Dirigentes estudiantiles contaron que la FUL recauda seis bolivianos por cada matrícula de la Tomás Frías. Además, dan becas y acreditaciones a cambio de votos en las elecciones estudiantiles y de rectores.
Luis Escóbar / La Paz
La Federación Universitaria Local (FUL) de Potosí maneja una parte de la recaudación de las matrículas. Además, para obtener mayor votación en cualquier elección de rector los dirigentes tienen el poder de influir en los estudiantes de base a través de los ayudantes de docencia, becas o acreditaciones, según los representantes estudiantiles.
“La FUL cumple la función de evaluar, avalar y acreditar a todos los bloques de estudiantes que dependen de las carreras. Es decir que acreditan a todos los centros de estudiantes”, dijo a Página Siete uno de los auxiliares de docencia de la Universidad Tomás Frías, que prefirió no dar a conocer su nombre.
El lunes, en plena asamblea explotó un gas lacrimógeno y provocó una avalancha humana que dejó cuatro universitarias muertas y 85 heridos. Por este atentado, la Policía detuvo a cuatro estudiantes, quienes fueron imputados y enviados de forma preventiva a la cárcel. Este hecho reveló la existencia de una pugna por el poder político y económico de la FUL.
Según el auxiliar de docencia, la FUL está encargada de la administración económica de los recursos de los estudiantes, estos fondos provienen de las matrículas. “Seis bolivianos de cada matrícula se va a la FUL y cada año la entidad se encarga de hacer gestión con ese dinero”, dijo. En el caso de la universidad potosina, este monto asciende a unos 144 mil bolivianos anuales de los 24.000 estudiantes.
“Ese dinero se invierte en hacer proyectos, pero como la FUL tiene ocultas sus finanzas, a veces no sabemos en qué gastan. Esa es la razón por la que algunas personas están obsesionadas con llegar a dirigir la FUL. Además, como es autónoma, puede gastar en lo que venga”, agregó el auxiliar de docencia.
El entierro de una de las estudiantes de la universidad. Foto: APG
Según uno de los delegados universitarios, cuando los representantes acaban sus funciones y se detecte alguna irregularidad, se inicia un proceso para hacer auditorías. “La misma universidad hace las auditorías para verificar en qué gastaron. Si no hubo gestión o si sacaron dinero, se retienen los títulos de los integrantes de la FUL. Además, no pueden realizar ningún trámite en la universidad hasta que expliquen dónde está el dinero”, sostuvo.
El delegado reconoció que desde que ingresó a la universidad -en el año 2018- hasta ahora no se llevaron adelante las auditorías. “Cuando entré a la universidad recién se escogió a la FUL y se extendió porque no hubo una convocatoria a las elecciones. Se prorrogaron por los conflictos sociales del año 2019 y la pandemia. Nunca ofrecieron una rendición de cuentas”, dijo.
Un tercer dirigente estudiantil -que prefirió guardar su nombre en reserva- explicó que la FUL maneja el presupuesto, las becas y las becas comedor. “El transfondo es manejar el poder económico. Lo distribuyen a través de las becas a los estudiantes. Así ejercen presión para elegir ayudantes de docencia. Con ellos pueden influir en los estudiantes de base para tener apoyo en cuestión de votos y decidir quién es o no rector”, afirmó.
Dijo que las universidades funcionan a través del cogobierno. “Eso quiere decir que docentes y estudiantes no pueden hacer nada por separado. Por ejemplo, para ser docentes e ir avanzando a director de carrera, rectores necesitan de estudiantes que manipulen masas a la mala. En algunos casos lo hacen con dinamitazos, petardazos o gasificaciones (como la del lunes) para que estudiantes de base se sientan manipulados”, dijo e indicó que por eso los obligan a asistir a las asambleas.
Apuntan a Mendoza de beneficiarse de la tragedia
La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Grass, advirtió que Max Mendoza, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, es uno de los beneficiarios de la explosión de la granada de gas en la Universidad Autónoma Tomás Frías.
“¿A quién le interesa más que no se lleve a cabo el congreso de universidades? Directamente es al señor Mendoza”, declaró la representante cívica.
Mendoza -con más de 50 años de edad- está en el cargo como representante estudiantil pese a que las normas universitarias exigen que el cargo lo ocupe un docente titular con cinco años de antigüedad y que dé cátedra.
El congreso nacional de universidades estaba previsto realizarse entre el 23 y 26 de mayo. “Por estos incidentes nuevamente se suspendió. Eso nos hace presumir que este (atentado) está direccionado desde la cúpula del MAS y sus allegados que no quieren que se instale este congreso, en el que se elegirá a los nuevos secretarios generales del sistema universitario”, dijo Grass, quien llegó a la institución cívica como representante de la universidad potosina.
El congreso debió realizarse hace cuatro años, pero fue suspendido porque un docente de la UPEA falleció en unos enfrentamientos con la Policía. Este evento nacional debía convocarse 30 días después, pero no se consiguió. Grass presume que fue por el accionar de Mendoza desde el cargo que ejerce.
Max Mendoza, en una entrevista que brindó a radio Compañera, aseguró que los propios estudiantes fueron los que llamaron al congreso nacional.
“Los estudiantes pusimos la fecha para el congreso y no los docentes. Se debería reanudar porque son cuatro años que el congreso fue congelado tras una tragedia”, declaró.