Entre lo chuto y lo trucho, el gobierno se hace bruto

La palabra “chuto” (en Bolivia) es un denominativo que se le da a lo ilegal, que no cumple con las normas o la legislación boliviana, es lo prohibido aceptado por el gobierno central, los ciudadanos y los gobiernos municipales que se benefician económicamente de su existencia. En síntesis, la delincuencia reconocida pero no sancionada. Y lo chuto es lo que está hundiendo a la Policía boliviana, se han convertido en los mayores delincuentes al ser pasivos en la lucha en contra de la comercialización de autos robados e internados ilegalmente, que ellos habían sabido controlar. Como dijo un comandante, “mientras estos autos estén parados, no hay delito”

Lo “trucho” se refiere a la persona, que actúa con falsedad e hipocresía, que no tiene la suficiente capacitación para ejercer el cargo que ostenta o para realizar las tareas que tiene encomendadas. Y esta definición encarna actualmente a quienes luchan contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción. No solo nos referimos al policía, sino a todo el poder judicial del país, ya que sin la complicidad de fiscales y jueces la corrupción no hubiera crecido de manera abismal. No hubiéramos tenido a sentenciados en las calles, a ladrones de las cárceles robando a sus anchas en las calles y a policías robándose drogas de las incautaciones que se hacen.



Lo “Bruto” es cuando el maleducado y desconsiderado hace uso excesivo del poder eventual y la fuerza, para emplearla sin control o discreción, comportándose de manera desconsiderada con los demás. Para decirlo de manera más clara, es quien no tiene inteligencia y, por tanto, conocimientos. Creo que no hace falta identificar a quien identificamos con este denominativo, sí, al gobierno del MAS, quienes desde que agarraron el poder lo mejor que hicieron fue hacer desaparecer los valores y principios que la sociedad boliviana mantenía. Era más fácil convertir a todos sus allegados en mafiosos, ladrones, narcos y hacer del poder judicial un antro de amedrentamiento, extorsión, disuasión y brazo operativo de sus malas intenciones respecto al uso y abuso de los recursos públicos y bienes del Estado boliviano. Conllevando a la fuerza policial, a un adoctrinamiento encubridor de la ilegalidad y acosamiento al opositor.

La corrupción policial se está convirtiendo en una de las principales causas de la desconfianza ciudadana en sus instituciones. Peor aún, cuando la justicia está subordinada a un mando político que motiva a prostituirse a los que juraron, precautelar el orden, la ley y la justicia en beneficio de la comunidad que mantiene y financia su existencia. Para combatir este mal endémico en la institución verde olivo, que ya hasta tiene un color a putrefacción, es necesario comprender cómo funciona y qué la provoca.

La corrupción policial que se está dando de manera preocupante, no es más que el abuso de responsabilidades que tiene todo policía. Para que se entienda mejor, consiste en el ejercicio del poder a su alcance para obtener un beneficio económico, profesional, político, personal o de grupo, dejando a un lado el respeto a la ley que lo lleva a convertirse en un delincuente más, con protección de aquellos políticos, a los que le hacen favores.

Somos testigos, de que actualmente en todo el territorio nacional, existen dos tipos amplios de corrupción policial: la operativa y la administrativa, ambas amparadas por un desgobierno existente y una ausencia total de mando al interior de la institución.

La corrupción operativa. Ocurre en el trabajo cotidiano del policía cuando está en contacto con los ciudadanos. O sea, cuando sales a divertirte un fin de semana, y los policías te paran para realizarte un test de alcoholemia (que de entrada ya está cargada con el tufo del oficial) y te trasladan a un distrito policial, para que el “juez policial” determine tu sanción, no sin antes, realicen un análisis corporal que le hacen al “alcohólico”, que les ayuda a detectar lo pudiente que pudiera ser el infractor ocasional y de esa manera generar la “multa” el “arresto” o el chantaje de suspenderle la licencia por un año. También se da, en el parqueo de las diferentes calles, donde aparecen grúas policiales y sin ton ni son, se cargan el vehículo, para que uno se aproxime a pagar una multa sin recibir ningún recibo si la paga en ventanillas y no en el banco. ¡Ay de uno!! Si es parte de un accidente de tránsito, ahí pagan todos los culpables, o sea: el chocado, el chocador, el herido y el muerto.

Y las formas de corrupción más comunes, que conocemos todos y ayudamos a que se concreten, son: solicitud de dádivas, sobornos o favores para evitar multas o infracciones, extorsión para evitar detenciones o consignaciones, uso del cargo para evitar ser multado, detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, amenazas, abuso de la fuerza y llega hasta el abuso sexual. Es increíble, pero cierto.

Pero cuando uno conversa con algún efectivo policial, vemos, que ellos también sufren lo mismo de parte de sus superiores, que es lo que se llama “corrupción administrativa”. Esto sucede en la interrelación de los policías con su institución y entre los niveles administrativos. Las más frecuentes son: cobros por pase de lista, cobros por uso de las patrullas o para estar en determinada área, pago de gasolina, equipamiento y reparaciones a patrullas a cargo de los policías, compra de equipo a sobre precio, malversación de recursos públicos, nepotismo, tráfico de influencias y ni que decir, el favorecimiento para trabajar en: ADUANA, FRONTERAS, MIGRACIÓN, AEROPUERTO, JUZGADOS, LUCHA CON EL NARCOTRÁFICO, etc. Es en este momento, que los “pobres policías” gastan todo lo ahorrado de mala manera, como quien dice “plata fácil se va fácil”

Esta realidad se convierte en una necesidad y a la vez en un clamor de la población para que exista una reforma a la justicia y paralelamente a ello, una transformación de la institución policial. Poder Judicial y Policía institucionalidades ya minadas por la corrupción, y lo que es peor, dependientes entre ellas, ya que una juzga y la otra hace cumplir la sentencia.

Pero la gente aún se pregunta ¿el por qué de esta situación? Y es ahí que vemos que las causas de que ocurriera esta desacreditación alarmante y de que existan jueces, fiscales y policías corruptos, son dos a nuestro entender: la individual, conocida como la teoría de la manzana podrida, y la corrupción institucional.

La perspectiva de la manzana podrida asume que hay agentes con desviaciones de origen en su conducta y, por ello, hay que sacarlos del grupo para que no contagien a los demás. Sucede en el poder judicial como también en la fuerza policial. Y cuando nos referimos a lo institucional, identificamos que:  La avaricia personal es lo que predomina en las actitudes de quienes tienen el mando circunstancial. Lo vemos en el fiscal general, en el presidente de la corte suprema y en el comandante general de la policía.

Estas motivaciones personales e influenciadas por el ego o el deseo por el poder anulan por completo un buen desempeño de los subalternos, quienes esperan al abanderado y el buen ejemplo a seguir. Las malas determinaciones generan siempre la mala selección de los elementos humanos, que ayudada por la inadecuada supervisión y monitoreo del comportamiento, generan el descalabro y el libre albedrío de cada uno de ellos.

La falta de rendición de cuentas de las acciones de la policía, la falta de disciplina o sanciones, son los elementos que contribuyen a la mala conducta y a la corrupción policial, la cual se da por la ausencia total de un capitán general que recae lastimosamente en la figura presidencial, que, al no contar con las personas adecuadas en formación y experiencia, se acude al “BRUTO” para dirigir y comandar a tropas que no cuentan con: una buena instrucción y educación, con un estado físico y alimentación adecuada, con principios y valores, sin conocimiento de las normas y leyes y sobre todo sin atención médica y salario adecuado.

La corrupción institucional actual nos demuestra factores estructurales débiles que el gobierno no sabe cómo enmendar, que seguramente prefiere callar y no ver lo que está sucediendo, por intereses de una mafia organizada al interior del poder judicial y del comando policial, que es de provecho de un supra poder que nace en el territorio denominado “México Chico” a la cabeza de un influyente capo narco, que aún mantiene su alto dominio en determinados jefes policiales, jueces y fiscales.

La mala dirección, la baja visibilidad pública de las acciones policiales, el pacto de silencio, el bajo estatus social debido a los bajos salarios y el contacto frecuente con criminales con recursos significativos que intentarán sobornar o corromper a los agentes judiciales y policiales son causas de esta corrupción que ya no tiene límites.

Se tiene que poner coto: a la corrupción de autoridad; al soborno; al robo oportunista; a la protección de actividades ilegales; al saboteo de las investigaciones; a las actividades criminales de parte de los policías, jueces y fiscales; a las recompensas internas; a la mala práctica de plantar o añadir evidencia

Si logramos enderezar el Poder Judicial y a la Policía para que dejen de ser “Truchos” lograremos que no exista ningún tipo de “Chutos” en las calles y de esa manera los “Brutos” se avergonzarán de sus actos de poder, para convertirse en estadistas y no en delincuentes corruptos.

¡El hombre absurdo es el que no cambia nunca!

Alberto De Oliva Maya