Algunos de los acusados no estuvieron presentes en la audiencia convocada para este martes, en Sacaba. Los imputaron formalmente por las muertes de 2019.
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Finalmente, la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado No. 1 de Sacaba en contra de un grupo de militares, acusado por las muertes de Huayllani de 2019, fue suspendida y reprogramada para el 30 de junio, a las 9:30.
Estos exjefes militares han sido imputados formalmente por los delitos de «genocidio y asesinato», de acuerdo con el dato brindado por Vladimir Pérez, de la Comisión de Abogados de las Víctimas.
Los uniformados llegaron a Cochabamba desde La Paz. En el occidente también enfrentan la causa de Senkata, pues cabe recordar que durante la crisis de 2019 hubo bajas humanas en esa ciudad alteña.
El contralmirante Aldo Bravo y el excomandante de la Armada Orlando Mejía no se hicieron presentes en la audiencia. El juez encargado resolvió, ante el panorama, reprogramar la sesión, con el objetivo de que se resguarde «el derecho a la igualdad de las victimas e imputados».
Quienes sí estuvieron fueron Pablo Arturo Guerra, exjefe de Estado Mayor, e Iván Patricio Inchauste, quien durante el gobierno interino se desempeñó como excomandante del Ejército.
La defensa de las familias de los caídos y heridos entiende que existen elementos probatorios que reforzarían la autoría mediata de los coimputados.
«La imputación formal involucra a todos los imputados. Es por genocidio y asesinato. Han participado como miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes niveles jerárquicos. Tuvieron autoría mediata».
En manos del Ministerio Público está la posibilidad de establecer otros responsables.
Israel Vargas se encuentra bajo detención preventiva, mientras que el resto de los imputados por el caso de Senkata tiene medidas sustitutivas.