La rector Vicente Cuéllar entregó a la CAO un estudio que establece la posición de esa universidad respecto al uso en Bolivia de organismos genéticamente modificados.
Fuente: El Deber
La producción de maíz de Bolivia pierde aproximadamente $us 400 millones anuales al aumentar sus costos empleando más pesticidas para sus cultivos y al obtener un menor rendimiento por hectárea (ha), un impacto negativo que se eliminaría con el uso de biotecnología.
Este es uno de los principales resultados de un estudio realizado por las facultades de Ciencias Agrícolas y de Ciencias Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Gabriela René Moreno (UAGRM), un documento que fija la posición de esa casa superior de estudios sobre el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en los cultivos de Bolivia, en general, y en los de maíz, en particular, un sector en el que se han presentado “serios problemas en los últimos meses”.
“El estudio hace un énfasis del impacto económico del no uso de biotecnología en maíz”, afirmó José Luis Llanos, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, quien precisó que el no disponer de herramientas biotecnológicas implica mayores costos en insecticidas y mejores rendimientos.
“El rendimiento medio del maíz en Santa Cruz está alrededor de 3 toneladas por hectárea y fácilmente podemos llegar a un promedio de 6 toneladas por hectárea usando maíz genéticamente modificado”, remarcó.
Los datos se obtuvieron comparando los rendimientos promedio que deja el maíz transgénico en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “En Estados Unidos y Uruguay, el rendimiento está en 8 o 9 toneladas por hectárea. Entonces, estamos ocasionando pérdidas a los productores maiceros mediante dos vías”, sostuvo Llanos.
El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, remarcó que el estudio establece la posición esa casa de estudios superiores sobre el empleo de transgénicos en Bolivia, “sin ningún color político, solo apoyándose en la investigación y en la ciencia”.
Esta investigación “trata de desvirtuar ese estigma que se ha creado en la sociedad y en algunos quienes coyunturalmente están dirigiendo el país sobre el uso de productos genéticamente modificados”, indicó el rector, tras entregar el documento a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
“El ente colegiado hace énfasis en que la biotecnología no es solamente necesaria, sino vital para proyectar la producción boliviana no solo en el mercado interno, sino al mundo”, destacó Óscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, quien subrayó además que la investigación permitirá dar al sector agrícola nacional el “salto cualitativo” que necesita.
Llanos indicó que en materia normativa el estudio identifica también la necesidad de realizar un ajuste al reglamento de 2006 que permite la incorporación de eventos (procesos que dan lugar a la planta transgénica) a la producción nacional.
“Estamos planteando que, de manera inmediata, se haga un ajuste al reglamento que nos permita tener la evaluación de la demanda de nuevos eventos en no menos de dos años. Si aplicamos el reglamento del 2006, vamos a tener, en el mejor de los casos, un nuevo evento de aquí a cinco años”, ejemplificó.
Llanos ratificó que la Universidad Gabriel René Moreno trabajará en la propuesta para el ajuste al reglamento de OGM y en un proyecto de ley de biotecnología.
El estudio de la UGRM se difunde en un momento en el que sectores productivos piden al Gobierno autorizar el uso de biotecnología en otros cultivos, para enfrentar las crecientes pérdidas por efectos climáticos y el empobrecimiento de los suelos, y para no expandir la frontera agropecuaria con desmontes.
El artículo 409 de la Constitución Política del Estado establece que la producción importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley.
“El artículo 409 de la Constitución dice que los transgénicos en Bolivia no están prohibidos, eso tiene que ser regulado por ley y eso es lo que vamos a trabajar de manera coordinada en un proyecto de ley”, sostuvo el Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas.
Otra propuesta a elaborar será la captura de valor, la forma en la que el dinero retorne a las instituciones o empresas que han generado los eventos, para que sigan realizando investigación.
“Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene una ley de biotecnología y creo que este es el momento adecuado para hacer eso”, dijo Llanos.