Está pendiente la reglamentación del Decreto Supremo (DS) 4732, que prohíbe cláusulas abusivas en los contratos de venta de inmuebles a futuro o preventa para evitar estafas.
Representantes del empresariado privado, reunidos en la ciudad de Cochabamba | G. BRAVO
El empresariado privado nacional presentó ayer al Gobierno nacional una serie de propuestas y criterios para la reglamentación del Decreto Supremo (DS) 4732, que prohíbe cláusulas abusivas en los contratos de venta de inmuebles a futuro o preventa para evitar estafas. Entre las propuestas se destaca la necesidad de evitar que la aplicación de la norma genere mayores plazos, costos y burocracia.
Las propuestas fueron realizadas al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor durante el desarrollo de la Mesa Nacional para la Reglamentación del DS 4732 en instalaciones de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).
El presidente de esta organización empresarial, Luis Laredo, destacó la articulación del sector público y privado, y señaló que el encuentro permite construir un espacio único de debate, intercambio de criterios técnicos para resolver las problemáticas de consumidores y empresas constructoras.
Añadió que el sector privado busca que las condiciones de regulación para el sector privado no limiten la posibilidad de inversión, sino que se mantenga el justo equilibrio para que nuestras empresas sigan generado fuentes de empleo para todos los bolivianos.
“Apoyamos toda iniciativa que busque ampliar los derechos de los consumidores. Pero también creemos que las sobrerregulaciones no deben ser utilizadas como instrumento de fiscalización al sector privado. Bolivia ya cuenta con mecanismos legales plasmados en el código de comercio”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Luis Bustillos, señaló que el reglamento no debe vulnerar el principio de reserva legal y no debe salir del marco de la Ley 453 de los derechos de usuarios y de consumidores.
“Proponemos que no se generen mayores plazos, costos y burocracias”, dijo.
“Debemos tener cuidado con la vulneración de principio de reserva legal, de tal manera de cuidar la libertad contractual que es la facultad de las partes contratantes para redactar el contenido de conformidad a la propia voluntad de las partes, estos contratos generalmente en su interpretación acuden a la vía civil y comercial”, agregó.
En tanto, Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), mencionó que una de las preocupaciones de este sector es que el alcance del decreto sea a todas las personas naturales, de modo que el propietario de una vivienda tenga que atravesar por una serie de proceso burocráticos en caso de vender su inmueble.
Otra preocupación es el freno a la actividad económica a partir de una posible extensión de los plazos para la aprobación de los trámites que autorizan la ejecución de un proyecto. Según Saavedra, esto afectará a la generación de empleo, ya que este rubro demanda al menos 100 mil empleos directos y casi 300 mil indirectos.
Normativa
Gobierno busca frenar informalidad
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que el Gobierno no tiene el propósito de fiscalizar al empresariado privado formal, sino avanzar en normativas fortalezcan las inversiones y frenen las estafas a la población que busca comprar un inmueble.
Durante el encuentro con el sector privado, la autoridad dijo que las estafas surgen en el sector informal.
“Necesitamos normas claras, normas que nos permitan avanzar en forma conjunta; no normas que nos enfrenten, no normas que nos impidan, no normas que ahuyentan la inversión o castiguen al proveedor”, dijo Silva.