Cívicos de Tarija cierran filas en defensa de regalías del campo Margarita y se declaran en alerta

Cívicos dieron un plazo de 72 horas a las autoridades nacionales para que se constituyan en la capital tarijeña

Fuente: El Deber

Tras una reunión departamental, el movimiento cívico de Tarija salió fortalecido y cerraron filas en la defensa de las regalías petroleras que genera el campo Margarita debido a una Acción Popular presentada por el asambleísta Ricardo Zárate, de Chuquisaca.



Asimismo, se declararon en estado de emergencia hasta que se revierta ese recurso jurídico que busca «congelar» el pago por considerar que no es procedente y vulnera las leyes vigentes, como la Constitución Política del Estado (CPE).

El movimiento cívico también determinó incorporar a especialistas en la Comisión Jurídica de la Gobernación tarijeña, que prepara las acciones legales a ser presentadas en la justicia ordinaria.

Por otro lado, emplazaron al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, y al presidente interino de YPFB, Armin Dorgathen, a reunirse con las instituciones cívicas para explicar sobre el campo Margarita y los planes de hidrocarburos.

«Se les da 72 horas a las autoridades para que se constituyan en la capital tarijeña», afirmó el director del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira.

Según el dirigente, se hace la convocatoria para abordar no solo la suspensión del factor de distribución del campo Margarita y del proyecto exploratorio de Astillero, sino también del plan hidrocarburífero.

A la reunión departamental de este miércoles asistieron dirigentes de los Comités Cívicos de las provincias y el gobernador Óscar Montes que dio un amplio informe sobre las actuaciones de la Gobernación ante la Acción Popular admitida por una Sala Constitucional de Sucre que dirimirá en una audiencia cautelar el 26 de este mes.

El secretario de Desarrollo Productivo, Medio Ambiente e Hidrocarburos de la Gobernación, Efraín Rivera, dijo que se ha contratado a un experto constitucionalista y junto a un equipo jurídico preparan las acciones legales a ser presentadas.

«Queremos que el juez revierta esta decisión porque no se puede cautelar y dañar los intereses del colectivo de Tarija, ya que las regalías del campo Margarita – Huacaya se destinan a proyectos en educación, salud y desarrollo productivo», expresó.

El analista y economista, Gabriel Gaite, consideró que existen ilegalidades en la Acción Popular y la decisión jurídica de suspender temporalmente la aplicación del factor de distribución en esta área petrolera, además de un desconocimiento sobre el manejo en este rubro.

A su criterio, un juez no puede afectar los intereses de una institución subnacional porque la Constitución Política del Estado establece que un gobierno departamental tiene el ingreso por regalías y debe utilizarlos en proyectos y programas.