El Informe Anual 2021 se refiere al estancamiento que se registra en la elección del titular de la Defensoría. Ese reporte indica que Bolivia es el cuarto país de la región con mayor porcentaje de detenidos preventivos.
Por : Pablo Peralta
-
La tercera votación que se realizó en la Asamblea Legislativa para elegir al nuevo Defensor.
Fuente: paginasiete.bo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa que aún no se haya designado al nuevo Defensor del Pueblo, proceso que está estancado desde mayo. Esa institución internacional señala que Bolivia es el cuarto país de la región con mayor porcentaje de detenidos preventivos, por lo que urge al Estado reducir esa cifra.
En su Informe Anual 2021, la CIDH destaca que la Defensoría sea una institución nacional para la promoción de los derechos humanos. “Sin embargo –subraya-, la CIDH nota que aún no se ha designado a la persona titular de la Defensoría del Pueblo, encontrándose la institución actualmente a cargo de la defensora interina”.
El 5 de mayo se efectuó la primera votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elegir al Defensor, pero ningún aspirante, de los siete finalistas, logró los dos tercios, y hasta el Movimiento Al Socialismo (MAS) votó dividido. En la segunda, tercera y cuarta ronda se repitió la tendencia. La sesión se aplazó hasta nuevo aviso.
Pedro Coro, diputado del MAS, manifestó que la ALP cumplió con llevar adelante el proceso, pero culpó a la oposición de que aún no se haga la designación.
“El proceso está en etapa de cuarto intermedio. La ALP ha cumplido con convocar para que se elija al Defensor del Pueblo, pero, lastimosamente, la derecha no ha tenido una capacidad de poder sentarse a dialogar para llevar adelante la designación. La ALP va a esperar que la oposición se ponga la mano al pecho”, dijo.
Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), indicó que el proceso de selección y designación debe comenzar de nuevo.
“Se debe empezar de nuevo… La elección nació estancada, o sea que tiene que seguir estancada. Además de los diputados y senadores, se debe tener condiciones para tener la posibilidad de buscar, porque tiene que haber en Bolivia un Defensor, que además tiene mucha responsabilidad porque debe organizar en los departamentos esa Defensoría”, afirmó.
Detención preventiva
El informe de la CIDH indica que Bolivia es el cuarto país de la región con mayor porcentaje de personas detenidas preventivamente. “En particular, de acuerdo con datos oficiales, la tasa de aplicación de prisión preventiva es de 65%. Por su parte, sociedad civil ha documentado que este porcentaje se acerca al 70%”, señala el reporte.
La CIDH advierte que esas cifras demuestran que la prisión preventiva no estaría siendo utilizada conforme a su naturaleza excepcional, y en ese marco “urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para reducir su empleo y garantizar que sea aplicada de forma excepcional y se encuentre limitada por los principios de presunción de inocencia, legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, racionalidad y necesidad”.
La expresidenta Jeanine Añez está con detención preventiva –por los casos Golpe I y II- desde marzo de 2021, cuando fue aprehendida en Beni y luego trasladada a La Paz. El juicio por el caso Golpe II se reanudará el lunes y se prevé que próximamente se dictará fallo.
Sobre la detención preventiva, el diputado Coro manifestó que de seguro la justicia actúa en función a la norma.
“La justicia boliviana está haciendo su trabajo correspondiente. Nosotros, como asambleístas, no nos metemos en eso. La justicia está trabajando en eso, seguramente, de acuerdo a la competencia de la ley y a la competencia de la normativa que corresponde”, manifestó.
La CIDH en su informe señala que tomó nota de la tramitación de procesos judiciales por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración contra distintas personas, incluyendo algunas que ocuparon cargos públicos en el último trimestre de 2019.
En ese contexto, la comisión resalta “la recurrencia de denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores políticos, en distintas administraciones del gobierno del Estado Plurinacional, mediante la utilización de los tipos penales de sedición y terrorismo, entre otros”.
“La CIDH –se lee en el documento- reitera, como lo hizo en su comunicado, que ciertas leyes nacionales antiterrorismo violan el principio de legalidad por incluir definiciones del terrorismo que, inevitablemente, resultan excesivamente amplias e imprecisas”.
tiene que seguir estancada”.
Fuente: paginasiete.bo