El alcalde de ese municipio adelantó que esa será una de varias demandas de la reunión interinstitucional del martes 14 de junio. También exige sanciones más duras en casos de violación.
Silvana Vincenti, Soledad Prado
Fuente: El Deber
Aunque la hora no está definida, sí el día, las autoridades de Yapacaní anunciaron este domingo que exigirán una auditoría a las acciones judiciales ejecutadas en este municipio norteño desde 2020. El encargado de dar a conocer esta decisión fue el alcalde Juan Carlos Valles, quien -en conferencia de prensa y flanqueado por representantes del legislativo y ejecutivo- dijo que este martes, 14 de junio, se reunirán sectores sociales e instituciones.
Según Valles, ya tienen una lista de exigencias y compromisos relacionados con la problemática del abuso sexual infantil, debido al caso del menor abusado por varias personas en Yapacaní y que, en su momento, no obtuvo ni justicia ni atención médica oportuna.
Sobre el proceso judicial, Valles dijo que son más las incógnitas que las certezas, y que por esa razón se demandará una auditoría a las acciones realizadas desde 2020, cuando ocurrió la primera violación a otro menor que ya está fuera del país por amenazas. Pero además se solicitará una auditoría a los jueces y a los fiscales asignados a ese municipio.
Otro pedido tiene que ver con cambios en los códigos Penal y Procesal Penal. «Solicitaremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se escuche este pedido del municipio de Yapacaní, de que se radicalicen las penalidades«, dijo.
A los policías de la Felcv les advirtió advierto que si algún hecho los involucra, será el primero en demandarlos. «Contribuiremos con nuestro personal para que la familia tenga justicia (…). Esta familia no quedará sola», aseguró.
A nivel interno, el alcalde adelantó que se han visto algunos presupuestos que no van a ejecutarse este año, y que serían destinados a fortalecer la Defensoría de la Niñez y Seguridad Ciudadana.
«Queremos cámaras en unidades educativas para resguardar a la niñez. Solicitaré algunos traspasos presupuestarios y pediré eso al ente legislativo», anunció.
Valles reconoció que solo cuentan con cuatro funcionarios técnicos en la Defensoría de la Niñez, para una población de más de 75.000 habitantes.
Por su parte, el presidente del Concejo, Ramiro Peredo, dijo que lo sucedido en Yapacaní es «la gota que derramó el vaso» y una razón para empezar a realizar cambios profundos en ese municipio, que van desde la normativa nacional y municipal, hasta la administración de la justicia, los valores familiares.
«Muchas veces vemos las detenciones preventivas, las medidas sustitutivas, que en muchos casos solo sirven para extorsionar a las familias y mercantilizar a la justicia, que es pésima», criticó.
Peredo además recordó que hace poco se hizo una revisión a los casos de violencia a las mujeres, pero ese mismo control debería darse a escala municipal y departamental. «En nuestro municipio no sabemos cuáles son los casos que se están ventilando en el Ministerio Público, cuáles son los resultados, y qué problemas hay, no conocemos eso», dijo.
Cuestionó que hasta el alcalde, en su accionar como ejecutivo, tenga una instancia de control, que es el Órgano Legislativo, Control Social y los civiles, y que sin embargo en el tema de la justicia, no exista esa figura. «Y si existe, no lo conocemos y como sociedad civil no participamos», apuntó.