El documento concluye que Bolivia no ha establecido las condiciones para proteger la salud humana y el medioambiente de sus efectos y coincide con el plazo para presentar un plan de acción, en cumplimiento con el Convenio de Minamata.
Fuente: El Deber
El mismo día en que la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022, salió la notificación de desvinculación de Brenda Lafuente, de la dirección de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM).
Lafuente ya había puesto su cargo a disposición del Ministerio de Minería y Metalurgia, del que depende, luego de una serie de críticas que se intensificaron en el último mes, entre ellas denuncias de despidos masivos, exigencia de aportes porcentuales, pero además el envío a la cárcel del comunicador institucional de la AJAM y falta de respuestas a las peticiones de informes escritos.
De acuerdo al informe defensorial, comentado por Carmen Capriles, coordinadora general de Reacción Climática; y Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib), el panorama del uso del mercurio en el país es negativo.
También asistieron el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera; Octavio Ramos, de parte de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin); y los presidentes de las federaciones departamentales de este sector.
Entre las conclusiones figura que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio, principalmente por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico.
Estos resultados muestran al país en contrarruta con las obligaciones suscritas mediante Ley N.° 759 de 18 de noviembre de 2015, a través de la cual se ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Según Cruz, otra grave afectación tiene que ver con que el mercurio liberado por las mineras auríferas es un riesgo para la salud cuando ingresa en el organismo de peces, que son consumidos por pueblos indígenas, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara.
De acuerdo a un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI por sus siglas en inglés), apoyado por el colectivo Reacción Climática de Bolivia, existen altos niveles de mercurio en los organismos de estos habitantes.
La investigación defensorial abarcó los municipios Guanay, Sorata, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro, Nueva Esperanza y Villa Nueva de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, donde se registra una intensa actividad minera aurífera.
Cruz observó que existe una resistencia del sector cooperativista a las regulaciones del mercurio, que son necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medioambiente.
El informe contiene recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional; a varios ministerios; a los gobiernos departamentales de La Paz y Beni; y a los gobiernos municipales de San Buenaventura, Puerto Gonzalo Moreno, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro y Nueva Esperanza, para que establezcan acciones para cumplir con el Convenio de Minamata.
EL viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, que sugirió una mesa de trabajo con objetivos reales y participación de los demás actores del Estado.
Capriles aprovechó el espacio para solicitar a la AJAM que revierta las concesiones en las áreas protegidas, especialmente en el Parque Nacional Madidi. En el lugar se han multiplicado las exploraciones, muchas de ellas ilegales y de extranjeros, pero además se registraron agresiones a defensores ambientales y legisladores en su labor de fiscalización.
“El informe defensorial es pertinente, porque en este mes se cumple el plazo para que Bolivia presente el plan de acción en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata”, recordó Campanini, de parte del Cedib.