos grupos” dentro de las fuerzas antidrogas que protegen y fomentan las actividades ilícitas del narcotráfico.
“(El excomandante de Umopar Chimoré) ha dado a conocer aspectos importantes para la comisión de fiscales e inclusive (datos) que mi persona desconocía y que me han dejado sorprendido. La declaración ha sido bastante larga y mi defendido ha manifestado todo lo que conocía”, dijo.
Acotó que el testimonio de Terán fue importante para la comisión de fiscales puesto que en su criterio otros servidores policiales citados, unos siete, dieron información “falsa”.
Supone que la Fiscalía valoró su predisposición para el esclarecimiento del caso y, por ese motivo, no ordenó su aprehensión.
El jurista manifestó que Terán no tiene motivos para “esconderse de la Justicia” y que, por el contrario, está dispuesto a dirigirse al lugar donde encontraron el 25 de marzo el megalaboratorio de droga colombiano, en la zona de Valle Sajta de Cochabamba, donde habrían recibido órdenes para frenar el operativo.
DISCIPLINARIO
Terán declaró ayer como testigo en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) por el caso “narcoaudios”.
“Se presentó a declarar en calidad de testigo, no como denunciado”, señaló Cayoja.
El abogado dio a conocer que su cliente se presentará hoy al Comando General de la Policía donde le comunicarán cuál será su nuevo puesto laboral.
DEFENDIDO
A pesar de que Terán, involucró al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en el caso narcoaudios, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo salió en su defensa.
Dijo que no encontró ningún elemento “de convicción” que afecte la transparencia de la autoridad que fue denunciado por encubrimiento al narcotráfico.
Terán acusó a Mamani de convocarlo a una reunión donde dispuso su destitución del cargo por haberse resistido a obedecer la orden de repliegue de un megalaboratorio.
Del Castillo también informó, citado por ERBOL que en cinco días de intervención a la FELCN, van 65 de 900 funcionarios que fueron sometidos al polígrafo. El plazo vence en 10 días.