La fiscal de Cochabamba informó que después de estas imputaciones se preparará la acusación formal
Este martes en el juzgado Primero de Instrucción de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, se tiene programado el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares contra seis militares investigados por el caso Huayllani, uniformados que ya están siendo procesados por el caso ‘Senkata’ en la ciudad de El Alto.
Según la imputación formal presentada por los fiscales asignados al caso, los militares que deben comparecer este martes son, Pablo Guevara (aviador militar), quien ya se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, por el caso ‘Senkata’.
El almirante Aldo Bravo Méndez, también con detención preventiva en el penal de Mocoví (Beni); Moisés Orlando Heredia, funcionario militar en reserva activa, detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro La Paz; el general Iván Patricio Inchauste Rioja (reserva activa), detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro La Paz; el coronel Óscar Armando Caba Hurtado; y el instructor militar Boris Cristian Pastor Paz; todos procesados por el caso ‘Senkata’.
Tras el desarrollo de la audiencia cautelar, la comisión de fiscales presentará la acusación formal, dijo la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales.
Gonzales habló del cumplimiento de los “plazos procesales” para la presentación de la acusación formal. Aunque el activista de DDHH de El Alto, David Inca, recordó que el caso aun debe ventilarse en los tribunales internos de las FFAA.
Mientras tanto, el Ministerio Público viene desarrollando la anotación de bienes de los policías, militares y exautoridades investigados en este caso. Las víctimas mencionaron que el objetivo es garantizar el resarcimiento de daños por los muertos y heridos.
El abogado del general Alfredo Cuéllar explicó que la Fiscalía intenta afectar los bienes de los involucrados, pero por la cancelación de un porcentaje a Derechos Reales la anotación de bienes de algunos procesados habría quedado paralizado.
“Esperemos que de verdad pronto se cierre este caso, no existen los elementos suficientes para afrontar una acusación, es un caso político que no tiene un asidero legal”, dijo Omar Durán.